Propone Raúl Calvo que el gobernador no intervenga en la elección de magistrados

*Que los jueces de primera instancia asciendan por medio de una evaluación del pleno del TSJ, que propondrá una terna a la Cámara de Diputados y que ésta elija, sugiere el presidente del Tribunal

Magdalena Cisneros

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, indicó que en muchos estados del sur se trabajan en condiciones muy atrasadas en el sistema de impartición de justicia, y que varios están “estancados por falta de recursos y sin apoyo para salir adelante”.

En su ponencia durante el segundo foro La Reforma del Estado y el Estado de Guerrero,

titulada Proyecto de reforma para el Poder Judicial del Estado de Guerrero, Calvo Sánchez destacó la necesidad de que los magistrados ya no sean nombrados por el gobernador, sino que los jueces de primera instancia asciendan por medio de una evaluación del pleno del TSJ, que propondrá una terna a la Cámara de Diputados y que ésta elija.

En el foro, que se llevó a cabo en la Universidad Americana de Acapulco, el magistrado dijo que pocos estados han logrado avanzar en la solución de la impartición de justicia, pues la mayoría encuentran “serias dificultades para satisfacer plenamente los reclamos de justicia, en el mejor de los casos se puede decir que están estancados por falta de recursos”.

Criticó que el presupuesto asignado a los poderes judiciales limita mucho su actuación y crecimiento, “en la preparación profesional de su personal jurisdiccional, en el orden material de sus instalaciones y en el uso de la tecnología moderna para el servicio”, y advirtió que es preocupante que el presupuesto no alcance a cubrir “con decencia sus más urgentes reclamos”.

Sobre la carencia presupuestal, Calvo Sánchez mencionó que se han presentado diversas alternativas para su solución, como la aprobación de una partida compensatoria del presupuesto del Poder Judicial; la creación de un fondo para el fortalecimiento del Sistema de Impartición de Justicia Común, dentro del marco legal para la coordinación fiscal entre la federación, estados y Distrito Federal, que se destine para la infraestructura y profesionalización sobre todo.

Así como el establecimiento, por el Derecho Constitucional, de un porcentaje fijo del presupuesto de egresos general de cada entidad suficiente para atender todas las necesidades básicas.

Calvo Sánchez dijo que causa “grave daño” para la justicia de Guerrero la falta extrema de recursos económicos, por eso se elaboró un proyecto de reforma para el Poder Judicial que pretende una reforma constitucional que fije un porcentaje entre 2 y 3 por ciento del presupuesto general de egresos del estado y así garantizará “el fortalecimiento de su vida institucional”.

En el proyecto –agrega– se propone la supresión de la facultad del Ejecutivo del estado para nombrar magistrados y que sean los jueces del primera instancia quienes asciendan a magistrados”.

Primero –dijo– debe evaluar el pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual propondrá una terna de jueces a la Cámara de Diputados local para que sea ésta la que elija, “tomando en cuenta los datos de cada uno de los aspirantes que el Poder Judicial le haga llegar y los que recaben”.

Afirmó que sin la intervención del gobernador en la elección de magistrados, el Poder Judicial en Guerrero “se verá fortalecido y mejorará notoriamente la impartición de justicia”.

En el foro estuvieron el síndico Marcial Rodríguez Saldaña, en representación del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas; el rector de la Universidad Americana de Acapulco, Israel Soberanis Nogueda; y los coordinadores del foro, los magistrados Javier Cardoso Chávez y José Martínez Guzmán.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Margarita Luna Ramos, quien habló sobre efectos de la sentencia de amparo, y el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer circuito del Poder Judicial de la Federación, Rutilo Ernesto Guevara Clavel, quien habló sobre el amparo indirecto en materia penal, su concesión por razones de fondo, y que debe acarrear la inmediata libertad del quejoso.