Han pospuesto cinco veces la entrega de casas en El Mirador a damnificados de la capital; ahora calculan dos meses más

*Según la Sedatu, las viviendas se entregarán cuando estén terminadas las mil 100 proyectadas en el fraccionamiento. La construcción ha enfrentado conflictos por límites de terrenos y acoso de grupos criminales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ante el retraso en la construcción de las casas que para las familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó ayer que éstas se entregarán cuando estén construidas las mil 100 proyectadas en el fraccionamiento El Mirador, y previó que esto será aproximadamente en dos meses. Ésta es la quinta vez que se aplaza la entrega de viviendas desde junio.
Hasta ayer, de las mil 100 casas que serán construidas en este predio sólo había 80 instaladas, y el representante de la constructora Casaflex que se encarga de la obra, Carlos García, informó que a mediados de noviembre entregarán el 30 por ciento, a mediados de diciembre el 50 por ciento y a mediados de enero el 100 por ciento de las mil 100.
La directora de Comunicación Social de la Sedatu, Guadalupe Moreno, informó que la dependencia entregará las casas a las familias damnificadas hasta que se terminen de construir todas, porque se pretenden evitar riesgo de accidentes entre quienes pudieran habitarlas primero por los trabajos que continuarían.
Funcionarios de la dependencia informaron que la entrega de las casas a las familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid se hará mediante un sorteo entre las familias que sufrieron daño total en sus viviendas y entre las que viven en zonas de alto riesgo, incluidas las que se encuentran en el albergue.
En mayo, el presidente municipal Mario Moreno Arcos y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón coincidieron en que el primer paquete de casas sería entregado el 15 de junio, y en un recorrido por el terreno, el presidente municipal adelantó la posibilidad de que la empresa Casaflex que se encarga de la construcción y que tiene su sede en Hidalgo, instale una fábrica provisional en el terreno donde se construyen las casas.
Pero el 18 de junio, el presidente de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el río Hucapa y sus Afluentes, Gumaro Guerrero, informó que en una reunión el delegado de la Sedatu les informó que se aplazaría la entrega de las casas porque las diseñarán más grandes que la casa muestra que ya para entonces se exhibía en el terreno. El funcionario federal se comprometió a que el 15 de julio serían entregadas las primeras 450 viviendas.
El 10 de agosto, el delegado de la Sedatu, Vicario Castrejón recorrió con los afectados el fraccionamiento El Mirador y entonces volvió a cambiar el plazo de la entrega de las primeras casas. Entonces se comprometió a que el 30 de ese mismo mes entregarían las primeras 46 viviendas prefabricadas ya con los servicios de agua, drenaje y luz eléctrica.
Posteriormente la misma delegación aplazó la entrega de las primeras viviendas para el 14 de septiembre, cuando se cumple un año de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Sin embargo, el 9 de septiembre las familias damnificadas que se encuentran en el albergue de la Unidad Deportiva de Chilpancingo informaron que en una reunión el 26 de agosto el delegado de la Sedatu, Vicario Castrejón, les volvió a cambiar la fecha para dentro de dos o tres meses.
Esta vez les ofreció viviendas del Infonavit en Acapulco, y a los que no acepten esa alternativa la Sedatu les pagará la renta de de viviendas hasta que reciban sus casas. La propuesta fue rechazada por las 42 familias que acordaron esperar el tiempo necesario para salir juntas del albergue.

La inseguridad complica
los trabajos de construcción

El 16 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde, hombres armados y encapuchados, con botas tipo militar, chalecos tácticos y empuñando armas largas y pistolas, irrumpieron en el terreno El Mirador, donde se construyen las viviendas para las familias damnificadas. Allí buscaron al encargado de la obra pero no lo encontraron.
Los hombres armados les quitaron sus pertenencias a los 15 trabajadores que se encontraban a esa hora y a dos familias de damnificados que visitaban el terreno para ver los avances de la obra.
Un día antes, el secretario de la Sedatu, Jorge Carlos Marín había informado el pago de “sobre costos” en los trabajos de reconstrucción por la inseguridad.
El 15 de agosto, después de que le festejaron su cumpleaños en la colonia El Amate, en una zona dañada por las lluvias del año pasado, Ramírez Marín informó que la inseguridad no sólo se ha registrado en Tierra Caliente, sino que inclusive en otros lugares se está pagando “sobre costos” en los trabajos de reconstrucción.
El 1 de septiembre, el Ejército entró a reforzar la construcción de las casas con camiones. En un principio se dijo que la presencia militar era para reforzar la seguridad, sin embargo los efectivos militares intervinieron en los trabajos de construcción.
El representante de la constructora Casaflex argumentó que el retraso de la instalación de las casas obedeció a que esperaron hasta que estuviera el proyecto ejecutivo completo “y en realidad apenas comenzamos a trabajar”. Dijo, vía telefónica, que las lluvias han retrasado los trabajos, “igual que algo de la inseguridad”, sin abundar en este sentido.
Sin embargo, ni la dependencia federal ni la empresa constructora reconocen que el retraso en los trabajos se debió un conflicto de deslinde del terreno de 19 hectáreas en el que se comenzaron a construir las casas desde inicios de junio.
Los trabajos, según fuentes del ayuntamiento, se tuvieron que suspender a mediados de junio y hasta a mediados de julio, debido a que el propietario de un terreno aledaño promovió un amparo para suspender los trabajos hasta que se realizara un apeo y deslinde del predio, pues argumentaba que se estaba utilizando parte de su terreno.
Sin embargo, ayer un funcionario de la Sedatu que acompañaba a Guadalupe Moreno aseguró que la dependencia ya pagó parte del terreno a un solo particular, pero omitió divulgar el nombre del vendedor por la inseguridad, “imagínese si le doy su nombre”, y aseguró que no existe ningún litigio ni conflicto en donde se construyen las casas.

Inconformidad de damnificados por el incumplimiento de la entrega

Pero el retraso en la entrega de las viviendas ha provocado la inconformidad de las familias damnificadas debido a que hasta en cinco ocasiones en menos de cuatro meses han sido engañados. Además, existe incertidumbre con respecto a cuales familias serán beneficiarias de las viviendas.
Ayer, Guadalupe Moreno informó que de las mil 100 casas que se construyen en el fraccionamiento El Mirador, 294 serán para las familias de Chilpancingo que perdieron sus casas durante las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en septiembre del año pasado.
Agregó que el resto de las casas, es decir 806, serán entregadas a familias que viven en zonas de alto riesgo y que se han ubicado en 53 barrancas de la capital, mismas que serán reubicadas en esta unidad habitacional.
El mecanismo de distribución de las viviendas, informó la funcionaria, será mediante un sorteo para no privilegiar a nadie.
Las viviendas que se construyen tienen una superficie de 49 metros cuadrados, cuentan con dos recamaras y un sala de estar. Cada vivienda está planeada para cuatro o seis habitantes y carecen de espacio para ampliaciones, pues están distribuidas en esquemas de vivienda cuádruple o séxtuple.
El representante de la constructora explicó que las viviendas se arman con módulos de concreto de una sola pieza, monolíticos, “de alta resistencia y auto compactable”.
Al respecto, lo que han criticado las familias damnificadas es que se trata de casas armadas y que no garantizan seguridad en cuanto a resistencia, a diferencia de si hubieran sido construidas en el mismo terreno.
Según la funcionaria, el terreno donde se levantan cuenta con estudios de sustentabilidad y medio ambiente y el fraccionamiento contará con todos los servicios, incluido el de transporte público, escuela primaria, locales comerciales, áreas deportivas y una clínica.
El transporte público será otorgado por el ayuntamiento, a través de 45 concesiones para el servicio de camionetas de pasajeros.