Autoridades de Xochistlahuaca exigen a la PGJE que cese la represión

* Externan su temor de ser detenidos “de manera violenta e ilegal” como sucedió con uno de sus compañeros

Autoridades tradicionales y agrarias del municipio autónomo de Xochistlahuaca exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cese los actos de hostigamiento y represión en contra de los integrantes de la Autoridad Tradicional, Ejidal, ayudantes y líderes de Xochistlahuaca.

En un boletín de prensa que firman autoridades tradicionales y agrarias, éstas externaron su temor de ser detenidas en cualquier momento “de manera violenta e ilegal”, como sucedió con su compañero, el presidente del Comisariado Ejidal de Xochistlahuaca, Genaro Cruz Apóstol, acusado de privación ilegal de la libertad en agravio de Narciso García Valtierra porque personas que se identifican como policía ministerial han preguntado por algunos integrantes de la autoridad tradicional que tienen orden de aprehensión por los mismos hechos que “falsamente denunció Narciso García Valtierra”.

Las autoridades tradicionales exigen que se acate en todos sus términos la opinión y propuesta número 250/2004, emitida el 18 de octubre por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) al procurador Jesús Ramírez Guerrero.

Piden que se instruya a la Policía Ministerial y otras corporaciones asignadas en esta región para que se abstenga “de seguirnos tratando como criminales, así como de cometer arbitrariedades en contra de nuestro pueblo y de nosotros”.

En el mismo documento instan a que se apliquen mecanismos de solución de los problemas que son compatibles con los sistemas normativos internos que como pueblos indígenas tienen derecho por Ley.

La opinión y propuesta número 250/2004 de la Codehum se deriva de la queja presentada con fecha 30 de julio de 2004 por los integrantes de la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos en representación de Genaro Cruz Apóstol, a quien se detuvo el 15 de julio. En ésta piden al procurador instruya a quien corresponda el comienzo del procedimiento administrativo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado en contra de los agentes de la Policía Ministerial Trinidad Zamora Rojo, Salvador Mora Cuevas y Mario Martínez Hernández, por haber allanado el domicilio de Genaro Cruz “de manera violenta y sin contar con orden de cateo debidamente expedida por un juez”.

También que se les imponga la sanción que legalmente proceda y se registre dicha resolución en sus expedientes personales como antecedente de su conducta.