Pedirá el Frente Popular a la Segob revisar los casos de activistas encarcelados e investigados

*Se llevará ese problema a la séptima mesa de trabajo con la dependencia federal, informa Antonio Colín, y menciona a Nestora Salgado, a Suástegui y a policías ciudadanos de la UPOEG. Indica que se pedirá la revisión de dos órdenes de aprehensión contra el dirigente de esta agrupación, Bruno Plácido Valerio

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Frente Popular para el Desarrollo del Estado de Guerrero tiene entre sus demandas la excarcelación de presos políticos para que no se permita la persecución de ninguna persona por encabezar movimientos sociales, informó el coordinador del Foro Permanente de Organizaciones Sociales (uno de los bloques del Frente), Antonio Colín Ramírez.
En consulta telefónica explicó que en la séptima mesa de trabajo que se acordó con la Secretaría de Gobernación, se pedirá la revisión de los casos de luchadores sociales como la coordinadora regional de la Policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suastegui Muñoz, presos en penales federales de Tepic, Nayarit, así como las averiguaciones previas contra integrantes de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acusados de secuestro por sus funciones de seguridad y justicia.
Detalló que de la UPOEG se menciona el caso de un integrante de la Policía Ciudadana por la detención de un gerente de banco en el sistema de seguridad y justicia comunitaria, a quien se le comprobó el mal uso de tarjeta de crédito.
Asimismo, indicó que se va a pedir la revisión de dos órdenes de aprehensión contra el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, de la que sólo se conoce una por daños, y posibles averiguaciones previas contra dirigentes que encabezaron el bloqueo en la autopista del sol, anterior a la reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en la ciudad de México.
Recordó que en el encuentro con el funcionario federal, Miranda Nava dejó muy claro que “nada fuera de la ley”, en alusión a las protesta en el estado para exigir la audiencia con el gobierno federal, pero añadió que las organizaciones no pueden permitir una persecución injusta de quien dirija acciones para mejorar.
Aclaró que esta solidaridad con los movimientos que tienen luchadores sociales encarcelados, es porque el Frente Popular está buscando el beneficio de todo el estado, sin ideología social, de partidos o religiosa.
Sobre la ausencia de funcionarios en el primer foro del Frente Popular para el Desarrollo el viernes en el Congreso local, consideró que es normal por la dinámica ágil de las organizaciones; “entendemos que porque realmente vamos al día, pero no decaemos en el ánimo, al contrario empujamos más fuerte”.
Confió que después de un par de reuniones con funcionarios estatales y federales, estarán en condiciones de presentar públicamente el anteproyecto de presupuesto participativo, donde intervinieron las organizaciones.
Independientemente del incremento que se logre para el campo, consideró que este trabajo debe servir para la buena coordinación entre dependencias estatales y federales, y que los 15 mil millones que están asegurados para el campo en 2015, lleguen a los pequeños y medianos productores.
Subrayó que la estrategia contra el hambre no ha funcionado porque las autoridades no se han puesto de acuerdo, siquiera en las comunidades que deben ser atendidas.
En otro ejemplo, indicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) y Sagarpa, trabajar cada una por su lado cuando deben tener una estrategia conjunta para proteger la cuenca del Papagayo, “todo eso va a evitar inundaciones”.
Asimismo, que las 40 mil toneladas de maíz que compra Diconsa al año, las traen a Guerrero de Sinaloa y Guanajuato, porque negociación se hace a nivel central en el gobierno federal. Los Granos para el estado se deben comprar a sus productores, con garantías de un precio justo.
Denunció que los productores locales de maíz, venden su producto a mitad del precio que se fijó el año anterior, y el próximo años se buscará un convenio con autoridades para que compren el maíz y respeten los precios de los mercados internacionales, como éste, aseguró que hay “infinidad de amarrares” que se pueden acordar a través de la concurrencia de recursos.
Sobre la infraestructura carretera, señaló que hubo muchas denuncias de obras de mala calidad, que con la primera lluvia, terminaron más baches que antes de su construcción; añadió que se harán todas las denuncias que sean pertinentes, si los funcionarios no tienen la disposición que ofreció la Segob,
Destacó que el ingrediente fundamental será la constitución de contralorías sociales en las comunidades, para que desde ahí se decidan las obras y acciones, y se les dé seguimiento para su correcta aplicación.