Tomás Tenorio Galindo

Persecución a las libertades

En el breve lapso de quince días, dos periodistas de El Sur han sido objeto de graves intimidaciones por su trabajo informativo. Hace ya dos años, otra periodista de El Sur había sido amenazada. Y hace algunos meses un periodista acapulqueño fue asesinado en circunstancias todavía no esclarecidas.

Se trata de actos de represión contra la libertad de prensa. En el inventario del equipamiento democrático, la libertad de prensa es uno de los bienes más preciados en cualquier sociedad. En consecuencia, la protección de esta libertad es una función primordial de los gobiernos.

El homicidio de Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta de Tijuana, envió al mundo el pasado 22 de junio la noticia de que México ha vuelto a ser escenario de feroces brotes de persecución contra periodistas. Similares acontecimientos han ocurrido en Tamaulipas desde hace algunos años; ahí, dos periodistas fueron asesinados este año, uno el 19 de marzo y otro apenas el 30 de agosto. Aquí, la muerte de Leodegario Aguilar, el periodista acapulqueño cuyo caso continúa sin ser resuelto, no parece estar siendo considerado por las autoridades como un caso de represión por motivos profesionales. Tampoco parece haber prisa ni mucho interés en que se aclare su muerte.

Los casos ocurridos en Baja California y Tamaulipas han sido motivo de atención nacional. Pero los casos de asesinatos de periodistas en Guerrero no suelen figurar en los reportes nacionales. Quizá porque se diluyen –o porque son diluidas– en las estadísticas de la violencia cotidiana que aqueja al estado. Entre los 580 asesinatos dolosos que registran las autoridades de Guerrero en lo que va del año, uno más de algún periodista no parece preocupar a ningún funcionario estatal. Pero eso es un error.

La existencia de estos hechos en algunas partes del país, y a nosotros nos concierne especialmente lo que suceda en Guerrero, son síntomas aislados pero serios de un padecimiento que se creía en retirada. México cuenta entre sus haberes una libertad de prensa firme y en expansión. Pero estos brotes señalan la persistencia de una callada intolerancia hacia el trabajo de los medios y de los periodistas.

El martes 26 de octubre fue hecho público un informe de la organización francesa Reporteros sin Fronteras, en el cual México aparece en el lugar 96 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que revisa a un total de 167 países. El año anterior México había ocupado el lugar 74.

De acuerdo con la explicación ofrecida por los autores de este índice, fue el asesinato del editor del semanario Zeta de Tijuana lo que impactó tan negativamente y redujo la calificación de nuestro país. Ahora, México está más cerca de Birmania, Corea del Norte y Cuba, señalados como las naciones con más casos de represión a la prensa, y cada vez más lejos de Dinamarca, Finlandia e Irlanda, que ocupan el primer lugar por el respeto que existe ahí a la libertad de prensa.

Es posible que nunca se sepa quiénes amenazaron de muerte al reportero Gregorio Urieta, y que nunca se castigue a quienes agredieron al reportero Jorge Nava, cuyos casos fueron denunciados por El Sur hace ocho días. Como ha sido imposible hasta ahora saber quiénes y en qué circunstancias asesinaron al periodista Leodegario Aguilera. Los autores de esos hechos han sido beneficiarios de la impunidad.

Un gobierno con sus prioridades definidas resolvería de inmediato todo ataque a la libertad de prensa. Sólo gobiernos con principios trastocados permiten que atentados de esta naturaleza permanezcan sin castigo. Como en cualquier otro delito, la impunidad alienta a los agresores y valida sus violentos métodos.

Una sociedad en la que se persigue la libertad de expresión es una sociedad inmadura. Resultaría contradictorio que mientras el país consolida su tránsito hacia la modernidad democrática, lo que supone una vida pública pacífica, Guerrero continuara viviendo en el pasado. Y atacar o permitir que la prensa sea atacada es una manifestación de atraso.