Marchan en Tlapa unos 4 mil damnificados de La Montaña; exigen la entrega de granos

Marchan en Tlapa 4 mil damnificados por Manuel; exigen los granos que les prometieron

*Se quejan de que a un año de las afectaciones no hay dinero para la compra de los terrenos para las viviendas o escuelas. Tampoco se han reconstruido las vialidades ni los edificios públicos

Carmen González Benicio

Tlapa

Cerca de 4 mil indígenas na savi, me´phaa, nahuas y mestizos integrados al Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña, marcharon para exigir a los gobiernos municipal, estatal y federal que cumplan los acuerdos firmados en las minutas tras las afectaciones que dejó la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en la región.
El planteamiento principal de los indígenas fue la entrega de los granos básicos como el maíz, el arroz, el frijol y sal que acordó el gobierno estatal y federal, el 19 de febrero del presente año, ante el planteamiento que le hicieron a través del programa Para que llueva maíz en La Montaña.
La queja fue que sólo les han dado tres dotaciones de seis que prometieron, y de manera irregular, porque algunas comunidades de las 185 que integran el Consejo aún no las reciben, además de exigir que el apoyo se amplíe a un año como fue su planteamiento original porque sus siembras no se han recuperado.
En la marcha también se quejaron que a un año de las afectaciones no hay dinero para la compra de los terrenos para las viviendas o escuelas; las casas que se han hecho son de mala calidad; los caminos o carreteras están en malas condiciones; no se han construido los puentes colgantes ni los vehiculares; las clínicas de salud, las comisarías y otros bienes muebles.
Exigieron a las autoridades no den un trato de segunda a los pueblos originarios, donde mandan empresas que fallan y usan materiales de mala calidad.
Los inconformes se reunieron y salieron del puente de la comunidad de Ahuatepec Ejido, por la avenida Colegio Militar, que parte la ciudad al Ayuntamiento, donde realizaron un mitin.
Durante ese recorrido pararon frente a la entrada del Centro Coordinador Indigenista de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) donde exigieron atención; y más adelante en el crucero de las calles Morelos y Colegio Militar, frente a un centro comercial, donde resaltaron que su movilización no fue por gusto sino de exigencia de sus derechos y por la indiferencia de las autoridades.
El recorrido, de aproximadamente cuatro kilómetros, duró más de hora y media porque pararon dos veces, en él los indígenas de los 13 municipios que integran el Consejo gritaban consignas contra el incumplimiento de las autoridades federales y estatales en la reconstrucción de la región.
En mantas cuestionaron el destino de los recursos: “¿Dónde están los 37 mil millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero?”, exigieron sus carreteras, sus escuelas, los granos básicos y viviendas.
En el mitin los oradores participaron por municipio y llamaron a los delegados y comisarios a subir al templete, que estaba puesto para las actividades culturales que se hacen cada tarde para celebrar las fiestas patrias por el ayuntamiento. Desde ahí agradecieron a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan por el acompañamiento que le brinda al Consejo.
El representante de Tlacoapa cuestionó que ni el 10 por ciento de las viviendas a construir en esa localidad lleven a un año; dijo que están cansados de que las instituciones visitaran una y otra vez llevándose fotos de los desastres y nada de ayuda “ya nos cansamos de tanta supervisión, por eso no es el plan apaciguarnos, sino pedir justicia”, dijo.
El de Malinaltepec exigió justicia para los normalistas asesinados; libertad para los presos políticos como consideran a los policías comunitarios Nestora Salgado, Gonzalo Molina, el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y sobre los que pesan órdenes de aprehensión por manifestarse u organizarse y no estar agachados al poder.
Se manifestó contra las reformas estructurales en materia de educación, energía y comunicaciones, en que bajo la figura de ocupación temporal las empresas pueden explotar los recursos naturales.
El de Metlatónoc pidió que alzaran el puño, ya que con ese iban a garrar las piedras, los machetes y los palos para enfrentar al gobierno que no cumple porque no tienen viviendas, no tendrán cosechas y sólo dicen mentiras en la televisión.
Los de Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte y Alcozauca, coincidieron en la exigencia de las viviendas, caminos y los granos básicos como un derecho, no como una caridad.
Habló una mujer de Malinaltepec quien dijo que se atrevía a representar a todas las mujeres de la región a quien poco se les da la voz y participación y que la marcha fue porque el gobierno no escuchó sus planteamientos y las obligó a salir de sus comunidades.

Intentaron las autoridades evitar la marcha: Abel Barrera

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández comentó que previo a la marcha las autoridades federales y estatales le dijeron que no marcharan y si lo hacían no fueran “tan exigentes o reclamones y que el mismo viernes les conseguían reuniones a cambio de no marchar”.
Empero, si decidían hacerlo, que reconocieran que han hecho cosas buenas, pero “no podemos reconocer cosas buenas del gobierno si no cumplen los acuerdos y no dan muestras de compromiso con los pueblos”.
Reclamó lo costoso de las viviendas hechas de estructura de armex, block, naylo en los pisos y techos de lámina, además de ser pequeñas, fuera del contexto cultural de las familias nucleares de la región, donde son grandes; y la riqueza que se llevan las empresas amigas del gobernador, del presidente del país y los secretarios por lo que pidió transparencia en el uso de los recursos del Plan Nuevo Guerrero.
Dijo que los pueblos se inconformaban de la miseria en que se les sume día a día y de que Enrique Peña Nieto sólo hable de las comunidades desde la televisión sin caminar en ellas y llegue a fotos posadas, con casas pintadas.
Agradeció la presencia de los pueblos que acudieron a defender su dignidad y pedir justicia ante el olvido que los han tenido las autoridades.
Barrera Hernández informó que se reunirán el miércoles a las 12 del día en Chilpancingo con el secretario federal de la Sedatu para abordar el caso de las viviendas ya que el Consejo tiene en su censo 4 mil 304 casa afectadas, de las cuales 900 se perdieron totalmente y el resto tiene techos y paredes dañados y otras requieren mantenimiento.
Por lo anterior pidió un programa de viviendas para pueblos indígenas como los hay para el magisterio, los que trabajan en salud, burócratas y no los tomen como ciudadanos de segunda.
Dijo que recibió la llamada del asesor de gobernador, Ernesto Aguirre, quien le prometió una reunión en la semana con Ángel Aguirre Rivero y la directora de la Cdi, Nuvia Mayorga, a quienes les plantearían lo del maíz.
Barrera Hernández comentó que no hay obras, no hay puentes ni caminos presupuestados para hacer, y los que si aún no los empieza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pone en riesgo a la gente que tiene que cruzar los ríos. Aún no se reconstruyen escuelas y siguen en espacios improvisados.
Dijo que ante la falta de atención era necesario marchar para desnudar las mentiras del gobierno y desenmascarar la corrupción, hablar duró para que se escuchen sus palabras, mostrar pancartas para ser vistos, aunque después sean perseguidos y echen a la cárcel a sus líderes por lo que llamó a la unidad y la organización.

Siguen las comunidades en
situación de riesgo: Tlachinollan

En un boletín, Tlachinollan manifestó que a un año de la contingencia, las comunidades indígenas de La Montaña se mantienen en situación de alto riesgo por la falta de un programa integral de reconstrucción y la ineficiencia de los distintos niveles de gobierno que no dan una respuesta coordinada.
Agregó que la marcha fue el símbolo de que hace un año los pueblos caminaron para solicitar ayuda de distintas instituciones y llevar víveres hasta sus comunidades y que en ese plazo aún no han sido reparados ni reconstruidos caminos, escuelas, centros de salud ni viviendas, pese a la asignación de 37 mil millones de pesos, con el Plan Nuevo Guerrero .
Indica que los recursos del Plan son insuficientes pues tan sólo el 11.4 por ciento del total fueron destinados a los 19 municipios de La Montaña y que sólo prioriza la ampliación de proyectos iniciados como la Cruzada contra el Hambre y no tiene medidas diseñadas específicamente para la contingencia, ni mucho menos para revertir la crisis que provocó, ni solventa la situación en el mediano plazo ni satisface la pertinencia cultural.
Además de que el proceso de reconstrucción de las comunidades se ha caracterizado por la improvisación, la descoordinación entre las dependencias de los tres niveles de gobierno y la exclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.
Dice que el Estado ha estado ausente de la región, donde al día de hoy no se ha concluido un solo proceso de reconstrucción en las comunidades afectadas que integran el Consejo, por lo que exigieron una respuesta a la Sedatu, al gobierno del estado y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien coordina las acciones de reconstrucción, para que den respuesta a las 4 mil 304 familias que han documentado los daños totales o parciales a su vivienda y que no han sido atendidas.
Afirman que los censos de las comunidades son reales y contrastan con la falta de información pública de las instituciones estatales de los distintos niveles de gobierno, quienes aferradamente se rehúsan a brindar información a las comunidades sobre los resultados de los censos de los daños y las listas de beneficiarios de los programas.
Remarcaron que a un año son visibles los impactos de la devastación en las comunidades, principalmente en la falta de acceso a servicios básicos, las afectaciones en vivienda, el mal estado de los caminos rurales que se ven cada vez más afectados por la entrada de la nueva temporada de huracanes.
Manifestaron que no hay ni un programa, ni un plan de acción gubernamental que responda integralmente a la necesidad de reconstrucción de la región de La Montaña, con excepción de la propuesta impulsada por el Consejo, Para que llueva maíz en La Montaña, que consiste en abastecimiento extraordinario y gratuito de granos básicos pero se implementa con deficiencias en las entregas.
Tlachinollan expresa que los tres niveles de gobierno tienen hoy la oportunidad de aprender de un diálogo abierto y franco con los pueblos indígenas para generar un programa de reconstrucción que encamine una política pública de bienestar social, desarrollo humano y de participación ciudadana.