La inseguridad, porque fallan la SSP y la PGJE, dicen diputados de oposición

 El próximo gobernador debe asumir el compromiso porque la seguridad “no es un lujo sino un derecho”, afirman legisladores del PRD, PAN y PRS en tribuna

El tema de la “incipiente” inseguridad pública en Guerrero muestra que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la PGJE no hacen su trabajo con “esmero” y “responsabilidad” y el próximo gobernador debe asumir el compromiso porque la seguridad “no es un lujo sino un derecho”, aseguraron los diputados del PRD, PAN y PRS.

Y es que el diputado perredista José Jacobo Valle llevó a tribuna como comentario el tema de la inseguridad pública, y recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar a todo ciudadano el pleno disfrute de los derechos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

José Jacobo Valle reconoció “los esfuerzos” de las autoridades federales, estatales y municipales para la procuración de justicia, pero acotó que “falta mucho por hacer” en materia de cooperación “y la política de seguridad diseñada por el gobierno estatal no ha logrado los objetivos planteados, pues en las últimas fechas los guerrerenses hemos sido objeto de inseguridad que nos hace víctimas fáciles de gente sin escrúpulos que no le importa causar daño y dolor a las personas”.

Recordó el diputado perredista hechos violentos como los ocurridos en Zapotitlán Tablas y Apaxtla, con el asesinato de personas, y demandó justicia.

Luego aseguró que eso hace pensar que hay un “vacío de poder”, sobre todo en la región de La Montaña “con pueblos sin ley, donde domina el más fuerte y quien mejores armas tiene (y prevalece) la justicia por mano propia”.

En ese sentido, José Jacobo Valle exhortó a los candidatos a gobernador a que quien sea electo tome el problema de la inseguridad “como un problema de carácter grave y unas de sus tareas prioritarias sea el combate a la delincuencia organizada”.

Las autoridades no cumplen con su cometido: PAN

Por su parte, el diputado del PAN, David Tapia Bravo, se unió a la reflexión del perredista y y dijo que los asesinatos ocurridos en Apaxtla, Ayutla, Zapotitlán y Juan R. Escudero “son motivo de preocupación entre los                                     guerrerenses, pues se crea una sensación de incertidumbre que les hace temer por su integridad física”.

Dijo que a la diputación del PAN en Guerrero le queda “claro” que las autoridades responsables de velar por la tranquilidad y la paz social en la entidad no están haciendo su trabajo con el esmero y la responsabilidad”.

El panista dio cifras y señaló que en 2003 el 50.4 por ciento del total de los crímenes registrados                                     en el país pertenecen a el grupo de dolosos, pero ha habido entidades, entre otras Guerrero, en donde la proporción ha sido mayor.

Agregó que las entidades con menos delitos graves son Yucatán, con apenas 25 por ciento, y Oaxaca y Chiapas, del 39 al 39.4 por ciento.

Por ello David Tapia concluyó que “en una primera instancia que la incidencia de este grave delito, en el caso de Guerrero (crímenes dolosos), explica la indolencia en el desempeño que han tenido los responsables de la seguridad pública, como son el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (primero Luis León Aponte y ahora Arturo Lima Limón) y de la PGJE (desde inicio del sexenio de René Juárez Cisneros, Javier Vega Memije, Rigoberto Pano Arciniega y actualmente), Jesús Ramírez Guerrero.

Finalmente, el panista anunció: “en consecuencia creemos que debemos hacer un extrañamiento a los encargados de estas dependencias del gobierno estatal para que realicen sus responsabilidades con mayor prestancia y eficiencia”.

El tema debe analizarse con el presupuesto del 2005: Gloria Sierra

La diputada Gloria Sierra López utilizó su participación en el presupuesto para 2005.

Allí, respondió al diputado del PAN, David Tapia Bravo, que el asunto de la inseguridad pública no sólo debe ser una preocupación de los diputados, sino una “ocupación” para exigir que las autoridades correspondientes comparezcan ante el Congreso local para explicar sus acciones y programas en materia de seguridad pública.

Acuso que es el Congreso local el que no ha asumido su papel –y aunque no era el tema–, y que han dejado pasar “ilegalidades” como el nombramiento de funcionarios en la Auditoría General del Estado (AGE) y que el tema de la seguridad pública debería ser analizado en la revisión y análisis del presupuesto de egresos del 2005.

Gloria Sierra retomó el asunto de la AGE porque en otro punto del orden del día la diputada del PRI, Alicia Zamora, propuso asignarle más recursos adicionales.

Eso –dijo la diputada por el PRD– no debía ser porque el órgano fiscalizador del Congreso del Estado ya recibe 36 millones de pesos del gobierno del estado, más los 12 que envía la federación a través de recursos del Ramo 33.

Dijo la diputada por el PRD que mejor esos recursos deberían canalizarse al rubro de seguridad pública, y que sólo queda en evidencia que el PRI se encuentra “ahorcado” en materia de fiscalización y por ello quieren inyectarle dinero a la AGE, cuando debe pensar en “proteger a las y los ciudadanos”.

Por su parte, el diputado Heriberto Noriega Cantú subió a tribuna para reprochar a los diputados el no esperar verse involucrados en ajusticiamientos o secuestros para tocar el tema, porque ha sido una demanda   de diferentes sectores sociales que exigen que en el Congreso local se atienda el tema de la “inseguridad incipiente”.

También criticó que los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la PGJE justifiquen cuando hay un crimen que es “un hecho aislado o asuntos del narcotráfico o de reyertas personales”.

Por eso enfatizó que la seguridad pública “no es un lujo sino un derecho ciudadano”.