Falta interés en el Congreso en la ley contra la desaparición, dice la Red Guerrerense

Piden seis organizaciones a los tres candidatos a que que incluyan este tema en su agenda política  

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Cerechos Humanos criticaron la falta de interés del Congreso local para emitir el dictamen sobre la iniciativa de ley especial para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en la entidad.

Con motivo del 56 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en conferencia de prensa informaron que durante estos cinco años del gobierno de René Juárez Cisneros se registraron 17 casos por desaparición forzada de personas y 20 denuncias por el delito de privación ilegal de la libertad, que aún no han sido investigadas, donde “en todos los casos” están involucrados corporaciones policiacas del estado.

Estas denuncias también han sido documentadas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), instancia que ha emitido recomendaciones sobre algunos casos, sin embargo esta administración “no las ha cumplido”, aseveró el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Dijo que el gobernador no pudo erradicar la impunidad porque se mantiene la misma estructura en el sistema de impartición y procuración de justicia que ha sido responsable de los abusos en Guerrero, de esta forma el programa Nula Impunidad sólo fue la muestra de “la falta de acción de un gobierno”.

Barrera Hernández afirmó que “nunca” hubo voluntad por resarcir el daño a los indígenas esterilizados de manera forzosa de la comunidad de El Camalote; tampoco se hizo nada por las mujeres indígenas que fueron violadas por soldados en Ayutla; y tampoco por detener a la totalidad de los comandantes de la policía judicial que se demostró que participaron en la desaparición forzada de personas, y hasta el momento la mayoría continúan libres.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales que integran la Red Guerrerense de Defensa de los Derechos Humanos, entre ellos La Voz de los Sin Voz, que encabeza Hilda Navarrete; del José María Morelos y Pavón, Manolo Olivares; de Sembrador de la Esperanza, Delfino Serrano; del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo; del Mahatma Gandhi, Francisco Díaz, y Abel Barrera, de Tlachinollan, llamaron a los tres candidatos a la gubernatura para que asuman un compromiso claro a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, castigo a los responsables de estas vejaciones y que incluyan en su agenda política este tema.

El abuso de poder, el manejo discrecional de las leyes y manejo faccioso en la procuración de justicia, el uso de la tortura y la desaparición forzada como método de investigación de los delitos podrán ser extirpados si los candidatos asumen el compromiso de crear un programa estatal de derechos humanos, indicaron en un boletín de prensa.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional pidió a los presidentes de la Comisión de Gobierno y de Justicia del Congreso local, que se fije una fecha para elaborar el dictamen del proyecto de ley sobre la desaparición forzada de personas, la cual ha sido promovida desde el año pasado por organismos civiles, y los representantes de la Red Guerrerense demandaron lo mismo.

El abogado de Tlachinollan, Mario Patrón, señaló que el Congreso del Estado ha incumplido todos los compromisos que ha refrendado en las pasadas reuniones con el representante de la ONU, como Anders Kompas y Rupert Knox de Amnistía, en el sentido de llevar al pleno el dictamen sobre esta iniciativa de ley en este año.

Esto se debe, reconoció Patrón, a que los diputados locales están inmersos en la dinámica del proceso electoral, en lugar de legislar y sacar el trabajo pendiente que se tiene en las diferentes comisiones.

Antes ofrecieron un diagnóstico de la situación actual que se vive en Guerrero en materia de violaciones a los derechos humanos, donde señalaron que las ejecuciones recientes en el municipio de Coyuca de Benítez, así como el patrón de ajusticiamiento que se han dado en varias regiones, “es una señal funesta” de que la violencia sigue imponiendo sus leyes, ante la incapacidad de las autoridades.

La militarización fue calificada como la respuesta de los gobiernos estatal y federal para erradicar delitos provocados por la mala aplicación de políticas públicas que sólo han generado desempleo, en referencia al desmantelamiento del campo guerrerense y el cultivo de estupefacientes.

Afirmaron que la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales que garanticen un nivel de vida digno y adecuado “está lejos” en Guerrero.

Explicaron que “la tasa de mortalidad materna en Guerrero es seis veces más alta que la media nacional, es decir, 283 muertes maternas por cada 100 mil niños que nacen”.

La educación sigue siendo uno de los puntos rojos que las autoridades estatales no han atendido de manera directa, y refirieron como muestra el deterioro de la infraestructura educativa, falta de maestros y material didáctico en las aulas.

El desempleo y el desinterés del gobierno para estimular la producción de alimentos básicos ha desmantelado la economía campesina e indígena, acelerando el proceso de expulsión de familias a los campos agrícolas del norte y extranjero, “y a los jóvenes los ha colocado en el dilema de estudiar o aventurarse a cruzar la frontera para ganar algunos pesos, ante el inminente riesgo de perder la vida”.

El diagnóstico de la Red Guerrerense afirma que durante esta coyuntura electoral resaltaran el vacío que existe en los planteamientos de los candidatos a gobernador en materia de derechos humanos.