Arraiga la PGR al general y al teniente coronel presuntamente vinculados con el narcotráfico

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República (PGR) arraigó ayer por 40 días al general retirado Ricardo Escorcia y al teniente coronel de Caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, investigados por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Ambos militares se suman al arraigo del general de división Tomás Ángeles Dauahare y al general brigadier Roberto Dawe González, acusados de presuntos vínculos con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
El arraigo contra los militares fue concedido a la PGR por un juez primero especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.
Con la medida cautelar, Escorcia y Hernández fueron trasladados de la SIEDO al Centro Federal de Investigaciones, ubicado en la colonia Doctores.
De acuerdo con fuentes de la PGR, la medida de retención fue concedida para que los militares sean investigados por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
La Procuraduría precisó que la investigación contra los generales fue iniciada en marzo de 2010, con base en testimonios de varios sujetos recabados un año antes y que se encuentran procesados; entre ellos, algunos militares.
En la investigación de la Procuraduría contra el general Ángeles Dauahare, un testigo colaborador lo acusa de recibir dinero de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, operador de los Beltrán Leyva, informó el abogado Alejandro Ortega Sánchez.
El testigo “Jennifer” le imputó recibir dinero de La Barbie, quien fue detenido por policías federales en el Estado de México en 2010.
El asunto, ha sostenido la defensa, es que no detalla cantidades ni fechas sobre esas entregas de dinero.
Se indicó que existe otro testigo que inculpa al general Ángeles de diversos delitos, pero sólo se dijo que se trata de un mayor del Ejército.
“Jennifer” es el testigo que ha sido base de la PGR y por quien se logró la detención en 2008 del entonces titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano.
La defensa de los militares, acusan, no ha tenido acceso al expediente sobre las investigaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado.