La CNDH con Soberanes mostró una actitud protectora al Ejército: Tlachinollan

 Reitera el Centro de Derechos Humanos de La Montaña su desaprobación al funcionario que ayer rindió protesta ante el Senado para seguir en el cargo cinco años más

 Jesús Trigo Tlapa  

El  Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan reiteró que desaprueba la ratificación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, quien ayer rindió protesta ante el Senado para ocupar el cargo por cinco años más, luego de que el 28 de octubre fue ratificado por esa misma Cámara.

El coordinador de defensa integral y asesor jurídico de Tlachinollan, Mario Patrón Sánchez, manifestó que la   perspectiva de este centro, igual que la mayor parte de las organizaciones civiles de derechos humanos es que “no existe   un procedimiento claro” para analizar las candidaturas para la Presidencia de la CNDH, y por lo tanto, la ratificación de Soberanes no se fundamentó en un análisis sustancioso del trabajo que hizo en los cinco años. Así, afirmó el abogado, la ratificación del ombudsman termina siendo enteramente una decisión política, y no una decisión técnica con base en resultados en el quehacer de los derechos humanos.

Recordó que antes de la ratificación de Soberanes, Tlachinollan envió un oficio  a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República manifestando que no se le debería ratificar en el cargo, y pidiendo que se garantizara trasparencia en el procedimiento.

Afirma que “Soberanes no era el candidato ideal, dado el poco resultado en su periodo” en la defensa de los derechos humanos. Asimismo, criticó que los anteriores presidentes de la CNDH hayan utilizado esta función para ocupar después puestos en el gobierno, como Jorge Carpizo y Jorge Madrazom que después fueron procuradores de la República, y Mireille Rocatti que después fue magistrada en el estado de México.

Con base en la experiencia de Tlachinollan en Guerrero, particularmente en defensa de los derechos humanos de indígenas contra violaciones cometidas por el Ejército, el abogado Mario Patrón afirma que se ha demostrado claramente que la CNDH tiene una actitud protectora de las fuerzas armadas, que deja sin posibilidad de justicia a las víctimas de las violaciones.

Precisó que en todas las quejas que presentó Tlachinollan, la CNDH se ha negado a manifestarse sobre el tema de la jurisdicción militar, que es lo que impide a las víctimas acceder a la justicia y lo que asegura la impunidad para los militares.

Patrón Sánchez remarcó que es claro que cuando los violadores de los derechos son miembros del Ejército, no puede haber independencia ni imparcialidad                                     cuando los violadores son juzgados por la justicia militar, y de hecho en varios de los casos ha quedado claro que de antemano hay una negaciación del Ejército a asumir cualquier responsabilidad.

El abogado recordó los casos de las indígenas me’phaa, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por militares en febrero y marzo de 2002, en las comunidades de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, y Barranca Tecoani, municipio de Ayutla. En estos casos, la CNDH avaló que las investigaciones sean hechas por autoridades militares, y en sus informes da más credibilidad a los informes del Ejército que a las víctimas.

También señaló el caso de Eric Chavelas, reportero gráfico del periódico El Sur, que el 26 de agosto de 2003 acudió a Caxitepec, municipio de Acatepec, a cubrir una denuncia pública que hicieron los ciudadanos de la comunidad porque elementos castrenses habían maltratado a mujeres me’phaa. Cuando estaba cubriendo los hechos, el coronel Vallejo Malibrán le impidió tomar fotografías y grabar sus declaraciones.

Chavelas presentó una queja, con número de expediente 211-4/2003, donde ofreció un video que acredita la conducta del militar, así como fotografías y testimonios. Sin embargo la CNDH dio mayor valor al informe que rindió la Secretaría de la Defensa Nacional y resolvió que no había violaciones a derechos humanos del periodista. Con esto se demostró una conducta protectora de las fuerzas armadas.

Lo mismo ocurrió con la queja del coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, quien presentó una queja contra militares por actos intimidatorios y privación ilegal de la libertad ocurridos el 23 de enero de 2004 en un retén en un camino de Ayutla. En este caso también la CNDH otorgó mayor valor probatorio al informe de la Sedena, donde se decía que se le había detenido a Campos Herrera por sospechoso ya que iba a alta velocidad y con música ruidosa.

Otra queja es la que presentaron Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, Fortunato Priciliano Sierra y Petra Manuel Modesto, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, porque en febrero de 2004 los militares establecieron un campamento muy cerca de Barranca de Guadalupe y Barranca Tecoani, y apuntaron con las armas a campesinos a quienes les robaron su cosecha además de que los insultaron y amenazaron.

Lo que contestó la CNDH es que no hay pruebas para acreditar las violaciones a los derechos humanos, aunque este organismo no acudió al lugar de los hechos para investigar lo ocurrido y recabar testimonios y pruebas.