A un año de las inundaciones siguen sin castigo los responsables

*No se ha concretado el compromiso de Peña Nieto y Aguirre Rivero

*La investigación de los permisos para construir en zonas de humedales no ha arrojado resultados y no hay acusaciones para nadie

*Sólo 15 de 27 funcionarios de Acapulco han declarado en el MP

*Ante el gobernador, maestros y padres exigen en Zihuatanejo la reconstrucción de tres escuelas

*No representa un riesgo en caso de emergencia el retiro por la Marina de la antena para monitorear presas en Tierra Caliente, dice la Conagua

*Calculan ahora dos meses más para la entrega a damnificados de la capital de las mil 100 casas en El Mirador

*Se aleja Odile, pero seguirán las lluvias

A un año de las inundaciones siguen sin castigo los funcionarios responsables

*No se ha concretado el repetido compromiso de Peña Nieto y Aguire Rivero. La investigación de los permisos en zonas de humedales no ha arrojado resultados y no hay acusaciones para nadie. Sólo 15 de 27 funcionarios de Acapulco se han presentado a declarar en el Ministerio Público

Yee Trujillo

Acapulco / Primera parte

A un año de las inundaciones en miles de viviendas de la zona Diamante de Acapulco por la tormenta Manuel, y a pesar de las repetidas advertencias del presidente Enrique Peña Nieto, del gobernador Ángel Aguirre Rivero y de la supuesta investigación, no se ha hecho nada para castigar a quienes autorizaron la construcción de viviendas en una zona de humedales.
Hasta ayer sólo 15 de 27 funcionarios se habían presentado a declarar en el Ministerio Público por una denuncia de hechos que no precisa agraviados, inculpados ni delito cometido, pero exhibe que las viviendas de más de tres mil personas evacuadas “quedaron totalmente inundadas”.
Los que ya declararon alegaron que actuaron con base en el Plan Director Urbano y el Reglamento de Construcciones del estado, y del resto, algunos se negaron a atender los citatorios, y otros no han sido citados o la autoridad asegura que desconoce sus domicilios.
Por el desbordamiento del brazo del río La Sabana que alimenta a la laguna Negra de Puerto Marqués durante la tormenta Manuel los días 14,15 y 16 de septiembre del año pasado, miles de viviendas de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, de los fraccionamientos La Ceiba, Miramar I y II, Tulipanes, Las Gaviotas, La Marquesita, Costa Dorada, Rinconada del Mar, Joyas Diamante, Vicente Guerrero 200 y la colonia Frente Nacional se anegaron.
La mayoría de los habitantes tuvieron que ser rescatados por el Ejército, la Marina, los marquesanos o sus familiares en lanchas y motos acuáticas, porque las calles se volvieron ríos.
En Puerto Marqués el agua cubrió cientos de casas y en las zonas más cercanas a la laguna Negra alcanzó más de tres metros.
Toda la zona Diamante se inundó, desde Puerto Marqués hasta el Aeropuerto Juan N. Álvarez que tuvo que ser cerrado durante días, incluidos los campos de golf de los hoteles Fairmont Princess y Mayan Palace, así como la tienda Costco que no volvió a abrir sus puertas desde que fue saqueada en la contingencia.
Durante el transcurso de este año, los damnificados, la sociedad civil, académicos, profesionistas y especialistas han demandado que los responsables sean sancionados, pero hasta ayer no había resultados de las investigaciones ni culpables.
Ayer se informó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) colocó a Acapulco en el último lugar de 78 ciudades evaluadas en competitividad urbana, por la mala gobernanza evidenciada en los daños e inundaciones causados por la tormenta Manuel.
El Imco cuestionó quién dio los permisos de construcción y uso de suelo en la zona Diamante y criticó que “cuando hay demasiados responsables no hay ninguno”.
El 27 de septiembre del año pasado, en Acapulco, Peña Nieto ofreció investigar las irregularidades en que incurrieron autoridades federales al permitir la construcción en zonas inundables y pidió a Aguirre Rivero que investigara a las autoridades locales que autorizaron obras en esas zonas.
El anuncio fue a petición del gobernador, quien insistió en que las inundaciones se deben a la irresponsabilidad y corrupción de autoridades del “pasado” y anunció que su gobierno investigaría.
En el acto, el director de la Co-misión Nacional del Agua (Cona-gua), David Korenfeld Federman, indicó que las inundaciones en las unidades habitacionales fueron porque las construcciones rompieron los cauces naturales y se desarrollaron en zonas donde “naturalmente” se regulaba la crecida del río de La Sabana.
Dos días antes, El Sur informó que el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinoza, dijo que podrían ser reubicados los vecinos de las colonias afectadas debido a que las reglas de aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) impiden su aplicación en zonas que impliquen riesgo.
El 18 de octubre, el alcalde Luis Walton Aburto declaró a los medios que el Ayuntamiento ya había puesto la denuncia en el Ministerio Público, pero después se aclaró que había dado información a las autoridades estatales, y el 20 de octubre Ángel Aguirre informó  que su gobierno, a través del entonces subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Constantino González Vargas, presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable que quedó registrada en el acta TAB/CAZ/AA/01/1179/2013.
El 21 de octubre en una conferencia en la ciudad de México, Puente Espinoza advirtió que, en el caso de la federación, la investigación por las inundaciones apuntaba a los cambios de uso de suelo hechos durante la gestión de la Conagua en la administración de Vicente Fox.
El 3 de febrero pasado en entrevista en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Aguirre Rivero afirmó que había empresas y ex funcionarios federales, estatales  y municipales involucrados en la entrega de permisos “en zonas que nunca debió haberse construido”, y que tenía toda la información de las irregularidades que hubo porque ya había hecho toda la evaluación de los daños.
Explicó que el procurador Iñaky Blanco Cabrera estaba “abocado” a determinar cuáles irregularidades “siguen teniendo vigencia” y delimitar cuáles corresponden al ámbito estatal y cuáles al federal.
El 20 de marzo El Sur reveló que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pidió por oficio al Ayuntamiento que informara “de manera urgente” dónde podía encontrar a 27 funcionarios de cuatro administraciones para notificarles que deben presentarse para ser interrogados sobre la autorización de licencias de construcción que expidieron en la “zona del desastre”.
Los funcionarios de los que pidió información la PGJE por el acta TAB/CAZ/AA/01/1179/2013 eran de las administraciones de los perredistas Alberto López Rosas (2002-2005), Félix Salgado Macedonio (2005-2008), el priista Manuel Añorve Baños (2008-2012) y el actual gobierno de Walton.
Ese mismo día se publicó que Blanco Cabrera dijo que estaba en proceso la tipificación de los delitos que cometieron las autoridades que permitieron que se construyeran casas en áreas que se inundaron y el cargo que se perfilaba era “el ejercicio indebido del servicio público en distintas modalidades”.
El 21 de agosto se informó que, tras una conferencia de funcionarios federales, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario, indicó que de manera extraoficial saben que se está llamando al Ministerio Público a los funcionarios que podrían tener alguna responsabilidad.
Y apenas el lunes pasado, el gobernador Aguire declaró que veía “adelantos importantes” en la investigación.
Sin embargo, hasta ayer no había personas sancionadas por las inundaciones de miles de viviendas en la zona Diamante, las familias no habían sido reubicadas ni desalojadas de las zonas de humedales y las autoridades de los tres niveles de gobierno no habían revelado quiénes son los responsables o qué se hará para evitar que el desastre se repita.

En Zihuatanejo exigen padres y maestros a Aguirre la reconstrucción de tres escuelas

*Intenta la secretaria de Educación, Silvia Romero, acallar las protestas de los afectados por la tormenta Manuel y el sismo de abril. Inaugura el gobernador el edificio de una secundaria y ofrece sancionar a director acusado de quedarse con el dinero para la comida de alumnos

Brenda Escobar

Zihuatanejo

En su visita a esta ciudad luego de casi cinco meses de su última gira, el gobernador Ángel Aguirre Rivero fue recibido con demandas por parte de padres de familia y de maestros, quienes exigieron la reconstrucción de tres escuelas en este puerto, que resultaron dañadas por la tormenta Manuel y por el sismo de abril de este año.
Aguirre Rivero encabezó un acto en la secundaria Luis Guevara Ramírez, en la comunidad Agua de Correa, donde inauguró el nuevo edificio de este plantel y entregó apoyos por parte del DIF estatal y la Secretaría del Trabajo.
Minutos antes de que llegara el gobernador, alumnos, padres de familia y maestros de la escuela primara Águila que Cae se presentaron en la escuela portando pancartas en las que exigían al Ejecutivo estatal la reconstrucción de su plantel.
Lo mismo hicieron los directores de la primaria 20 de Noviembre y del jardín de niños Carmen Norma Monroy, Belisario Midueño Rumbo y Maribel Castañón Chávez, respectivamente, de la colonia El Embalse, quienes disputan un terreno de siete mil metros cuadrados que pertenece al Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 45.
Un maestro de la primaria Águila que Cae llevó a su alumnos, y a modo de protesta se puso a darles clases a un costado del lugar en donde se llevaría a cabo el acto del gobernador.
Algunos de los pequeños estaban sentados en el suelo lodoso, lo que incomodó a la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, quien increpó al profesor. Le dijo que se estaban violando los derechos humanos de los pequeños, y el maestro le respondió que también se están violando sus derechos al tomar clases en un plantel que está en malas condiciones.
La funcionaria también fue abordada por madres de familia, quienes reprocharon que el gobierno no atienda su demanda de reconstrucción de la escuela, pese a que el gobierno federal ya asignó fondos para hacer un nuevo plantel, y Silvia Romero les respondió que es necesario contar con un terreno que cumpla con las especificaciones para construir, “si ustedes me dan el terreno, a más tardar en un mes y medio se inicia la construcción”.
Les dijo también que tienen que buscar al alcalde Eric Fernández para que les ayude a conseguirl. Las amas de casa aseguraron que el presidente municipal no ha querido recibirlas.
También el comité de padres de familia de la primaria Cente-nario de la Revolución Mexicana, de la colonia Ampliación La Presa, encabezados por María Guadalupe Reyna Aguirre, denunciaron ante Silvia Romero que el director César de la O Mayares, desde hace dos años se queda con el dinero que le dan las autoridades escolares para comprar alimentos para los alumnos, pues el plantel es de tiempo completo.
Los padres acusaron que ante la negativa del director de rendir cuentas, decidieron cerrar la escuela y exigir su destitución, ya que consideran que no es justo que los niños se queden sin comer.
En ese momento, Romero Suárez se comunicó vía telefónica con el auditor de la SEG, así como con el coordinador estatal de las Escuelas de Tiempo Completo, para solicitarles que envíen auditores a este plantel y se hagan las investigaciones pertinentes; también pidió que en caso de que el director esté incurriendo en una irregularidad, sea sancionado conforme a la ley.
A los directores de la primaria 20 de Noviembre y del jardín de niños Carmen Norma Monroy, la secretaria de Educación, acompañada por el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Arturo Contreras Gómez, les dijo que el caso del terreno que pertenece al Cetis 45 es un asunto que debe resolver la SEP pronto, para que se pueda hacer la reconstrucción de los planteles.
Silvia Romero le aseguró a todos los inconformes que se quedaría en este puerto el resto del día para atender sus demandas, y luego les pidió que guardaran las pancartas de protesta para que no las viera el gobernador, lo que no obedecieron pues una vez que Ángel Aguirre llegó al acto todos mostraron sus pancartas; incluso una madre de familia, a grito abierto, le dijo al gobernador que les ayude a la reconstrucción de la escuela Águila que Cae.
Aguirre Rivero le pidió a la madre de familia que pasara al frente, lo que aprovechó un grupo de mamás, quienes también se metieron entre las sillas que fueron asignadas para los alumnos de la secundaria, para quedar con sus pancartas frente al presídium, lo que provocó que de inmediato la secretaria de Educación se moviera de su lugar e intentara convencer a las mujeres para que dejaran de mostrar las pancartas, lo que no consiguió.
También se manifestaron algunos líderes de colonias irregulares, quienes en sus pancartas demandaron al gobernador que se retomen las reuniones para el proceso de regularización, que habían mantenido con el coordinador del Ejecutivo, Humberto Salgado Gómez. Sobre esta demanda, Ángel Aguirre no dijo nada durante su intervención al micrófono.
Al hacer uso de la palabra, el alcalde Eric Fernández  pidió al gobernador que intervenga ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues dijo que Ixtapa y Zihuatanejo dependen cien por ciento de la actividad turística, y la carretera que comunica con la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, “da miedo, es una carretera que está muy afectada por los baches y que tenemos reclamos todos los días de los turistas que y esto disminuye la posibilidad de ser visitados”.
En su turno, el gobernador anunció una inversión de más de 2 mil millones de pesos para combatir el rezago educativo en mil 500 escuelas que tienen insuficiencias en sus instalaciones.
Dijo que no será su gobierno el que determine en qué deberá invertirse ese dinero, sino los padres de familia y maestros.
Comentó que hay mil 400 escuelas de tiempo completo, y pidió a la secretaria de Educación que se lleve a cabo una revisión minuciosa, para que aquellos que tienen la responsabilidad del pago de los alimentos “lo hagan como debe de hacerse, no voy a permitir que se dé en las escuelas de tiempo completo ni un acto de corrupción, porque es dinero para que se beneficien nuestros niños”.
Habló del programa de reconstrucción de escuelas afectadas por la tormenta Manuel, y dijo que se han tenido problemas con la adquisición de terrenos para la reubicación de los planteles, y pidió al alcalde que en caso de que haya necesidad de comprar un lote, su gobierno está dispuesto a pagar, “para que no nos sigamos desfasando en la construcción de estas escuelas, como algunas que aquí veo”.
Insistió en que ha sido “un problema tortuoso” conseguir los predios, pero que no ha sido por falta de interés del gobierno, “en el ámbito estatal tenemos más de 60 casos en los que no hemos podido conseguir el terreno”.
Luego de su intervención, el gobernador se dirigió a su camioneta para trasladarse al aeropuerto de Zihuatanejo, para recibir al presidente Enrique Peña Nieto, quien abordó aquí un helicóptero para dirigirse a un acto en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
A su salida de la secundaria, la camioneta en la que viajaba el gobernador fue interceptada por madres de familia, que a gritos le reprocharon el proceder de sus escoltas, quienes las agredieron para que no se le acercaran a pedirle que visitara la escuela Águila que Cae, la cual queda a unos 500 metros de distancia.
El gobernador les explicó que debía retirarse a recibir al presidente de la República, pero que enviaría a sus colaboradores para que las atendieran.
Casi una hora más tarde, Agui-rre regresó para inaugurar el parque lineal La Boquita, un proyecto que desde su inicio ha sido muy polémico, pues el Cabildo autorizó que se aplicaran aquí los 19 millones de pesos que estaban etiquetados para la construcción de un parque ecológico en los terrenos de la laguna de Las Salinas.
Ahí, el gobernador fue abordado por los reporteros, y al plantearle que a casi un año del paso de la tormenta Manuel productores del campo  se quejan de que no han recibido apoyo oficial, el gobernador atajó: “Yo no coincido exactamente con esa apreciación, porque yo creo que sí se han liberado muchísimos recursos para el pago de aquellas hectáreas que fueron siniestradas durante Manuel, pero desde luego tampoco nos cerramos”.
También se le preguntó su opinión respecto al resultado de la elección interna del PRD, y señaló que “ya lo dije ayer y no quiero estar insistiendo mucho, porque si no, van a pensar que estoy haciendo proselitismo”.

Conagua: sigue el monitoreo de las presas pese al retiro de la antena en Tierra Caliente

*Asegura Gastélum que la falta de equipo de radiocomunicación no representa un riesgo en caso de emergencia

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, José Humberto Gastélum Espinoza, afirmó que la antena repetidora de una empresa de radiocomunicación que contrataron para el monitoreo de presas en la Tierra Caliente fue retirada hace dos meses, pero desconoce quién lo hizo y aseguró que esto no representa un riesgo en caso de una emergencia, porque el monitoreo continúa, el personal transmite los datos utilizando teléfonos celulares y está en trámite una nueva antena dentro de las instalaciones.
Ayer en estas páginas se informó que soldados de la Marina destruyeron antenas de radio de la CFE y de la Conagua que se usan para el monitoreo de presas y las pusieron a disposición del Ministerio Público federal bajo el argumento de que estaban al servicio de la delincuencia y se usaban para el halconeo.
En los últimos 15 días, la Marina operó en la región desmantelando repetidoras, una de la CFE en el cerro del Tinoco, Tlapehuala; y otra cerca de Huetamo, Michoacán. También retiró las antenas repetidoras de Conagua, que se colocaron para la región Tierra Caliente después de la contingencia provocada por la tormenta Manuel en septiembre del 2013, cuando la apertura inoportuna de las compuertas de la presa El Caracol causó una gran inundación en toda la región y la caída de puentes.
Consultado vía telefónica al respecto, el director local de la Conagua dijo que desde hace tiempo tenían el servicio de radiocomunicación con una empresa, de la cual no precisó el nombre, y hace unos dos meses alguien desmanteló “las antenas” pero aseguró que no sabe quién lo hizo ni la razón, porque la dependencia solo usaba una.
“Lo que quitaron es la antena repetidora, que estaba donde había muchas antenas de una empresa, no es que lo hayan quitado de nuestras instalaciones, son temas muy delicados estos”, ubrayó, pero confirmó que la utilizaban para el uso de los radios de comunicación que están instalados en las casetas de las presas, para avisar a los jefes de distrito del comportamiento, elevación y el desfogue si hay lluvias.
Gastélum Espinoza confirmó que se utilizaba para el monitoreo de todas las presas de la Tierra Caliente, como El Gallo, Andrés Figueroa y Amuco, pero aseguró que los empleados están utilizando teléfonos celulares para transmitir los datos por la falta de servicio de radiocomunicación, y que la Conagua no ha recibido ningún requerimiento de ninguna autoridad.
Al insistirle en si esto les afecta o si es un riesgo en caso de una emergencia, el director negó que haya problemas porque desde que retiraron “esas antenas” iniciaron el trámite para la colocación del equipo de radiocomunicación, una antena dentro de las instalaciones de la Conagua, y “por mientras” utilizan los celulares.
“Hace dos meses que pasó eso, no sé quién se las llevó, no es mi competencia, yo no puedo asegurar quién fue quien se las llevó”, concluyó el funcionario federal. (Redacción).

Han pospuesto cinco veces la entrega de casas en El Mirador a damnificados de la capital;?ahora calculan dos meses más

*Según la Sedatu, las viviendas se entregarán cuando estén terminadas las mil 100 proyectadas en el fraccionamiento. La construcción ha enfrentado conflictos por límites de terrenos y acoso de grupos criminales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ante el retraso en la construcción de las casas que para las familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid,  la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó ayer que éstas se entregarán cuando estén construidas las mil 100 proyectadas en el fraccionamiento El Mirador, y previó que esto será aproximadamente en dos meses. Ésta es la quinta vez que se aplaza la entrega de viviendas desde junio.
Hasta ayer, de las mil 100 casas que serán construidas en este predio sólo había 80 instaladas, y el representante de la constructora Casaflex que se encarga de la obra, Carlos García, informó que a mediados de noviembre entregarán el 30 por ciento, a mediados de diciembre el 50 por ciento y a mediados de enero el 100 por ciento de las mil 100.
La directora de Comunicación Social de la Sedatu, Guadalupe Moreno, informó que la dependencia entregará las casas a las familias damnificadas hasta que se terminen de construir todas, porque se pretenden evitar riesgo de accidentes entre quienes pudieran habitarlas primero por los trabajos que continuarían.
Funcionarios de la dependencia informaron que la entrega de las casas a las familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid se hará mediante un sorteo entre las familias que sufrieron daño total en sus viviendas y entre las que viven en zonas de alto riesgo, incluidas las que se encuentran en el albergue.
En mayo, el presidente municipal Mario Moreno Arcos y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón coincidieron en que el primer paquete de casas sería entregado el 15 de junio, y en un recorrido por el terreno, el presidente municipal adelantó la posibilidad de que la empresa Casaflex que se encarga de la construcción y que tiene su sede en Hidalgo, instale una fábrica provisional en el terreno donde se construyen las casas.
Pero el 18 de junio, el presidente de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el río Hucapa y sus Afluentes, Gumaro Guerrero, informó que en una reunión el delegado de la Sedatu les informó que se aplazaría la entrega de las casas porque las diseñarán más grandes que la casa muestra que ya para entonces se exhibía en el terreno. El funcionario federal se comprometió a que el 15 de julio serían entregadas las primeras 450 viviendas.
El 10 de agosto, el delegado de la Sedatu, Vicario Castrejón recorrió con los afectados el fraccionamiento El Mirador y entonces volvió a cambiar el plazo de la entrega de las primeras casas. Entonces se comprometió a que el 30 de ese mismo mes entregarían las primeras 46 viviendas prefabricadas ya con los servicios de agua, drenaje y luz eléctrica.
Posteriormente la misma delegación aplazó la entrega de las primeras viviendas para el 14 de septiembre, cuando se cumple un año de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Sin embargo, el 9 de septiembre las familias damnificadas que se encuentran en el albergue de la Unidad Deportiva de Chilpancingo informaron que en una reunión el 26 de agosto el delegado de la Sedatu, Vicario Castrejón, les volvió a cambiar la fecha para dentro de dos o tres meses.
Esta vez  les ofreció viviendas del Infonavit en Acapulco, y a los que no acepten esa alternativa la Sedatu les pagará la renta de de viviendas hasta que reciban sus casas. La propuesta fue rechazada por las 42 familias que acordaron esperar el tiempo necesario para salir juntas del albergue.

La inseguridad complica los trabajos de construcción

El 16 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde, hombres armados y encapuchados, con botas tipo militar, chalecos tácticos y empuñando armas largas y pistolas, irrumpieron en el terreno El Mirador, donde se construyen las viviendas para las familias damnificadas. Allí buscaron al encargado de la obra pero no lo encontraron.
Los hombres armados les quitaron sus pertenencias a los 15 trabajadores que se encontraban a esa hora y a dos familias de damnificados que visitaban el terreno para ver los avances de la obra.
Un día antes, el secretario de la Sedatu, Jorge Carlos Marín había informado el pago de “sobre costos” en los trabajos de reconstrucción por la inseguridad.
El 15 de agosto, después de que le festejaron su cumpleaños en la colonia El Amate, en una zona dañada por las lluvias del año pasado, Ramírez Marín informó que la inseguridad no sólo se ha registrado en Tierra Caliente, sino que inclusive en otros lugares se está pagando “sobre costos” en los trabajos de reconstrucción.
El 1 de septiembre, el Ejército entró a reforzar la construcción de las casas con camiones. En un principio se dijo que la presencia militar era para reforzar la seguridad, sin embargo los efectivos militares intervinieron en los trabajos de construcción.
El representante de la constructora Casaflex argumentó que el retraso de la instalación de las casas obedeció a que esperaron hasta que estuviera el proyecto ejecutivo completo “y en realidad apenas comenzamos a trabajar”. Dijo, vía telefónica, que las lluvias han retrasado los trabajos, “igual que algo de la inseguridad”, sin abundar en este sentido.
Sin embargo, ni la dependencia federal ni la empresa constructora reconocen que el retraso en los trabajos se debió un conflicto de deslinde del terreno de 19 hectáreas en el que se comenzaron a construir las casas desde inicios de junio.
Los trabajos, según fuentes del ayuntamiento, se tuvieron que suspender a mediados de junio y hasta a mediados de julio, debido a que el propietario de un terreno aledaño promovió un amparo para suspender los trabajos hasta que se realizara un apeo y deslinde del predio, pues argumentaba que se estaba utilizando parte de su terreno.
Sin embargo, ayer un funcionario de la Sedatu que acompañaba a Guadalupe Moreno aseguró que la dependencia ya pagó parte del terreno a un solo particular, pero omitió divulgar el nombre del vendedor por la inseguridad, “imagínese si le doy su nombre”, y aseguró que no existe ningún litigio ni conflicto en donde se construyen las casas.

Inconformidad de damnificados por el incumplimiento de la entrega

Pero el retraso en la entrega de las viviendas ha provocado la inconformidad de las familias damnificadas debido a que hasta en cinco ocasiones en menos de cuatro meses han sido engañados. Además, existe incertidumbre con respecto a cuales familias serán beneficiarias de las viviendas.
Ayer, Guadalupe Moreno informó que de las mil 100 casas que se construyen en el fraccionamiento El Mirador, 294 serán para las familias de Chilpancingo que perdieron sus casas durante las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en septiembre del año pasado.
Agregó que el resto de las casas, es decir 806, serán entregadas a familias que viven en zonas de alto riesgo y que se han ubicado en 53 barrancas de la capital, mismas que serán reubicadas en esta unidad habitacional.
El mecanismo de distribución de las viviendas, informó la funcionaria, será mediante un sorteo para no privilegiar a nadie.
Las viviendas que se construyen tienen una superficie de 49 metros cuadrados, cuentan con dos recamaras y un sala de estar. Cada vivienda está planeada para cuatro o seis habitantes y carecen de espacio para ampliaciones, pues están distribuidas en esquemas de vivienda cuádruple o séxtuple.
El representante de la constructora explicó que las viviendas se arman con módulos de concreto de una sola pieza, monolíticos, “de alta resistencia y auto compactable”.
Al respecto, lo que han criticado las familias damnificadas es que se trata de casas armadas y que no garantizan seguridad en cuanto a resistencia, a diferencia de si hubieran sido construidas en el mismo terreno.
Según la funcionaria, el terreno donde se levantan cuenta con estudios de sustentabilidad y medio ambiente y el fraccionamiento contará con todos los servicios, incluido el de transporte público, escuela primaria, locales comerciales, áreas deportivas y una clínica.
El transporte público será otorgado por el ayuntamiento, a través de 45 concesiones para el servicio de camionetas de pasajeros.

Se aleja la tormenta Odile de las costas de Guerrero pero seguirán las lluvias y el alto oleaje, advierten

Carlos Moreno A.

El subsecretario de Protección Civil en el estado, Raúl Miliani Sabido informó que la tormenta Odile se formó a partir de la depresión tropical 15-E frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con desplazamiento hacia el noroeste.
Dicha tormenta, informó el funcionario en conferencia de prensa en la Promotora Turística (Protur), se localiza a 350 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, “esto quiere decir que el nivel de amenaza para el estado disminuye significativamente porque se va trasladando fuera de costa”.
Aunque Odile se empiece a alejar,  dijo, “nos va a dejar lluvias vespertinas y nocturnas” que pueden estar entre los 75 y los 150 milímetros, “pero no es garantizado tener esa cantidad, es el pronóstico máximo, algunas rachas de viento y oleaje elevado, pero no una condición de peligro o catastrófica, pues ya se empezó a alejar”, insistió.
Miliani indicó que la tormenta ocasionará lluvias intensas y alto oleaje en la franja costera del estado, de dos a tres metros de altura, y recomendó a los habitantes que permanezcan atentos a los avisos.  “Esta situación de oleaje es muy importante porque viene fin de semana largo, y esto nos puede generar que los turistas se pongan en riesgo”, y recomendó que “si hay bandera roja no naden, y si me meto al mar, obligatorio chaleco salvavidas”.
Señaló que “no estamos en las mismas condiciones del año pasado, de Ingrid y Manuel, no tenemos esa condición de riesgo y peligro para el estado, debemos mantenernos alertas como en cualquier época de lluvias normal, pero no caer en reacciones de pánico, porque se acerque el aniversario de Ingrid y Manuel”.
El pronóstico para hoy es de vientos fuertes y lluvias de variada intensidad en Costa Chica y Acapulco, y para el viernes, el fenómeno irá dejando precipitaciones y posibles deslaves en Costa Grande y La Montaña.
El funcionario estatal dijo que según la Conagua “nos faltan tres fenómenos meteorológicos”, es decir que van 14 de 17, después de Odile el siguiente fenómeno que se forme corresponderá el nombre Polo y después Rachel “que esperemos sean tormentas tropicales”.
En cuanto el nivel de llenado de presas, dijo que en general están al 97 por ciento en todo el estado y no hay necesidad de abrir compuertas para una situación de emergencia.
Sobre las zonas de riesgo en Acapulco, Miliani informó que en el caso de El Veladero hay una serie de dictámenes de unos 60 lugares que “ya se tienen ubicados y que el municipio y el estado están trabajando en las medidas de seguridad”, pero en el estado hay unos 89 lugares detectados como zonas de riesgo.
A un año de la tormenta Manuel en Acapulco, dijo que “tuvimos una evaluación de daños y el comité gestorial de daños lo presenta a Fonden y ellos califican está evaluación para que se haga la gestión de recursos”.
En un boletín de prensa del gobierno del estado se informó que la tormenta Odile se aleja del estado pero continúa el pronóstico de lluvias intensas; así como oleaje elevado de hasta tres metros.
“A las 16:30 horas el fenómeno hidrometeorológico se ubicó aproximadamente a 320 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, registrando vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85, con desplazamiento hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora”.
“Las regiones en las que se pone especial atención por lluvias son La Montaña, Centro, Tierra Caliente y parte alta de la sierra de la Costa Grande”, mientras que la Capitanía de Puerto informó que la navegación se encuentra cerrada para embarcaciones menores y pesca ribereña.
También se informó que el Sistema de Alerta Temprana (Siat) del Sistema Nacional de Protección Civil emitió alerta amarilla para el suroeste de Guerrero y verde para el resto de la entidad por el alejamiento de la tormenta Odile.
La alerta amarilla en fase de alejamiento implica extremar medidas de higiene en alimentos, colaborar en la limpieza del entorno, desalojar el agua estancada para evitar plagas de mosquitos, y mantener desconectados gas, luz y agua potable en viviendas, hasta tener la certeza de que no hay fugas ni peligro.
La verde establece cuidar alimentos y agua, evitar caminar por  zonas afectadas, no pisar cables y materiales peligrosos, y estar atento ante posibles deslaves en laderas o pendientes de montañas.