Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Consulta popular, manipulación en curso

El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, informó ayer que su partido entregará hoy al Senado de la República cinco millones y medio de firmas para solicitar la realización de una consulta popular que tiene como objetivo reducir en cien el número de diputados federales y las 32 senadurías plurinominales. Esa formidable cifra es millón y medio más grande de la que hasta el sábado se sabía que entregaría ese partido.
En los días previos el PRD, Morena y el PAN entregaron, al Senado o a la Cámara de Diputados, sus propios paquetes de firmas para sustentar las solicitudes que también presentaron para sus respectivas consultas, los dos primeros sobre la reforma energética y el tercero sobre el incremento del salario mínimo. El PRD entregó 2 millones 356 mil y Morena 2 millones 712 mil firmas. El PAN 2 millones 450 mil. Todas esas cantidades rebasan el 2 por ciento de la lista nominal de electores que la Constitución establece como mínimo para respaldar la petición de una consulta popular.
La fracción octava del artículo 35 constitucional señala que, una vez verificada por el Instituto Nacional Electoral la consistencia y volumen de las firmas, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”. Ahí mismo están indicados los criterios que la Corte debe seguir para realizar esa función: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.
Insertada en el apartado de los derechos del ciudadano, la fracción octava dice que uno de esos derechos es “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. Pero a pesar de que el espíritu del mandato constitucional es muy preciso en la protección de la voluntad ciudadana, la misma Constitución complica el cumplimiento de este derecho –el requisito del 2 por ciento del padrón electoral supone una movilización enorme, inalcanzable para cualquier ciudadano, lo que en los hechos deposita en los partidos la toma de la iniciativa– y lo somete a una ruta incierta en cuya desembocadura los demandantes pueden encontrarse con un portazo de la Corte, que está facultada para negar la consulta a pesar de que existan de por medio millones de firmas. Estas dificultades no tienen su origen en la casualidad: fueron creadas por el PRI y el PAN y más tarde desarrolladas en la Ley Federal de Consulta Popular con el fin expreso y no disimulado de impedir que la reforma energética sea motivo de consulta, bajo la endeble consideración de que se trata de los ingresos y gastos del Estado.
En consecuencia, y aun con la existencia de 13 millones de firmas de ciudadanos mexicanos, la viabilidad de cualquiera de las consultas sobre las que deberá pronunciarse la Corte es absolutamente incierta. Sin embargo, a los factores que la Suprema Corte debe considerar y que en suma podrían concluir en el bloqueo de la consulta sobre la reforma energética, se añade la estrategia desarrollada por el PRI y el PAN con ese mismo propósito de descarrilar la iniciativa presentada por el PRD y Morena.
Ni los cinco millones y medio de firmas que el PRI presume, que duplican las recogidas por cualquiera de los otros partidos, conceden seriedad y trascendencia a la propuesta de preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo en que se reduzca el número de legisladores elegidos por el principio de representación proporcional. Lo mismo puede decirse de la propuesta del PAN, que plantea preguntarle a la población si está de acuerdo en que se incremente el salario mínimo. En ninguno de ambos casos se ve la razón de que deba preguntarse una crasa obviedad a la ciudadanía. ¿Quién se opondrá a que se incremente su salario? ¿Quién dirá no a la disminución de legisladores percibidos como una casta de privilegiados a costa del presupuesto público? En el caso de la iniciativa del PRI, además, intriga que haya optado por un tema de materia electoral, que la ley dice que no puede ser sometida a consulta.
En esas circunstancias, lo único que puede mover al PRI y al PAN es abultar, saturar y desbordar el proceso jurídico que conduce a la aprobación de una consulta popular. No es lo mismo que la Corte niegue una consulta, a que niegue todas, o si fuera el caso, no es lo mismo que apruebe y se realice una consulta, a que se realicen tres o cuatro (si se toma en cuenta que el PRD y Morena presentaron por separado las suyas). Si la Corte opta por negar todas las consultas, el rechazo de la que se propone para la reforma energética se diluiría en la percepción pública. Esto es lo que parecen buscar el PRI y el PAN con sus señuelos. En rigor, la única consulta popular de interés y trascendencia nacional según lo marca la Constitución es la de la reforma energética, y dudosamente el tema podría ser encerrado en el esquema de los ingresos y gastos del Estado, pero esa es la coartada que el PRI y el PAN pusieron al alcance de los ministros de la Corte para negarla. Y si llegase a aprobarse la consulta sobre la reforma energética, es previsible que también fueran aprobadas las otras, lo que también crearía un efecto de intrascendencia e irrelevancia, de choteo del ejercicio ciudadano, que eventualmente y campañas de distorsión mediante, afectaría la libre opinión de los ciudadanos sobre un asunto que sí es importante.
Es evidente que detrás de todas estas maniobras se halla el interés del gobierno federal y sus aliados panistas de generar condiciones nada más para que no pase la consulta en materia petrolera, a la cual se opone la mayoría de la población. Lo que no se sabe aún es cuál será la postura de la Corte, si cederá y legitimará la manipulación en curso o si mantendrá su independencia y privilegiará el interés nacional. En un mes y medio se despejará la incógnita.

Inundaciones: investigación interminable

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo el viernes pasado que habrá pronto un informe sobre el caso de las inundaciones ocurridas hace un año en Acapulco, y que habrá responsables. Es exactamente lo que ha dicho una docena de veces en sus frecuentes viajes a Guerrero, y nunca se ha cumplido el compromiso. Un dato que muestra que así será otra vez, es el anuncio hecho por el procurador del estado, Iñaky Blanco, de que las investigaciones en el ámbito estatal continúan pero aún no hay responsables.
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