Demanda AI una investigación civil de las violaciones a indígenas cometidas por militares

 Presentan en Chilpancingo el informe México: Mujeres Indígenas e Injusticia Militar. Pide al gobernador René Juárez y a autoridades militares que cesen las campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos  

Teresa de la Cruz Chilpancingo  

Al presentar ayer el informe México: Mujeres Indígenas e Injusticia Militar, la integrante del equipo de investigación para México del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, Mónica Costa, pidió al gobierno mexicano que sea la justicia civil y no la militar la que investigue los casos de mujeres indígenas que han sido violadas por efectivos del Ejército, y argumentó que la investigación de la fiscalía militar presenta “deficiencias” y “carece de imparcialidad”.

Asimismo pidió al gobernador del estado, René Juárez Cisneros, así como a las autoridades militares, que “no realicen campañas de desprestigio, de acoso o intimidación en contra de los defensores de derechos humanos sino al contrario, deben de garantizar las condiciones para que lleven a cabo este trabajo”.

Amnistía Internacional, uno de los organismos civiles de derechos humanos más prestigiados del mundo, plantea que dará seguimiento a ambos casos en Guerrero.

En las oficinas de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Mónica Costa dio a conocer ayer el informe México: indígenas e injusticia militar, que forma parte de la campaña global de Amnistía Internacional para poner fin a la violencia contra la mujer.

Ante representantes de organismos no gubernamentales (ONG), Mónica Costa explicó que el informe aborda la violencia sexual y discriminación que cometieron efectivos del Ejército mexicano en contra de nueve mujeres indígenas, de las cuales seis son del pueblo tlapaneco (me’phaa) de Guerrero y dos tzeltales de Chiapas.

Entre los casos de las indígenas de Guerrero se encuentran Inés Fernández Ortega de Barranca Tecoani, quien fue objeto de un abuso sexual el 22 de marzo de 2002 y Valentina Rosendo Cantú de Barranca Bejuco, el 16 de febrero del 2002.

Otros casos son el de Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, violadas por militares en 1999. También se reportan lo casos de Delfina Torres Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez de Zopilotepec, municipio de Atlixtac, el 3 de diciembre de 1993.

La coincidencia de los seis casos, dijo Mónica Costa es que “la justicia militar                                         ha atraído las investigaciones, y esto ha causado que las mujeres y organizaciones que las apoyan tengan muchos problemas para acceder a la justicia, debido a la falta de imparcialidad e independencia del sistema de justicia militar para investigar violaciones de los derechos humanos” que cometieron elementos de esa misma institución.

Mónica Costa considera que por las “irregularidades” de los casos “los presuntos responsables no han sido llevados ante la justicia, generando así un clima de impunidad”.

Aunado a la falta de garantías que ofrece el sistema justicia militar, afirmó Mónica Costa, en el proceso interviene también la “discriminación múltiple” sobre cuestiones de género y culturales, así como las condiciones de extrema pobreza y marginación en la que viven.

Por ejemplo, –dijo– la situación financiera les dificulta “enormemente” que puedan presentar una denuncia “como es el caso de Delfina Torres Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez de Alixtac, que en un principio decidieron no seguir adelante con su denuncia ante la CNDH porque no tenían dinero para pagar el trasporte que las llevaría a Chilapa”.

Un aspecto más que aborda el informe, de acuerdo con Mónica Costa, ha sido la forma en que las autoridades militares practican las investigaciones. Dijo que hay visitas amenazantes y exámenes médicos defectuosos para demostrar la violación.

De tal modo que por la falta de pruebas, según Mónica Costa, “la víctima acaba convirtiéndose en el objeto de investigación”, y en otras ocasiones cierran los casos “como el de la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega, a quien el fiscal militar mandó un citatorio con dirección errónea, y por tanto no se presentó, calificando su ausencia como falta de interés de victima”.

Mónica Costa mencionó que para Amnistía Internacional, “la falta de imparcialidad e independencia hace suponer que para jueces y fiscales militares, la protección a los intereses de la institución militar es más importante que garantizar la justicia para los delitos cometidos, por miembros del Ejército mexicano”.

“Y demuestran también que las investigaciones dentro de la justicia militar, además de ser ineficientes son inadecuadas e irrespetuosas para las mujeres que han tenido la valentía de denunciar esta situación”, expresó.

Mónica Costa pidió al gobierno mexicano que sea la justicia civil, “quien atraiga los casos e investigue como un delito grave la violencia que sufrieron las mujeres indígenas, ello debido a que la justicia militar ha demostrado falta de imparcialidad e independencia”.

Demandó que como parte de los tratados de la Convención para la Eliminación de todas las Formas contra la Discriminación de la Mujer de manera obligatoria debe “emprender                                         acciones efectivas para garantizar que los responsables de la violaciones a los derechos humanos comparezcan ante la justicia sean quien sea”, por que en la actualidad “esta incumpliendo con sus obligaciones”.

Consideró también que la actuación, investigación y recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “no son satisfactorias” porque “no recomienda que las investigaciones sean transferidas a la justicia civil, tomando en cuenta la falta de imparcialidad de la institución militar para investigar delitos de violaciones a los derechos humanos” cometidos por miembros del Ejército.

Enseguida exhortó al gobierno mexicano para que las reformas en materia de justicia, proponga la discusión “una reforma sobre la justicia militar para que se evite que ellos sean los que se encarguen de investigar delitos y violación de derechos humanos cometidos por militares a civiles”.

Denuncia “campañas de desprestigio” a ONG

En el informe, Amnistía Internacional valora el esfuerzo de las ONG y lamenta las declaraciones que últimamente han salido a luz pública por parte de autoridades civiles y miembros del Ejército mexicano.

Esto en alusión a la declaración del comandante de la Novena Región Militar, Felipe Bonilla quien en septiembre dijo que los organismos de derechos humanos apoyan a los indígenas a cambio de “prebendas” y la postura que ha asumido el gobernador, René Juárez Cisneros, al referir que las ONG “vienen a Guerrero tres días y nos quieren dar todas las recomendaciones del mundo, cuando nosotros hemos vivido aquí desde que nacimos”.

Mónica Costa dijo que para Amnistía Internacional el trabajo de los defensores de los derechos humanos “es un trabajo clave”, de ahí que pidió a los gobernador del estado, así como a las autoridades militares, que “no realicen campañas de desprestigio, de acoso o intimidación en contra de los defensores de derechos humanos sino al contrario deben de garantizar las condiciones para que lleven a cabo este trabajo”.

En la presentación del informe estuvieron el presidente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado Mario Patrón, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Alejandra Archeita.