Liberan sin cargos a la artesana de Ameyaltepec tras siete meses incomunicada en una prisión de Cancún

Atendiendo la sentencia de un amparo por violaciones al debido proceso, en particular porque no tuvo traductor de su lengua para una defensa adecuada, un juez local resolvió la semana pasada el auto de libertad de Carmen Martínez Jiménez, informan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Luego de siete meses incomunicada en una celda por su lengua, una artesana nahua de Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, salió sin cargos de la prisión municipal de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, donde estuvo acusada del delito de “trata” por las autoridades de aquel estado.
Atendiendo la sentencia de un amparo por violaciones al debido proceso, en particular porque no tuvo traductor de su lengua para una defensa adecuada, un juez local resolvió la semana pasada el auto de libertad de Carmen Martínez Jiménez, informó el ex dirigente del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guillermo Álvarez Nicanor.
La artesana fue detenida en una amplia operación policiaco el 30 de enero en su domicilio, donde tiene un taller de alfarería, por “explotación infantil” de cuatro adolescentes nahuas que con el permiso de sus padres estaban laborando en la pintura y barnizado de artesanías en aquel destino turístico.
Álvarez Nicanor explicó que en los pueblos de Guerrero, donde hablan náhualt, las familias con menos oportunidades de desarrollo “nos pedimos como de favor (a los artesanos de barro y papel amate) que nuestros hijos aprendan a pintar”, y envían a niños y adolescentes a talleres familiares dispersos en el país donde comparten con sus integrantes, lengua, cultura, tradiciones y trabajo.
Los menores pueden recibir pagos simbólicos, que en ocasiones se entregan directamente a los padres, y en este contexto, Carmen Martínez fue acusada de “trata”, un delito grave que engloba todas las modalidades de explotación de personas, sin entender qué había hecho mal.
Su hija, María Lorenzo Martínez, reveló que antes de ser liberada, tenía miedo de salir de la celda donde pasaba los días y las noches encerrada, por temor a sufrir alguna agresión en los espacios comunes de la prisión mixta, donde no compartía el idioma con los internos. Recordó que sólo conoce conceptos básicos del español.
María Lorenzo indicó que en el tiempo reclusión, su madre vivió en un cuarto pequeño sin ventanas, con 15 y hasta 20 reclusas, y diez camas de concreto; Durante poco más de cuatro meses le tocó dormir en el suelo.
La comida tampoco era a lo que estaba acostumbrada, “decía que lo que le daban ya no servía”, y se alimentaba con lo que sus hijas le llevaban los tres días de visita a la semana a los que tenían acceso.
Recordó que luego de su detención “en flagrancia” –según las autoridades judiciales–, la mantuvieron dos noches en la agencia del Ministerio Público, al tercer día la internaron en la prisión municipal y aún no comprendía cuál era su delito.
De acuerdo con el expediente del caso, el Ministerio Público consideró que no necesitaba un traductor porque “hablaba fluidamente el español”, pero en la declaración preparatoria, el juez llamó a una especialista en náhuatl de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) para que le diera acompañamiento.
Pero su papel fue cuestionado por la defensa en el juicio de amparo, porque la especialista desconocía la variante de la lengua materna de Carmen Martínez, y no resolvió el conflicto de comunicación.
Argumentaron que el juez “se sacó de la manga una supuesta perito traductora por la premura para tomarle la declaración preparatoria”, por lo tanto Carmen Martínez pasó las primeras fases del proceso sin una defensa adecuada.
María Lorenzo detalló que después de que se resolvió su situación legal, un custodio “empezó a decir que quién conoce a esta señora, porque no entendía lo que le decían y se estaba asustando”.