Se reúnen el gobernador y el jefe de la zona militar con el corresponsal de Proceso

*Por separado, Aguirre ofrece a Ezequiel Flores medidas cautelares, que el periodista rechaza. El general Cordero le informa que el MP militar buscaba citarlo como testigo por un caso. “Es improcedente”, dice Iñaky Blanco

El gobernador Ángel Aguirre Rivero convocó al corresponsal de l semanario Proceso Ezequiel Con-treras a una reunión y le ofreció el respaldo para sancionar a los responsables por el robo de diversos artículos personales de su departamento, y a brindarle las medidas cautelares de protección necesarias, que rechazó el periodista.
Flores Contreras también se reunió aparte con el comandante de la Novena Región Militar, Martín Cordero Luqueño, quien admitió que soldados adscritos como agentes del MP lo buscaron en su casa para entregarle un citatorio para que compareciera “en calidad de testigo” en un caso relacionado con una averiguación previa integrada por la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
Las reuniones ocurren un día después de que Flores informó que el asesor del gobernador del estado, Ernesto Aguirre le informó que el Ejército lo buscaba para consultarle acerca de una solicitud que hizo al Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-tección de Datos (IFAI), pero el reportro aclaró que él no había hecho tal requerimiento, y por eso consideró que era hostigado por militares.
En las instalaciones de la Pro-motora Turística (Protur) Aguirre se reunió con el reportero que estuvo acompañado por el secretario general de la sección 17 del SNRP, Eric Chavelas Hernández, el reportero de Chilpancingo Carlos Navarrete y el fotógrafo Pedro Pardo. También estuvieron el procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
De acuerdo con un boletín de prensa oficial, el gobernador condenó el allanamiento a la casa del reportero e instruyó al procurador a que realice las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables.
También se indica que “respecto al citatorio de comparecencia que le hiciera un agente del Ministerio Pú-blico (MP) Militar, el fiscal estatal aclaró que esta es improcedente”.
Flores Contreras rechazó el resguardo policiaco porque argumentó que desconfía en las corporaciones, pero pidió que los gobiernos federal y estatal elaboren un esquema de protección basado en un análisis de riesgos para garantizar la integridad y seguridad en el ejercicio de su labor periodística y durante el proceso de búsqueda de justicia, informó la agencia Proceso.
En la reunión con el general Cordero Luqueño en las instalaciones de la Novena Región Militar en cumbres de Llano Largo estuvo Ernesto o Aguirre, y cuatro oficiales del Ejército que realizan funciones de agentes del MP Militar.
El general le informó que en días pasados la PGJM integró una averiguación previa en contra de una persona identificada como “Ezequiel Flores Contreras”, a partir de una denuncia interpuesta por “una persona de la cual no especificó sus generales” y sólo se limitó a decir que las autoridades castrenses emitieron un citatorio en contra del periodista para que acudiera a comparecer ante la Procuraduría castrense, “en calidad de testigo”, y deslindar responsabilidades.
Agregó que un grupo de agentes del MP Militar se enfocaron en tratar de localizar el domicilio de Flores Contreras para entregarle el citatorio, pero que el reportero no fue localizado y sólo se dio aviso a vecinos del fraccionamiento.
Dijo que en las investigaciones que realiza el Ejército se determinó que la persona que buscan los militares no es el corresponsal de la revista Proceso sino “un homónimo”, y rechazó que personal militar esté relacionado con el allanamiento de la morada y el robo de pertenencias del reportero.
El corresponsal solicitó al general Cordero que esta explicación la remitiera por escrito al Juzgado Séptimo de Distrito, donde se desahoga un juicio de amparo que solicitó en días pasados y el comandante dijo que la autoridad competente para realizar el deslinde legal es la Procuraduría General de Justicia Militar, debido a que ellos emitieron el citatorio en contra del periodista y en esa instancia se encuentra radicada la averiguación previa correspondiente. (Re-dacción con información de Agencia Proceso / Chilpancingo).