Carlos García Jiménez

BAJO EL ALA DEL SOMBRERO*

*Desafíos para el campo guerrerense

No obstante que el 40 por ciento de la población guerrerense vive y depende económicamente del campo, y que sus principales ciudades basan su actividad económica en la inmigración de la fuerza laboral rural (lo que hace de Guerrero una entidad eminentemente rural), este sector no es prioritario para los gobiernos federal y estatal.
Más aún, ahora con las recientes reformas constitucionales –principalmente la energética que impone la extracción de petróleo, gas y minerales a cualquier otra actividad económica– el gobierno federal ha relegado al campo guerrerense a una importancia cuaternaria, es decir, lo ha expulsado, en el mejor de los casos, a un cuarto lugar en atención, después del petróleo, la minería y el turismo. Este nivel cuaternario de prioridad –dicho figurativamente–, ha confinado al campo a la edad en la que el hombre apareció sobre la faz de la tierra.
Y esto sucede precisamente hoy, en la época del calentamiento global, cuando se precisa mitigar el cambio climático con acciones medioambientales fincadas en el campo; cuando es una necesidad recuperar la soberanía alimentaria mediante la producción agroecológica de alimentos que sólo puede ser posible con campesinos; cuando frente a la inseguridad pública la solución natural es reconstruir el tejido social descompuesto por la pobreza y el individualismo fomentado por el gobierno y la falta de oportunidades laborales en el campo.
Y a pesar de esto, el gobierno sigue preparando la llamada reforma para el campo. Reforma que si bien no nos remonta a la época cuaternaria de la historia geológica, sí al menos a la época del porfirismo, de cuando se promovía a manos llenas la privatización de los recursos naturales y se otorgaban amplias facilidades a la inversión extranjera. Hoy como ayer se inhibe la organización social y se persigue o elimina a los opositores de la llamada “modernización”. La Parota, las policías comunitarias y ciudadanas, la oposición a las mineras en Costa Chica-Montaña, el éxodo de poblaciones rurales a causa de la delincuencia, el uso clientelar de los recursos públicos, son sólo ejemplos.

La reforma para el campo está en marcha

La reforma para el campo, aun cuando todavía no ha sido promulgada y ha sido propuesta como la “salvación del campo”, en los hechos ya está en marcha en favor de los intereses ajenos al campo. De manera muy clara ya está presente en la reforma constitucional en materia de energía: “Derivado de su carácter estratégico las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los terrenos afectas a aquellas”
Por su parte, en las leyes secundarias de dicha reforma se establece que las actividades mineras “no tendrán prioridad sobre las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, pero sí sobre cualquier otra actividad que se realice sobre el suelo y subsuelo de los territorios concesionados a las corporaciones mineras”.
Es decir, el campo y los campesinos, aún sin reforma para el campo, ya están a expensas de las empresas trasnacionales extractivas y explotadoras de los recursos naturales, que al amparo de la ley y del gobierno, ya pueden hacer uso del suelo y subsuelo en cualquier parte del territorio nacional.
En la reforma financiera ya promulgada, la llamada reforma para el campo también ya está presente. Además de sustituir el nombre de la Financiara Rural (Finrural) por el de Financiera Nacional para el Desarrollo Rural Agropecuario Forestal y Pesquero (un nombre más largo como para simular mayor grandeza de la institución), el presidente de la República anunció el mes pasado la reducción de la tasa de interés del 14 al 7 por ciento anual “para todos los productores rurales”.
Lo que no dijo el Ejecutivo federal es que la gran mayoría de los pequeños y medianos productores no podrán acceder a ese “beneficio” en virtud de la excesiva burocracia y discrecionalidad existente en dicha institución; a que el anuncio fue hecho al final del ciclo productivo (la mayoría de las cosechas ya están logradas); muchos productores, sin deberla, se encuentran en el buró de crédito; la necesaria certificación del acreditado con la imposición del famoso 32-D (opinión favorable de cumplimiento de obligaciones a la SHCP); y el limitado presupuesto asignado a la institución.
Ésta es la tónica de las reformas para el campo en tiempos neoporfiristas.

Diez desafíos para el campo

Frente a la visión gubernamental, inspirada en la célebre frase de que “en Guerrero no pasa nada”, resultan pertinentes los diez desafío para la transformación del campo guerrerense, que Víctor Suárez Carrera, promotor de la campaña Sin maíz no hay país, propuso en el primer foro estatal de Análisis y Perspectiva para el Desarrollo Sustentable de Guerrero, que con el desdén de los titulares de las dependencias públicas y legisladores tuvo lugar el pasado 19 de septiembre.
Los 10 desafíos que el Frente Popular para el Desarrollo Sustentable de Guerrero (Frepodegro) hizo suyos, son los siguientes:
1. El campo debe ser prioritario para el desarrollo sustentable de Guerrero. Esto, aun cuando está reconocido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero, todavía no se ha traducido en políticas, programas y presupuestos públicos justos, suficientes y multianuales.
2. Los campesinos e indígenas deben dejar de ser tratados como “pobres” y población que “sobra”. Este sector de la población, al ser mayoría en la entidad, debe reivindicarse como sujeto productivo, con una riqueza cultural, con derechos, con conocimientos agrícolas relevantes, con alta autoestima y confianza en sus propias fuerzas y capacidades.
3. Fortalecer los sujetos colectivos, por encima de los individuos. A contracorriente de los programas asistencialistas que focalizan los beneficios a personas y familias (Procampo, Prospera, PESA, etcétera), es importante reconstruir y fortalecer los sujetos colectivos (grupos, organizaciones y redes sociales) y que estos sean reconocidos como interlocutores válidos y prioritarios en las políticas, programas y presupuestos públicos.
4. El asistencialismo no es la vía para el “desarrollo” del campo. El gobierno se enorgullece de que cada vez hay más recursos públicos para los programas asistencialistas, lo que significa mayor pobreza y mediocridad. Es vital asegurar un enfoque productivo en la inversión pública y facilitar apoyos a la producción, la comercialización y la organización empresarial; los actuales programas asistencialistas deben reorientarse hacia la conformación de sujetos colectivos que impulsen la autosuficiencia.
5. Producir los alimentos e insumos que consumimos para evitar la dependencia externa. Hoy día quedan muy pocos campesinos que viven del y en el campo. Los antiguos productores ya no son productores, son compradores, consumidores de productos externos. Para recuperar la antigua tradición productiva debe cambiarse la actual política pública de dependencia por una política de autosuficiencia que permita a los pobladores del campo recuperar su capacidad de producir alimentos, insumos, maquinaria, herramientas y conocimientos.
6. Los subsidios deben destinarse mayormente a los más necesitados. En la propuesta de presupuesto público para el campo, debe asegurarse que en los hechos y de manera pública y auditable, al menos el 80 por ciento de los recursos federales, estatales y municipales sean canalizados a los productores pequeños y medianos a través de sus organizaciones.
7. Fortalecer la agricultura campesina sustentable. Contra el actual modelo dominante de “revolución verde” (basada en el monocultivo, agroquímicos, maquinaria pesada y semillas foráneas) es necesario que los recursos públicos se apliquen con un enfoque nacionalista y hacia la agricultura campesina sustentable que privilegia los conocimientos y recursos locales, la soberanía alimentaria y la biodiversidad.
8. Frenar y revertir las políticas de despojo y extractivismo de los recursos naturales. Asegurar la vigencia de los derechos de las comunidades a la consulta libre, previa e informada, y en su lugar impulsar el desarrollo integral y sustentable de los territorios rurales con enfoque de cuenca, promoviendo una agricultura diversificada y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
9. Erradicar el uso clientelar, corporativo y político-electoral de los recursos públicos. Mediante las comisiones de contraloría social debe impedirse el uso faccioso de los programas públicos, y establecer una legislación más precisa que castigue a los infractores mediante cárcel, inhabilitación en el ejercicio público, denuncia pública en todos los medios e idiomas del estado, pérdida de registro a partidos e inhabilitación de candidaturas.
10. Aplicación expedita de recursos públicos destinados a la reconstrucción. Los cuantiosos recursos públicos anunciados para la reconstrucción de Guerrero (a consecuencia de los huracanes Ingrid y Manuel), y que no han llegado a la mayoría de las poblaciones afectadas, deben ser operados con transparencia y consejos de ciudadanos y comunidades afectadas.
La consideración de estos desafíos en el diseño y aplicación del presupuesto público para el campo, puede permitir la reactivación de este sector en palanca de desarrollo del estado como fuente de alimentos, materias primas, mano de obra, agua, biodiversidad, oxígeno y vida.
* Bajo el ala del sombrero es un espacio de análisis y propuesta para la transformación del campo desde la visión y acción cotidiana de los campesinos