Rosario Herrera Ascencio

Presupuesto para el campo y el medio ambiente

El área de desarrollo rural y medio ambiente de Grupo Parlamentario del PRD hizo diversas propuestas para el Programa Especial Concurrente (PEC), que es la parte del presupuesto del sector donde se concentran la mayor cantidad de programas que tienen impacto directo en organizaciones productivas, campesinos y productores diversos.

Al momento de enviar estas líneas el debate en torno al presupuesto de egresos de 2005 seguía en la Cámara de Diputados federal, pero allí llegamos con la idea de dar prioridad a los programas que fortalecen el desarrollo rural en su vertiente productiva frente a aquellos destinados a asistencia social. La proporción que deben mantener las vertientes del presupuesto destinado al campo son: 55 por ciento a la vertiente productiva, 40 a la vertiente social y 10 a la vertiente ambiental.

Destinar una mayor proporción del PEC a las regiones geográficas que tienen mayor rezago. Para ello se propone distribuir el 60 por ciento del PEC entre las entidades con mayor rezago rural y el 40 a las entidades con mayor desarrollo rural relativo.

Lograr una distribución que supere la brecha existente entre los diferentes tipos de productores. La distribución de la vertiente productiva del PEC 2005 debe destinarse en un 70 por ciento a los pequeños y medianos productores agropecuarios, forestales y pescadores y el 30 a los grandes productores. Además, el programa Alianza para el Campo debe destinar el 80 por ciento de los recursos a los productores del sector social integrado por ejidos, comunidades agropecuarias, pesqueras e indígenas y pequeños colonos y el 20 a otros productores.

Para disminuir la desigualdad entre grupos desfavorecidos, el PEC 2005 deberá incrementar 50 por ciento los programas destinados a las mujeres, a los pueblos indios y a los jóvenes.

Establecer los mandatos presupuestales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) 2005 para la eficiencia, eficacia y transparencia del PEC. Sobre este asunto nuestra propuesta es reformar el artículo 45 para que la Cámara de Diputados siga siendo el ente que evalúe los programas federales sujetos a reglas de operación, a través del Grupo de Trabajo instalado para tal fin, en concordancia con Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable. Asimismo, estamos impulsando la propuesta de modificaciones al artículo 28 del DPEF que limita la facultad del Ejecutivo para hacer reasignaciones hasta por un 10 por ciento. Antes la única obligación del Ejecutivo era informar cuando las reasignaciones superaran el 10 por ciento propuesto, con lo cual se afectaba arbitrariamente el desempeño de muchos programas del sector.

En concreto, lo que estamos proponiendo es: para el Sistema financiero rural, mil 500 millones, que incluye al sistema nacional de garantías: mil millones; sistema de pagadurías rurales vinculado a remesas: 250 millones; creación y fortalecimiento de instituciones financieras rurales: 250 millones.

Asimismo, se requiere etiquetar en el Sistema Financiero Rural un fondo de garantías líquidas para permitir el acceso al financiamiento destinado al Programa de recuperación de acuíferos mediante la sustitución de equipos electromecánicos y tecnificación de riego que administran la SHCP y el FIRA.

Programa de bioseguridad para el fortalecimiento institucional y de la red de laboratorios de investigación y monitoreo de bioseguridad, 100 millones (programa nuevo)

Otorgar al programa de mujer en el sector agrario (Promusag) 100 millones de pesos. Para infraestructura hidroagrícola en estados del altiplano y sur-sureste 3 mil 700 millones.

Aumentar el monto de los recursos destinados al sector pesquero en 5 mil 500 millones para fortalecer los Programas productivos pesqueros, Alianza para el campo en el subprograma de Integración de cadenas agroalimentarias y de pesca y del subprograma de Pesca y acuacultura; Fondo de Combate a la Pobreza destinado a los pescadores; Conapesca en sus programas de Acuacultura rural; Inspección y vigilancia; Programa de restauración de esteros y lagunas y Capacitación y fortalecimiento técnico del sector pesquero; Apoyo a la adquisición de equipos y artes de pesca, entre otros.

Asimismo, integrar un fondo de compensación complementario para garantizar un apoyo del 50 por ciento al precio del diesel agropecuario y la gasolina para pesca ribereña sobre precio al público. Para esto se requiere una bolsa de 2 mil 500 millones de los cuales se tendrían mil 700 millones vía el Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS), por lo que se requiere la cantidad de 800 millones para diesel agropecuario y 400 millones para gasolina para pesca ribereña.

Establecer un Programa de rescate y reestructuración de adeudos del consumo de energía eléctrica 2004 por la cantidad de 500 millones similar al ejercido en 2003 producto del Acuerdo Nacional para el Campo.

VII Censo Agropecuario: mil 300 millones. Caminos rurales en 10 estados con mayor rezago: 4 mil millones.

Agua potable en regiones rurales de alta y muy alta marginación: mil millones. Programa de frijol con un monto de 2 mil millones para fortalecer este cultivo.

Programa especial para el rescate y recuperación de las plantaciones de olivo con un monto de 3.75 millones para preservar este cultivo. Cadena productiva agave-mezcal con un monto de 250 millones para preservar este cultivo.

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes): mil 217 millones. Programa Opciones productivas de Sedesol: mil millones.

Programa de vivienda rural: 900 millones.

En cuanto a medio ambiente estamos proponiendo para el Programa de Conservación Indígena de la Biodiversidad (Conabio) 12 millones. Al programa de apoyo a la comercialización de productores forestales: 100 millones. Al programa de empleo temporal (Semarnat) 15 millones. Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) 600 millones. A la Promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable: 100 millones de pesos. Prevención y combate de incendios forestales: 400 millones. Monitoreo y Vigilancia en materia de Calidad de Playas de Recreación: 100 millones.

De aprobarse estas propuestas se atenuaría en mucho el castigo presupuestal que el Ejecutivo federal trata de imponer al sector rural.