Se entregarán 300 plazas este año, no 390 como dicen egresados: Pano

*El acuerdo político aplazó la calidad educativa, dice

*Informa que ahora el gobierno del estado está comprometido en conseguir un crédito por 30 millones de pesos para afrontar el gasto. Sugiere que el movimiento de los normalistas fue dirigido desde la Cámara de Diputados en San Lázaro

El secretario de Educación en Guerrero, Daniel Pano Cruz, aclaró que se otorgarán 300 plazas este año a egresados de las normales del estado, y no 390 como lo informaron el jueves los normalistas, y dijo que para cumplir con el compromiso, el gobierno del estado deberá conseguir un crédito de 30 millones de pesos.

En declaraciones durante una visita a la Redacción de El Sur, el funcionario expresó que al final de la jornada “se alcanzaron acuerdo políticos, que lamentablemente aplazaron la calidad educativa”, indicó.

Expresó que la solución al conflicto con los normalistas se hizo en aras de preservar la paz, la tranquilidad social y la gobernabilidad del estado.

Sin embargo, lamentó que se sigue dejando para la posterioridad la calidad de la educación.

Tras estos movimientos –insistió– existen intereses políticos que se movían desde el Congreso de la Unión, porque “desde San Lázaro se recibían llamadas telefónicas que orietaban a los normalistas cuáles eran los pasos a seguir”.

Observó que los normalistas agradecieron la intervención del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Salvador Martínez Della Roca, El Pino.

Agregó que la SEG no cuenta con los recursos financieros para sufragar el costo total de las 580 plazas que reclaman los egresados de normales y que por ello tanto él como la estructura de la SEG se oponen a otorgar plazas indiscriminadamente. “Nos resistimos a que de manera indistinta asignemos plazas a todo mundo, porque hemos encontrado cuando realizamos un examen de evaluación, que el resultado que arroja este examen de conocimientos revela porcentajes académicos inferiores a los que presentan en sus certificados de estudios”.

Citó como ejemplo a la escuela normal de Arcelia, porque “es la que se distingue con el mejor nivel académico, (…) y la escuela con el peor aprovechamiento académico o el más bajo es la de Ayotzinapa”, que sólo cubre el 40 por ciento de los días de clases que establece el calendario escolar, y planteó:             “qué podemos esperar de un profesionista de la educación, si sólo toma 80 de 200 días de clases, naturalmente el resultado es una deficiencia en su formación profesional”.

Mencionó que el gobierno del estado dispuso de una primera bolsa de 110 plazas “que significa una inversión de 11 millones de pesos” –porque cada plaza cuesta a la SEG 100 mil pesos al año– y que son las mismas que se sometieron a concurso por medio del examen de oposición. En la construcción de una segunda bolsa laboral se tenía pensado lograr primeramente 100 plazas; sin embargo se integraron 200 más, cuya suma “son estas 300 plazas”, que se ponen a disposición de los normalistas.

Asimismo dijo que en educación primaria no se requieren más maestros, “salvo en el subsistema de educación indígena que tengan el dominio de lenguas maternas”. Para ello este año se abrió en la Normal de Tlapa la licenciatura de Lenguas Maternas.

El año pasado, comentó el funcionario, el problema de la entrega de plazas se resolvió asignándolas en orden escalafonario, “los que tenían 10 (de calificación en sus estudios) salían primero y sucesivamente hasta otorgar casi 500 plazas, privilegiando los promedios escolares, pero no todos los promedios escolares corresponden a las capacidades intelectuales de los profesionistas, por tal motivo este examen, que se aplica en 18 entidades federativas”.

Destacó que se ha diseñado un proyecto de presupuesto para la SEG por 10 mil millones de pesos para el ejercicio 2005, con el que se pretende que el gobierno federal reconozca un poco más de 7 mil 200 plazas que ha contratado el gobierno del estado con recursos propios y por otro lado una reserva presupuestal que permita combatir el rezago en infraestructura educativa.

De igual manera recalcó que si se hiciera uso de las plazas vacantes por incidencias, “de los maestros que fallecen, de los que se jubilan, de los que piden licencias, de los que tienen permisos sin goce de sueldo, probablemente la SEG y el gobierno no tendrían que endeudarse”, porque de esta manera se asignarían a los maestros recién egresados; sin embargo expresó que “el gran impedimento es que el sindicato reclama el derecho hereditario al uso de estas plazas vacantes (…), prácticas que están incorporando actos de corrupción porque las venden o las traspasan”. (Citlal Giles).