Se reúnen autoridades agrarias con campesinos de Santa María sobre el conflicto de una minas

  *Acuerdan que cada una de las partes entregarán los documentos acerca de este asunto y los enviarán a la Procuraduría Agraria para que lleven a cabo un análisis

Campesinos del ejido de Santa María, perteneciente al municipio de La Unión, se reunieron en privado ayer en Zihuatanejo con autoridades agrarias para dirimir un conflicto que sostienen desde 2001 por el derecho a explotar las minas de piedra caliza que hay en el ejido.

En ese ejido se integraron dos grupos, luego de que el presunto actual comisariado ejidal, Benito González Álvarez, dejara fuera del Registro Agrario Nacional (RAN) a más de 50 campesinos encabezados por Maximiliano Andrade Álvarez para acreditar como ejidatarios a personas ajenas del ejido, que viven fuera de La Unión.

Por este conflicto, cuyo objetivo de ambos grupos es tener el poder para explotar y comercializar la piedra caliza con la empresa Siderúrgica Lázaro Cardenas las Truchas, SA, (Sicartsa) hubo enfrentamientos, el más reciente ocurrido el 26 de junio pasado.

Ese día, se esperaba que los ejidatarios aprobaran la reanudación de los trabajos de extracción de piedra caliza por parte de la empresa Sicartsa, y que autorizaran que González Álvarez y la mesa directiva del ejido firmaran un convenio con dicha empresa.

Debido a que los inconformes colocaron dos retenes –armados con piedras y garrotes, así como garrafas de gasolina– a la entrada del poblado El Naranjillo, donde le negaron el acceso al actuario del TUA y rompieron el medallón de la camioneta en la que viajaba el presunto comisariado ejidal Benito González, la reunión se efectuó en la cabecera municipal de La Unión.

Ayer, en el salón de usos múltiples del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo se reunieron para dar solución a este conflcito, ahí acudieron Benito González Álvarez y Martín González, en representación de los ejidatarios que fueron excluidos del padrón original ante el RAN.

El encuentro se efectuó a puerta cerrada por casi tres horas, tras las cuales convinieron que ambas partes entregará la documentación que tienen cada cual en su poder “en relación a los actos y antecedentes de las convocatorias y actas de asambleas, en las cuales han acordado aceptar y separar a ejidatarios”, así como los padrones existentes.

Los papeles correspondientes se enviarán a los representantes de oficinas centrales de la Procuraduría Agraria, “con el propósito de hacer un análisis respectivo de cada documentación y rendir un informe en una próxima reunión” convocada para el próximo 7 de enero de 2005 en el mismo lugar.

Trascendió que esta medida permitirá actualizar un padrón, concertado por ambas partes, que sirva de base para cualquier acto en materia agraria para el ejido.

Entre los que asistieron al acto están el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jesús Alemán del Carmen; el subdelegado de Gobierno en la Costa Grande, Simón Silva Cortés; el representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, Jorge Juárez Priego y el delegado estatal de la Procuraduría Agraria en el estado, Fernando Jaimes Ferrel.