Empresarios del norte se quejan de un embargo ordenado por la Junta de Azueta

Mónica Martínez García

Empresarios de San Luis Potosí y Chihuahua acusaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo (JLCAZ) de cometer actos de corrupción, lo cual ha entorpecido su inversión en el estado.

El representante legal de Acarreos Maquinaria y Construcción S.A. de C.V, Guillermo Ortega Garza, indicó que es falsa la seguridad jurídica que el gobernador René Juárez Cisneros dice ofrecer a los empresarios, pues la corrupción impera en las dependencias como la JLCAZ, en donde en un juicio “me fue arrancada ilegalmente la maquinaria que yo renté a otra empresa para que trabajara en el poblado El Veladero”.

En una visita a la redacción de El Sur, el abogado Sergio Morales Carmona explicó que Acarreos Maquinaria y Construcción S.A. de C.V, de San Luis Potosí, le rentó un triturador primario y secundario, con generador de energía eléctrica, a la empresa Exploraciones y Triturados del Pacífico, cuyo dueño es Martín Gerardo Macías, por 180 mil pesos mensuales, la cual fue embargada de forma “ilegal” por la citada Junta.

Esto –aclaró– en un juicio “amañado” conocido como embargo precautorio, que después se convirtió en un embargo definitivo.

Tras presentar varios recursos y ganar, dijo que ahora la Junta pretende entregar bienes que corresponden a un señor llamado Javier Cadena Almanza, cuando éstos no son los que rentó a Exploraciones.

Morales Carmona precisó que el costo de la maquinaria es de 650 mil dólares, y que derivado de ello la empresa Explotaciones no ha cubierto la rentas desde marzo de 1999, lo que ha generado 12 millones 420 mil pesos de adeudo.

El abogado lamentó que una empresa como la que el representa, que vino a crear fuentes de empleo en el estado, fuera “asaltada y robada con argucias legales, con la complacencia del gobierno del estado, el cual no hace nada para brindar seguridad a los inversionistas”.

Acusó: “Este tipo de gobiernos priístas sólo dan buena cara en periodo de elecciones, para ganar votos, pero la gente no cree en sistemas que se caracterizan por tener esa careta”.

Esto porque –aseguró– a la empresa que representa, con domicilio en Santa Elena, Chihuahua, se le invitó a ejecutar nuevos trabajos de revestimiento de la carretera Zihuatanejo-Acapulco, pero se negó porque   “no desea tener los mismos problemas”.

Asimismo, entregó los documentos con los que comprueba los procedimientos legales antes descritos, como son el expediente 65/99 de la JLCAZ, así como el expediente número 474/1999 del Juzgado Segundo de Distrito en el estado.