La decisión de la baja del subdirector de Desarrollo Urbano es del alcalde: Soberanis

*López Rosas dice que el caso se turnará a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a Contraloría. El secretario de la Seduope desconoce si el miércoles Domitilo Soto fue expulsado del Colegio de Arquitectos por falsificación de documentos

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras municipal, Orlando Soberanis Vargas, señaló que la decisión de la expulsión del subdirector de Desarrollo Urbano, Domitilo Soto, sólo la tomará el presidente municipal, Alberto López Rosas, quien aseguró que el caso se turnará a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a Contraloría para determinar el cese del funcionario.

De acuerdo con el Artículo 44 del Reglamento de Construcción del Municipio, Domitilo Soto no cumple con dos requisitos para ocupar un puesto de confianza, le cuestionó un medio de información a López Rosas, quien dijo: “lo cierto es que todos tienen derecho a la defensa”.

Consultado ayer al termino de la ceremonia de inauguración de la quinta Reunión Anual de Comisiones Consultivas del Infonavit, López Rosas informó que el caso se turnará a Contraloría en los próximos días y el dictamen que esta dependencia emita determinará la permanencia o cese del subdirector de Desarrollo Urbano.

El declaraciones a los medios de información en una gira de trabajo del alcalde en el Fraccionamiento Las Playas, Soberanis Vargas dijo que desconoce si el miércoles Domiltilo Soto fue expulsado del Colegio de Arquitectos por falsificación de documentos en una sesión, sin el registro como Director Responsable de Obra (DRO) y el no pertenecer a un cuerpo colegial no puede desarrollar sus función en la Seduope, donde labora.

Soberanis Vargas añadió que el DRO es sólo un convenio y que éste no determinará si continua desempeñando su trabajo porque cuenta con un título universitario que lo respalda y necesitan comprobar que efectivamente incurrió en la falsificación de documentos.

Sobre la clausura efectuada en perjuicio de ejidatarios de Plan de los Amates que El Sur publicó el miércoles, explicó que se debió a que no cuentan con las licencias de funcionamiento y que la cancelación no se deben a una selección discriminatoria como lo suponen los afectados.

Señaló que los ejidatarios antes de construir debieron haber hecho los trámites correspondientes, como el deslinde catastral, el cambio de uso de suelo para obtener la licencia de construcción, y como carecen de estos trámites se clausuraron los muros que los ejidatarios edificaban, “no los restaurantes”. (Daniel Velázquez Olea).