Xavier Carreto A.

 De buenas intenciones…

Dice la sabiduría popular que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Estas líneas serían las que mejor expresarían las manifestaciones de los dirigentes de partidos políticos, diputados locales, Ejecutivo estatal, alcaldes, entre otros, por suscribir un convenio de colaboración y civilidad para que los recursos públicos no sean utilizados en el proceso electoral del 6 de febrero de 2005, que servirá para elegir al próximo gobernador del estado para el periodo 2005-2011.

Una cosa es la intención por buena que parezca y otra es la realidad que vivimos en esta entidad cada vez que hay comicios para elegir a nuestros gobernantes. De poco sirve que se firmen estos convenios y se integre una comisión especial de diputados locales, con representantes de todos los partidos políticos con presencia en el Congreso, si en esencia no se respeta el espíritu de estos acuerdos, pues los recursos del erario público se siguen utilizando aunque expresamente lo prohíbe la ley.

La explicación del por qué se reitera esta práctica de utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o financieros para favorecer a determinados partidos o candidatos, de manera señalada a los integrantes y aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, es resultado de la impunidad que ha existido, es decir que, aunque hay sanciones legales para castigar a quienes cometen estos delitos electorales, lo cierto es que quien delinque en este ámbito no tiene el castigo que establece la ley. Es por eso que diputados locales, por ejemplo, utilizan los recursos a su servicio como sus propias oficinas en el Congreso, teléfonos, personal que los apoya en sus tareas legislativas, material de oficina, etcétera, para convocar a reuniones o tratar cualquier asunto relacionado con el apoyo al candidato de su partido vía telefónica, sacar fotocopias, enviar a sus chóferes a entregar propaganda, entre otros hechos ampliamente documentados. Destacan por estas acciones enumeradas los legisladores priístas.

Obviamente los legisladores no son los únicos que cometen estas actividades ilícitas, sino de manera abierta y sin recato algunos los funcionarios del gobierno estatal, particularmente quienes forman parte de la Secretaría de Educación Guerrero, que obligan a los trabajadores adscritos a esa dependencia a concurrir a mítines, marchas o cualquier otra tarea para apoyar al candidato a gobernador del PRI; mediante amenazas de despido. Es en esta secretaría en donde también existen un gran número de personas que no realizan acción alguna a favor de la educación de los niños y jóvenes guerrerenses, pero sí cada quincena reciben un ingreso para que en los tiempos electorales apoyen al PRI a ganar elecciones. Existen casos concretos como las aproximadamente 400 personas, conocidas por integrar la lista negra, que cada quince días acuden a las oficinas de la Subcoordinación de Servicios Educativos Acapulco-Coyuca, con sede en esta ciudad, por la noche a cobrar sus cheques.

Otros ejemplos más en este sentido, son los casos de funcionarios públicos; magistrados; delegados federales que asisten a eventos partidistas en horarios de trabajo, utilizando los vehículos oficiales a su cargo.

A todos ellos no los intimida el hecho que, con las recientes modificaciones legales, se haya creado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado, porque saben muy bien que la persona nombrada por los diputados, a propuesta del Ejecutivo, no actuará en contra de estos funcionarios, pues se trata de una abogada vinculada estrechamente a la estructura gubernamental en su trayectoria profesional que le impide afectar a sus compañeros de partido. De poco servirán los cerca de 13 millones de pesos que aparecen asignados a esta oficina en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2005, si no habrán de cumplirse a cabalidad las funciones para las cuales fue creada esta Fiscalía especializada, igualmente serán recursos públicos, como los utilizados indebidamente en este proceso electoral, sin beneficio para nuestra sociedad.

En nuestra experiencia que hemos tenido como sociedad con la firma de estos llamados pactos de civilidad, convertidos en catálogos de buenas intenciones, nos quedamos con la opinión del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Raúl Calvo Sánchez, cuando se le preguntó, si los miembros de este tribunal firmarían este pacto, consideró que no es necesario porque el perfil del Poder Judicial es el respeto pleno a la ley, como debería ser para los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, asimismo para el resto de los actores políticos involucrados en este proceso electoral.