Reubicará Invisur a 20 de 40 familias que habitan una zona de riesgo en El Quemado

Los que se negaron serán retirados con ayuda de la fuerza pública, advierte el delegado del Instituto Alejandro López Salgado. Los habitantes adquirirán un lote que les costará 12 mil 500 pesos, informa

Karina Contreras

El delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, informó que acordó con 20 de las 40 familias que ocupan de manera irregular un talud de la zona restringida de la unidad habitacional El Quemado, para que este sábado sean reubicadas en predios que costarán 12 mil 500 pesos cada uno.

Debido a los conflictos entre algunos colonos y esa dependencia, López Salgado pidió el apoyo de la fuerza pública del municipio y del estado para llevar a cabo su trabajo.

Dijo que de acuerdo con los convenios signados con el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Larequi Radilla, el sábado comenzará la reubicación de estas familias, pero se negó a indicar qué lugar sería .

Señaló que esto fue convenido con los colonos, quienes por varios años vivieron en un zona de alto riesgo “a donde fueron llevados por gente sin escrúpulos que les dio posesión, poniéndolas en peligro”.

Explicó que estás personas habitan en un talud que sirve de contención al relleno sobre el cual se edificó la unidad habitacional El Quemado, la cual es una zona federal y de restricción.

Aclaró que donde habitarán será un predio de una hectárea, en una reserva territorial que tiene esa dependencia y que acaba de lotificar.

López Salgado manifestó que los predios serán de 120 metros cuadrados y tendrán un costo de 12 mil 500 pesos, con un enganche de 500 pesos y pagos mensuales de 300 pesos.

Agregó que se cuidará que ni estas familias ni otras regresen a ocupar esos predios en zona de alto riesgo, y para lo cual el Ayuntamiento se ha comprometido a tener una guardia permanente.

Sobre las otras 20 familias que se rehúsan a dejarlos, el delegado dijo que es porque son mal aconsejadas por dirigentes como Rosaura Rodríguez, porque pierden el control político, de movilización y sus cuotas semanales.

Adelantó que una vez finalizada la labor de convencimiento, el Ayuntamiento comenzará con un procedimiento legal para pedir las órdenes de desalojo al Ministerio Público y puedan retirar a las personas que no aceptaron la reubicación de esa área.