Desistir de la acción penal contra líderes de comerciantes de Tlapa, piden a la PGJE

 Se reúnen dirigentes estatales del PRD y el diputado independiente, Enrique Ramírez con el subprocurador Antonio Nogueda

 Zacarías Cervantes Chilpancingo  

Dirigentes estatales del PRD y el diputado local independiente Enrique Ramírez pidieron ayer a la Procuraduría General de Justicia del Estado el desistimiento de la acción penal para 15 líderes de comerciantes y del PRD de Tlapa, por el desalojo y la protesta efectuados el 15 y 16 de octubre en ese municipio.

Esto porque los líderes tienen órdenes de aprehensión y averiguaciones previas en su contra por diversos delitos derivados de la manifestación.

El presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte Jiménez; el secretario del de Movimiento Social del Comité Estatal de ese partido, Víctor Aguirre Alcaida, y el diputado local independiente Enrique Ramírez García acudieron ayer a la Procuraduría para hacer la solicitud.

Entrevistado al salir de la reunión que sostuvieron con el subprocurador de Procedimientos Penales, Antonio Nogueda Carvajal, Aguirre Alcaida denunció que el problema de los comerciantes de Tlapa que han sido desalojados en dos ocasiones por el alcalde Rufino Vázquez Sierra aún no se resuelve, pero que la PGJE da celeridad a dos averiguaciones previas contra los líderes de los locatarios y del PRD municipal que se solidarizaron con el movimiento.

Dijo que por una de las demandas que presentó el Ayuntamiento que preside el capitán retirado del Ejército Mexicano, Rufino Vázquez Sierra, ya liberaron tres órdenes de aprehensión contra los de comerciantes Pablo Méndez y Antonio Rodríguez Romano, así como el secretario de Asuntos Electorales del Comité Municipal del PRD en Tlapa, Victoriano Wences Leal.

Los líderes están acusados por el delito de lesiones en agravio del funcionario municipal Noé Cantú, quien fue golpeado por los vendedores el 15 de octubre durante el desalojo de las calles que invadían, a donde se trasladaron después de ser retirados de las márgenes del río Jale.

Aguirre Alcaida informó que también hay otra averiguación previa contra otros 12 comerciantes por el bloqueo del 16 de octubre, cuando protestaron por el desalojo que sufrieron el día anterior.

Plancarte Jiménez denunció que “es inconcebible que mientras el alcalde Vázquez Sierra aún no resuelve su demanda de concluir el nuevo centro de abasto y así ellos dejen de pagar 75 mil pesos por la renta de un centro social donde están actualmente establecidos, la Procuraduría agiliza las denuncias penales contra ellos.

Aguirre Alcaida informó que en la reunión que sostuvieron con Nogueda Carvajal éste les ofreció garantías de que la dependencia no actuará al margen de la ley.