Prepara Comisión Instructora fallo sobre el juicio político contra López Rosas y Almonte

*Existe ya un predictamen sobre la denuncia por su actuación en la represión a normalistas de Ayotzinapa, informó el presidente de esa instancia del Congreso local, el priista Omar Flores Majul

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Omar Flores Majul, informó que ya hay un predictamen en el caso de la solicitud de juicio político en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y del ex procurador Alberto López Rosas por el asesinato extrajudicial de?Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús,?estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido el 12 de diciembre de 2011.
El lunes tres de los cinco integrantes de la Comisión Instructora se reunieron en el Congreso para abordar varios temas pendientes, entre ellos el caso Ayotzinapa y la solicitud de revocación de mandato al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien se responsabiliza del asesinato del dirigente social y perredista Arturo Hernández Cardona.
En la reunión cerrada estuvieron el presidente de la comisión y los vocales Bernardo Ortega Jiménez y Arturo Álvarez Angli, y faltaron la perredista Luisa Ayala Mondragón y del MC Emilio Ortega Antonio.
Ayer se consultó vía telefónica al priista Omar Flores Majul, quien informó que en la reunión se informó que ya hay un predictamen en el caso del juicio político, pero no quiso dar a conocer el sentido en el que va.
El juicio político que el Congreso local inició contra dos perredistas y ex funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero se realizó a partir de la recomendación 1VG/2012 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 28 de marzo de 2012, en la que plantea pagar una indemnización y ofrecer una disculpa pública a los agraviados, así como el juicio político.
El organismo de derechos humanos recomendó presentar ante la Procuraduría General de la República (PGR) demandas penales contra los servidores públicos involucrados, y al gobernador Ángel Aguirre Rivero le pidió abrir una denuncia de juicio político ante el Congreso del estado contra los funcionarios que intervinieron en los hechos.
La CNDH se refirió al ex secretario de Seguridad Pública y al ex subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja y Ramón Miguel Arreola, respectivamente, y al Poder Legislativo le pidió facilitar el juicio político contra el entonces procurador Alberto López Rosas.
Pero fue hasta octubre de 2012 cuando el Congreso local dio entrada a la solicitud de juicio político contra los ex funcionarios con vida política activa en las filas del PRD.
El diputado priista informó que la próxima semana se reunirá nuevamente la Comisión Instructora exclusivamente para abordar las conclusiones del caso del juicio político relacionado con la represión policiaca a los normalistas de Ayotzinapa.
Informó que ya hay un predictamen que se someterá a discusión y votación y en su caso firma de los diputados integrantes de la comisión.
El presidente de la Comisión Instructora dijo que solicitará que la reunión en la que se discutirá y votará la propuesta de dictamen y en su caso se firmará, sea abierta “porque es un tema de interés público y puedan ver la investigación que se hizo durante más de dos años”.
Entre las comparecencias que se realizaron en el proceso de juicio político estuvo la del miércoles 5 de diciembre de 2013, donde López Rosas compareció ante la Comisión Instructora y solicitó al Congreso local desechar el juicio político en su contra, hasta que las investigaciones estatales y federales concluyan.
En esa ocasión López Rosas aprovechó para defender a la Po-licía Ministerial, corporación que durante los hechos estaba bajo su mando y a la que pertenecen los únicos detenidos por el doble homicidio, los ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores que ya fueron liberados.
Después, el??10 de diciembre del año pasado también acudieron los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acompañados por los padres de los estudiantes asesinados y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
También Almonte pidió a la Comisión Instructora declarar que no procede la acusación en su contra y se considerara caducado el procedimiento de juicio político.
En la reunión del lunes también se habló de tres juicios políticos presentado por ciudadanos de Taxco por usurpación de profesiones, además del caso de Igualapa, por un juicio político contra el alcalde perredista Omar González Álvarez.