Traerá “observaciones” al gobierno el dictamen sobre el desalojo en que murieron dos normalistas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, el priista Omar Jalil Flores Majul, informó que en el predictamen que presentará mañana miércoles?a los integrantes de la comisión realizan “observaciones” al gobierno del estado y federal por inconsistencias?y errores en la impartición de justicia en el caso del desalojo violento de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido en diciembre de 2011.
Omar Jalil Flores explicó que la Comisión Instructora que realiza el juicio político contra dos ex funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero no es sancionadora, por lo que ni siquiera puede hacer recomendaciones y en la propuesta de predictamen que presentará mañana a los otros cuatro integrantes plantea sólo algunas observaciones.
Los ex funcionarios a los que se les realiza juicio político por el asesinato de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, son el ex procurador Alberto López Rosas y el entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.
También exhortó a los integrantes de la comisión a que en la decisión de sancionar o no a los ex funcionarios perredistas “no impere lo político y sí lo más cercano a la impartición de justicia”.
Flores Majul dijo que a partir de la revisión de los expedientes encontraron posturas e información del gobierno del estado y federal que no comparten, y eso es parte de lo que mencionarán.
Consultado vía telefónica comentó que “encontramos algunas circunstancias que nos llamaron mucho la atención”, y que son observadas en el predictamen que será presentado mañana a los diputados integrantes de la comisión, en la que también están los perredistas Bernardo Ortega Jiménez y Luisa Ayala Mondragón, de MC Emilio Ortega Antonio y del PVEM Arturo Álvarez Angli.
El juicio político lo realiza el Congreso local a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja y el ex procurador Alberto López Rosas.
Entre sus recomendaciones, la CNDH solicitó que se iniciaran juicios políticos contra los dos ex funcionarios por las violaciones graves a los derechos humanos por actos u omisiones.
El 11 de septiembre El Sur publicó que fuentes del Congreso informaron que había tres predictamenes, uno que en el caso del ex secretario de Seguridad Pública plantea exonerarlo de responsabilidad por acciones u omisiones en el desalojo violento.
Pero en el caso del ex procurador y actual secretario del Trabajo del gobierno estatal, Alberto López Rosas, hay dos dictámenes que el presidente de la Comisión Instructora presentará al resto de los integrantes, y en uno de ellos es absuelto de responsabilidades mientras que en el otro se le inhabilita para ocupar cargos públicos.
El diputado priista dijo ayer que no hay tres dictámenes, que es una sola propuesta que será presentada al resto de los diputados, pero que si no están de acuerdo y la firman en contra él fijará su postura al final y defenderá su propuesta.
A pesar de que no quiso decir el sentido del dictamen, a favor o en contra de los perredistas, Flores Majul dijo que “sería lamentable que prevaleciera un interés político sobre una verdad histórica que le dio un rostro lamentable a la impartición de justicia en el estado de Guerrero”.