A un año de las inundaciones siguen sin castigo los funcionarios responsables

*No se ha concretado el repetido compromiso de Peña Nieto y Aguire Rivero. La investigación de los permisos en zonas de humedales no ha arrojado resultados y no hay acusaciones para nadie. Sólo 15 de 27 funcionarios de Acapulco se han presentado a declarar en el Ministerio Público

Yee Trujillo

Acapulco / Primera parte

A un año de las inundaciones en miles de viviendas de la zona Diamante de Acapulco por la tormenta Manuel, y a pesar de las repetidas advertencias del presidente Enrique Peña Nieto, del gobernador Ángel Aguirre Rivero y de la supuesta investigación, no se ha hecho nada para castigar a quienes autorizaron la construcción de viviendas en una zona de humedales.
Hasta ayer sólo 15 de 27 funcionarios se habían presentado a declarar en el Ministerio Público por una denuncia de hechos que no precisa agraviados, inculpados ni delito cometido, pero exhibe que las viviendas de más de tres mil personas evacuadas “quedaron totalmente inundadas”.
Los que ya declararon alegaron que actuaron con base en el Plan Director Urbano y el Reglamento de Construcciones del estado, y del resto, algunos se negaron a atender los citatorios, y otros no han sido citados o la autoridad asegura que desconoce sus domicilios.
Por el desbordamiento del brazo del río La Sabana que alimenta a la laguna Negra de Puerto Marqués durante la tormenta Manuel los días 14,15 y 16 de septiembre del año pasado, miles de viviendas de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, de los fraccionamientos La Ceiba, Miramar I y II, Tulipanes, Las Gaviotas, La Marquesita, Costa Dorada, Rinconada del Mar, Joyas Diamante, Vicente Guerrero 200 y la colonia Frente Nacional se anegaron.
La mayoría de los habitantes tuvieron que ser rescatados por el Ejército, la Marina, los marquesanos o sus familiares en lanchas y motos acuáticas, porque las calles se volvieron ríos.
En Puerto Marqués el agua cubrió cientos de casas y en las zonas más cercanas a la laguna Negra alcanzó más de tres metros.
Toda la zona Diamante se inundó, desde Puerto Marqués hasta el Aeropuerto Juan N. Álvarez que tuvo que ser cerrado durante días, incluidos los campos de golf de los hoteles Fairmont Princess y Mayan Palace, así como la tienda Costco que no volvió a abrir sus puertas desde que fue saqueada en la contingencia.
Durante el transcurso de este año, los damnificados, la sociedad civil, académicos, profesionistas y especialistas han demandado que los responsables sean sancionados, pero hasta ayer no había resultados de las investigaciones ni culpables.
Ayer se informó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) colocó a Acapulco en el último lugar de 78 ciudades evaluadas en competitividad urbana, por la mala gobernanza evidenciada en los daños e inundaciones causados por la tormenta Manuel.
El Imco cuestionó quién dio los permisos de construcción y uso de suelo en la zona Diamante y criticó que “cuando hay demasiados responsables no hay ninguno”.
El 27 de septiembre del año pasado, en Acapulco, Peña Nieto ofreció investigar las irregularidades en que incurrieron autoridades federales al permitir la construcción en zonas inundables y pidió a Aguirre Rivero que investigara a las autoridades locales que autorizaron obras en esas zonas.
El anuncio fue a petición del gobernador, quien insistió en que las inundaciones se deben a la irresponsabilidad y corrupción de autoridades del “pasado” y anunció que su gobierno investigaría.
En el acto, el director de la Co-misión Nacional del Agua (Cona-gua), David Korenfeld Federman, indicó que las inundaciones en las unidades habitacionales fueron porque las construcciones rompieron los cauces naturales y se desarrollaron en zonas donde “naturalmente” se regulaba la crecida del río de La Sabana.
Dos días antes, El Sur informó que el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinoza, dijo que podrían ser reubicados los vecinos de las colonias afectadas debido a que las reglas de aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) impiden su aplicación en zonas que impliquen riesgo.
El 18 de octubre, el alcalde Luis Walton Aburto declaró a los medios que el Ayuntamiento ya había puesto la denuncia en el Ministerio Público, pero después se aclaró que había dado información a las autoridades estatales, y el 20 de octubre Ángel Aguirre informó que su gobierno, a través del entonces subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Constantino González Vargas, presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable que quedó registrada en el acta TAB/CAZ/AA/01/1179/2013.
El 21 de octubre en una conferencia en la ciudad de México, Puente Espinoza advirtió que, en el caso de la federación, la investigación por las inundaciones apuntaba a los cambios de uso de suelo hechos durante la gestión de la Conagua en la administración de Vicente Fox.
El 3 de febrero pasado en entrevista en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Aguirre Rivero afirmó que había empresas y ex funcionarios federales, estatales y municipales involucrados en la entrega de permisos “en zonas que nunca debió haberse construido”, y que tenía toda la información de las irregularidades que hubo porque ya había hecho toda la evaluación de los daños.
Explicó que el procurador Iñaky Blanco Cabrera estaba “abocado” a determinar cuáles irregularidades “siguen teniendo vigencia” y delimitar cuáles corresponden al ámbito estatal y cuáles al federal.
El 20 de marzo El Sur reveló que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pidió por oficio al Ayuntamiento que informara “de manera urgente” dónde podía encontrar a 27 funcionarios de cuatro administraciones para notificarles que deben presentarse para ser interrogados sobre la autorización de licencias de construcción que expidieron en la “zona del desastre”.
Los funcionarios de los que pidió información la PGJE por el acta TAB/CAZ/AA/01/1179/2013 eran de las administraciones de los perredistas Alberto López Rosas (2002-2005), Félix Salgado Macedonio (2005-2008), el priista Manuel Añorve Baños (2008-2012) y el actual gobierno de Walton.
Ese mismo día se publicó que Blanco Cabrera dijo que estaba en proceso la tipificación de los delitos que cometieron las autoridades que permitieron que se construyeran casas en áreas que se inundaron y el cargo que se perfilaba era “el ejercicio indebido del servicio público en distintas modalidades”.
El 21 de agosto se informó que, tras una conferencia de funcionarios federales, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario, indicó que de manera extraoficial saben que se está llamando al Ministerio Público a los funcionarios que podrían tener alguna responsabilidad.
Y apenas el lunes pasado, el gobernador Aguire declaró que veía “adelantos importantes” en la investigación.
Sin embargo, hasta ayer no había personas sancionadas por las inundaciones de miles de viviendas en la zona Diamante, las familias no habían sido reubicadas ni desalojadas de las zonas de humedales y las autoridades de los tres niveles de gobierno no habían revelado quiénes son los responsables o qué se hará para evitar que el desastre se repita.