Incumple el Estado su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas, critican

*En foro en la Cámara de Diputados exigen organizaciones sociales que el gobierno se comprometa a armonizar las leyes con los ordenamientos internacionales. Demandan también la liberación de los presos de la CRAC y de Suástegui

Los asistentes al foro Diagnóstico sobre la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en México concluyeron que a 7 años de su adopción el Estado ha cumplido de forma “parcial” ese compromiso, porque no ha armonizado las leyes y es necesario que en la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comprometa a concretar las acciones, crear un mecanismo que monitoree los nuevos compromisos, y a hacer una reforma constitucional, informaron el diputado federal y secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, Carlos de Jesús Alejandro, y la integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Martha Sánchez Néstor.
Afirmaron que otro de los temas expuestos en el foro fue que no se puede seguir criminalizando la lucha social en Guerrero en defensa de la tierra, los territorios, los recursos naturales y las formas de gobierno en las comunidades.
Asimismo, pidieron la liberación de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como Nestora Salgado García, y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y anunciaron que llevarán sus casos a la Con-ferencia Mundial de los Pueblos Indígenas del martes y el miércoles próximos en la sede de la ONU en Nueva York.
Ayer durante seis horas, organizaciones sociales, investigadores, representantes de la ONU e instituciones participaron en el foro realizado en el lobby de la Cámara de Diputados en la ciudad de México, para hacer un recuento y elegir los temas que abordarán en la Conferencia.
En declaraciones telefónicas, el diputado federal del PRD, Carlos de Jesús Alejandro dijo que las voces coincidieron en que ha habido un “cumplimiento parcial”, principalmente en la obligación de hacer adecuaciones legislativas para armonizar las constituciones federal y locales con los derechos humanos de los indígenas reconocidos internacionalmente.
“No estamos pidiendo los pueblos indígenas ni más ni menos que el Estado mexicano no haya reconocido al ser parte del sistema de Naciones Unidas y al haber adoptado esta declaración, y puesto que nuestro país jugó un rol importante de liderazgo, de acompañamiento de estos planteamientos”, sostuvo de Jesús Alejandro.
Recordó que en 2001 se reformó la Constitución para reconocer los derechos mínimos, pero quedaron “muchos pendientes”, como el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, que quedó “con candados” para que los estados actuaran dependiendo de la situación y “jamás se avanzó en estos temas”, además de que no fueron reconocidos como sujetos de derecho público, plenos, con vida propia, sino sólo como entidades de interés público, como si fueran una institución.
Agregó que tampoco se garantizó el derecho a la representación política ya que sólo se les dio la capacidad de tener representación en los ayuntamientos, además de que sólo tienen derecho a “acceder” a los medios de comunicación pero no operarlos y administrarlos, lo que tampoco se agregó en la reforma de telecomunicación.
Dijo que tampoco se cumplió con el derecho a la educación intercultural, porque en Guerrero no tienen recursos presupuestales aunque están reconocidas oficialmente, o como la Unisur, que no se ha reconocido a pesar de los compromisos gubernamentales y es financiada por las autoridades.
Afirmó que ante la reforma energética que pretende legalizar el despojo, también coincidieron en el foro en que se debe garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas para los grandes proyectos y más aún con la entrada de las empresas trasnacionales en los territorios.
El diputado aseguró que otra de las conclusiones es que en el documento final que entregarán en la ONU se incluya la exigencia de que las naciones y el Estado mexicano asuman compromisos claros para la armonización, para llevar a la acción los compromisos firmados y que no quede en “meras posturas declarativas” sino afirmativas.
Dijo que también plantearon a la Secretaría de la Gobernación que se instale de manera inmediata una mesa plural interinstitucional para comenzar la redacción de la reforma pendiente y la ley del derecho a la consulta.
Finalmente, afirmó que el Estado mexicano debe ser congruente con los recursos económicos asignados para garantizar la implementación de acciones para los derechos de los pueblos indígenas, y que en la Cámara de Diputados buscará asignar mayor presupuesto a las 14 instituciones públicas federales incluidas en el Presupuesto de Egresos de 2015, que este año recibieron 67 mil millones de pesos, pero que transparenten los recursos porque los usan “a discreción” y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) propuso que el próximo año se le entreguen 100 millones de pesos menos en lugar de pedir un incremento.
Por su parte, Sánchez Néstor detalló que asistieron organizaciones, académicos y activistas de diferentes estados e indígenas de otros países como Cuba y Guatemala, además de representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC, para abonar al posicionamiento de los delegados que estarán en la Conferencia Mundial.
Coincidió en que tras 22 años de lucha la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas representó un avance, así como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos emblemáticos, como los de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, aunque todavía hay muchos desafíos y retos que incluyan la historia de los pueblos indígenas y sus derechos, traductores, a las parteras indígenas, y que se cristalicen a la par de un presupuesto equiparado a la realidad social y de alta marginación que viven.
Dijo que también exhortaron a los tres niveles de gobierno para que haya congruencia entre la política internacional y la implementación a nivel nacional, para que se concrete una reforma que cobije los derechos colectivos y no sólo los individuales, y reconoció el trabajo del diputado federal.
Aseguró que algo que se repitió es que no tendrían que mirar la Conferencia Mundial como un punto de llegada sino como un punto histórico para que después se concrete un plan de acción para los pueblos indígenas, “con presupuesto, compromisos de voluntad política y marcos mucho más organizados para lograr avances en educación, en acceso a la justicia, tierra y territorio, el derecho a la consulta y por supuesto la participación política”, y que se cree un mecanismo para que monitoree los nuevos compromisos que se asuman la próxima semana. (Redacción / Acapulco).