Arturo Solís Heredia

CANAL PRIVADO

  La sociedad mediática  

El 3 de noviembre de 1920, la KDKA, radiodifusora de Pittsburgh, Pennsylvania, difundió los resultados de la carrera presidencial de ese año. Esa fue la primera transmisión significativa de noticias por radio en la historia de ese medio. El enorme impacto social que tuvo el evento provocó que, al siguiente año, los norteamericanos gastaran 10 millones de dólares en receptores y que, en 1922, cerca de 500 estaciones comenzaran a transmitir programas de noticias, marcando el inicio de la era de la información masiva.

El primer canal comercial de televisión en México y América Latina se inaugura el 31 de agosto de 1950. Un día después, el primero de septiembre, se transmite el primer programa: la lectura del IV Informe de Gobierno del entonces presidente Miguel Alemán Valdés, a través de la señal del canal 4 de la familia O’Farrill.

Diez años mas tarde, el 26 de septiembre de 1960, 70 millones de estadunidenses sintonizan la transmisión del primer debate televisivo entre dos candidatos a la presidencia de ese país, el senador John F. Kennedy y el vicepresidente Richard Nixon. La fecha marcó la entrada oficial de la televisión en la política, logrando desde entonces un impacto significativo sobre los votantes. La experiencia influyó también para que, en los años siguientes, en Alemania, Suecia, Finlandia, Italia y Japón, se establecieran debates televisados, como parte esencial de sus procesos electorales.

Aunque en México el fenómeno es relativamente nuevo, en Estados Unidos y en Europa tienen ya cuarenta años estudiando los efectos de la televisión en la política; desde hace cuatro décadas, los ciudadanos de esas naciones se vieron forzados a repensar la manera en que la democracia funcionaría en la era de la televisión, a reflexionar hasta dónde modificaría no sólo los debates, sino toda la estrategia de las campañas electorales.

A pesar de ello, es claro que aun en esas naciones no se ha avanzado mucho. La reciente elección en Estados Unidos dice mucho de cómo las conciencias y hasta la percepción de la realidad inmediata de los electores, siguen expuestas y vulnerables a la manipulación e impacto de las capacidades electrónicas. La estrategia del miedo y de la reivindicación de los “valores morales” de Bush no hubiera trascendido sin la amplificación brutal de las pantallas televisivas.

La revisión de los antecedentes de la radio y la televisión, aun breve como la de los párrafos anteriores, evidencia también la estrecha relación que desde siempre ha existido entre los medios electrónicos y la política, entre los intereses de los gobiernos y los de los concesionarios. Para confirmar su vigencia permanente, sólo basta una mirada atenta al debate intenso que en los últimos meses sostienen los principales actores políticos y empresariales mexicanos, Bejarano y Ahumada incluidos.

Aunque la discusión es vacilante y tímida, algo es algo. Peor seria el silencio, la omisión, la parálisis; algo surge siempre cuando se argumenta, se exige, se señala, se propone. Algún cambio próximo tendrá que producirse, alguna reforma, algún avance se logrará en la búsqueda de mayor equidad, transparencia, racionalidad y sentido ético en el ejercicio mediático de la política.

Desafortunadamente, aunque de manera involuntaria, la enorme atención que este fenómeno ha recibido (un tanto improductiva, dicho sea de paso) de políticos, gobernantes, investigadores, analistas, periodistas y empresarios, condenó casi al olvido el análisis, comprensión y control de aquellos mensajes y programas radiofónicos y televisivos que no tuvieran contenidos políticos o electorales explícitos. Si acaso, en algunos regímenes y en épocas determinadas, esos segmentos se sometían a una censura moralina y autoritaria. Pero sólo honrosas excepciones se preocuparon por estudiar el impacto y los efectos socioculturales de los medios electrónicos sobre la sociedad civil, sobre los niños, sobre los sectores de bajo nivel educativo.

Previsibles sin tregua, nuestros representantes populares, diputados y senadores, piensan que la única relevancia pública y social de los medios electrónicos tiene que ver con procesos electorales, topes de campaña, tarifas de promocionales y todo aquello que sienten en los medios como amenaza o rentabilidad política.

No se trata de subestimar la importancia ni de regatear la urgencia de legislar sobre esos asuntos. Qué bueno que se ocupen de ellos y mejor aún si cosechan reformas. Pero esa es sólo una parte de la tarea.

Los contenidos que la televisión privada ha ofrecido a los mexicanos desde su nacimiento, fueron y son planeados, diseñados y producidos de acuerdo con el gusto, necesidades e intereses de sus anunciantes. Los criterios comerciales (mercantilistas, para ser más precisos) han prevalecido siempre, o casi siempre, por encima de cualquier consideración en beneficio de los televidentes.

Como cualquier empresa, podrá argumentar alguno, su objetivo es el lucro, la ganancia, vender mucho a bajo costo. De acuerdo, el problema es que es indudable que la radio y sobre todo la televisión no son empresas cualquiera. A estas alturas, nadie discute la trascendencia y el enorme poder social que tienen los medios electrónicos. No son mueblerías, supermercados, ni farmacias; su relevancia pública las convierte en bienes públicos, en responsabilidad del Estado mexicano. Por eso son concesiones, propiedad de la nación.

Ningún esfuerzo de carácter público puede sustraerse de la influencia de los medios electrónicos. Mayor educación, mejor alimentación, atención y derecho a la salud, acuerdos sociales, más empleo, mejores ingresos, familias funcionales; nada ni nadie que pretenda elevar la calidad de vida de los mexicanos puede aspirar al éxito sin considerar la resistencia, la deformación o el apoyo de la radio y la televisión.

No es difícil entender algunas de las razones más importantes del deterioro social y ético de la sociedad mexicana, cuando vemos lo que la televisión nacional nos muestra todos los días. Ahí están los educadores y los temas a los que se expone la enorme mayoría de los ciudadanos. Ahí se construyen y se germinan valores, aspiraciones, identidad y autoestima. Ninguna otra institución, líder, gobernante o político puede aspirar siquiera a una cuarta parte de su audiencia y de su influencia social.

Olga Odgers, directora de la revista Frontera Norte, dependiente del Colegio de la Frontera Norte, advierte en su edición pasada del enorme perjuicio sobre el desarrollo y el nivel cultural de las comunidades hispanas en Estados Unidos, de la programación de Telemundo y Univisión: “Parece que quienes dirigen esas empresas piensan que los latinos somos idiotas, que no tenemos cultura, que no tenemos capacidad de discernir. Y no me refiero a sus noticiarios, que a pesar de su tendencia sensacionalista no son tan malos; el impacto más nocivo lo producen sus telenovelas, sus series cómicas, en general, sus programas de entretenimiento. Así será muy difícil que nuestras comunidades se sientan orgullosas de su identidad, que ganen mayor respeto y presencia en todos las esferas de la vida pública de este país”.

Creer que la única reforma que de verdad urge en los medios electrónicos tiene que ver con lo político-electoral, hacer a un lado la responsabilidad del Estado de vigilar y regular los mensajes y la calidad de lo que producen los medios, es dejar en manos muy cuestionables buena parte de la educación y la formación de los mexicanos.

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