Xavier Carreto A.

¿Un gobernador improvisado o un estadista?

En su propósito de hacernos creer a los ciudadanos guerrerenses que él se ubica por encima de las circunstancias de un proceso electoral, en el cual no toma partido, y en donde existe la posibilidad de que la organización política a la cual pertenece pierda las elecciones y el poder en nuestra entidad, el gobernador René Juárez Cisneros ha instruido al representante del PRI ante el Consejo Estatal Electoral (CEE), Roberto Torres Aguirre, para presentar una queja administrativa ante esta instancia en contra de la directora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Patricia Toscana Suazo, a quien acusan los priístas por utilizar de manera ilegal “bienes y servicios públicos propiedad del gobierno del estado con fines electoreros”.

Es una acusación que a nadie engaña, pues si la funcionaria aludida es responsable de malversar recursos públicos, la solución está en manos del gobernador quien simplemente puede destituir o solicitarle la renuncia a la señora Toscana, ya que RTG es un organismo público descentralizado (opd) que forma parte del sector paraestatal al cual el mismo gobernador le asignó para el ejercicio fiscal 2004, recursos por 6 millones 918 mil pesos, según se lee en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, del martes 30 de diciembre de 2003.

Si la señora Toscana estuviera mal utilizando los recursos públicos, según lo indica el documento presentado ante el CEE por Torres Aguirre, entonces porqué para el ejercicio fiscal 2005 se propone un incremento en 800 mil pesos en el presupuesto a RTG, más de un 11 por ciento, de acuerdo con el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envío al Congreso el pasado 5 de noviembre. Algo no checa, diríamos los mal pensados, pues no está bien dar más recursos a una funcionaria para que los malverse.

El delito de la directora de RTG es hacer de la radio y televisión oficial una instancia abierta y plural que sirva a los ciudadanos guerrerenses y no sea más un canal de comunicación al servicio del gobierno y de su partido como siempre lo había sido. Esto será muy fácil de demostrar en una investigación, ya que afortunadamente los materiales difundidos por RTG están grabados y disponibles para su revisión. Esperaríamos de las autoridades electorales locales una investigación seria y honesta, la cual debe ser conocida por los ciudadanos.

Si de verdad el gobernador trabaja para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones, como aseguró al supervisar los trabajos de remodelación en Caleta y Caletilla, el pasado 4 de noviembre, entonces porqué su secretario de Gobierno da a conocer el pasado 12 de noviembre un documento de seis puntos, en el cual se comprometen los miembros del gabinete estatal en primer lugar a no obligar a sus subordinados a emitir su voto a favor de un partido o candidato; en el segundo, a no condicionar la prestación de un servicio de programas y obras públicas a la emisión del sufragio a favor de un partido o candidato; en el tercero, a no destinar fondos, bienes o servicios públicos al apoyo de un candidato o partido; en el cuarto, a no utilizar el tiempo laboral o el de los subordinados para asistir a los actos políticos o prestar servicios a un partido o candidato y los otros dos están en el mismo tono. Si en lugar de andar dando a conocer documentos como éstos que no se respetan y que sólo son un catálogo de buenas intenciones que no están dispuestos a cumplir, la fiscal especializada en delitos electorales debería aplicar de manera estricta el capítulo de delitos electorales del Código Penal del Estado de Guerrero, el cual de manera específica señala en el artículo 296, que se impondrán multas de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo diario general vigente en el estado y prisión de uno a nueve años al servidor público que: I.- Obligue a sus subordinados a emitir sus votos a favor de un partido político o candidato. II.-Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obra pública a la emisión del sufragio a favor de un partido político o candidato; o a la afiliación a un determinado partido político; o III.-Destine fondos, bienes o servicios que tenga a sus disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos al apoyo de un candidato o partido político, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado; o proporcionar ese apoyo a través de sus subordinados usando del tiempo correspondiente a sus labores para que ellos presten servicio a un partido político o a un candidato.

Ojalá la fiscal especializada empezará hacer su trabajo y nos informará porqué la Dirección General del Colegio de Bachilleres utiliza los vehículos a su disposición para trasladar a personas a la apertura de la campaña del candidato del PRI; nos dijera también porqué el Contralor de la Secretaria de Educación Guerrero amenaza con cesar a sus subordinados que se niegan a acudir a los mítines en apoyo del candidato priísta; asimismo, nos explicará porqué en la fachada de la biblioteca pública del municipio de Pilcaya hay propaganda del candidato Astudillo.