Octavio Klimek Alcaraz

Río Bacanuchi

A través de los medios de comunicación nacional e internacional se ha dado a conocer el caso del derrame de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado, en el Arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora. Dicho derrame proviene de una represa que forma parte del procesamiento para obtener el mineral dentro de las instalaciones de la Mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (GM).
Conforme a la información de una presentación contenida en el sitio electrónico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la empresa notificó telefónicamente el derrame de 40 mil m3 de sulfato de cobre a la Profepa dos días después, el 8 de agosto (http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/presentacion_conferencia_derrame.pdf).
También se indica en la presentación de Semarnat, que “el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasía, imputable a la empresa.” Lo que es relevante es que en su notificación a la Profepa, la minera atribuye el derrame a lluvias en exceso, sin embargo se hace énfasis en que “los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (Conagua), demuestran que esto es absolutamente falso.”
La falta de control inmediato del derrame tuvo como consecuencia la contaminación del arroyo Tinajas (17.6 km), posteriormente del río Bacanuchi (64 km), para luego llegar al río Sonora (190 km), así como que fuera cerrada precautoriamente la Presa El Molinito, sobre el río Sonora, y que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo.
En muestreos del agua realizados para medir los niveles de contaminación derivados del derrame de la minera, se han encontrado metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles están fuera de las normas ecológicas, de salud y del estado de la calidad del río antes del derrame. La consecuencia de dicha contaminación es que la Conagua ha restringido el uso del agua en estos ríos y en 322 pozos y norias ubicadas a 500 metros de cada margen del río.
Respecto al tema de la salud humana, el miércoles 20 de agosto se tenían identificados cinco casos de personas con sintomatología asociada al derrame.
La Profepa se encuentra en la revisión del cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados y demás normatividad ambiental, incluyendo denuncias penales contra quien resulte responsable.
También la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha abierto procedimientos para identificar responsabilidades de la empresa en materia de salud.
A tal punto llego el escándalo del derrame, que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó la integración de una Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi. El pasado miércoles 17 de septiembre presentó dicha Comisión Especial, conformada de manera plural, su Informe (Anexo V, de la Gaceta Parlamentaria del miércoles 17 de septiembre de 2014).
Algunos datos relevantes adicionales que contiene el informe y que a continuación se citan son:
Al 3 de septiembre de 2014 existían por lo menos 5 mil 70 hectáreas siniestradas; 24 mil personas afectadas; 35 pozos de agua potable y los antes citados 320 pozos de uso agrícola y ganadero suspendidos. El impacto económico es aún incuantificable y estiman un monitoreo de contaminantes por lo menos de 5 años.
Se constató que la empresa minera actuó de forma inescrupulosa e irresponsable desde el primer momento, al no informar del derrame e incluso al ser sorprendida en fechas posteriores al derrame, según lo declarado por los funcionarios federales entrevistados por la Comisión Especial (Segob, Semarnat, Profepa, Economía, Sagarpa y Conagua), canalizando y bombeando las sustancias contaminantes al río.
Los funcionarios federales señalaron que ni el gobierno del estado de Sonora, ni la empresa minera han explicado en función de qué criterios se está indemnizando y otorgando recursos a la población afectada, siendo omisos también en reportar la cuantificación de los daños, y el origen de los recursos con los cuales se están resarciendo los daños a los sonorenses.
Los delegados federales expresaron que la empresa minera no ha llevado a cabo acciones urgentes y estructurales, como el retiro de la arena contaminada, pues se han limitado al envío de una sola cuadrilla para esparcir cal, cubriendo sólo un kilómetro del cauce, sin que se hayan visto con posterioridad más trabajos para llevar a cabo la restauración ambiental.
Se estima que al 30 de agosto, conforme a estimaciones de la CONAGUA, las afectaciones económicas de los habitantes de los ríos Sonora y Bacanuchi ascienden a 707 millones 823 mil 898 pesos (en sólo 24 días). Agregándose, que el monto total de los daños debe fijarse “en el orden de miles de millones de pesos, considerando lo que dejaron de percibir los pobladores y añadiendo las indemnizaciones, las multas del orden administrativo que deberá pagar la empresa minera, la responsabilidad civil y penal, así como las consecuencias en consumidores finales de productos de la región que hayan sido contaminados.”
Al respecto, debe comentarse que el gobierno federal informó el 11 de septiembre la creación de un Fideicomiso para la Atención del Derrame con un total de 2 mil millones de pesos aportados por el Grupo México.
Finalmente, el Informe de la Comisión Especial llegó a 10 resolutivos, estos fueron hechos suyos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que fueran aprobadas por el pleno. Al respecto la primera resolución recomienda la creación de un Fondo de Desarrollo Regional, solventado por la empresa, con un piso inicial de 5 mil millones de pesos. El resolutivo quinto recomienda suspender las actividades de la minera, así como evaluar la concesión otorgada a Grupo México.
Un servidor sólo puede comentar que no deben volver a suceder derrames como éste, y aplicar la ley a secas. Es primordial prevenir que otras empresas mineras en el país cumplan con las disposiciones de seguridad operativa e industrial básicas, para no tener problemas similares a los de la mina Buenavista del Cobre.