CARTAS (Pide Rosario Herrera a las dos Procuradurías que investiguen la intimidación y amenazas a reporteros de El Sur)

Señor director:

Me dirijo a usted para solicitarle la publicación de esta carta en solidaridad con El Sur y con los reporteros Jorge Nava y Gregorio Urieta, que en el cumplimiento de sus obligaciones periodísticas han sido víctimas de intimidación, amenazas y abuso de autoridad.

La forma irregular con que fue citado e interrogado el reportero Jorge Nava por policías de la Agencia Federal de Investigaciones en Acapulco, amerita un seria investigación por parte de la Procuraduría General de la República. No es posible que la policía “modelo” de Vicente Fox siga actuando al margen de la Constitución y las las leyes en un verdadero Estado de derecho. El modo en que los agente federales (servidores públicos) usan la autoridad que se les ha conferido, los coloca en una posición más de delincuentes que de perseguidores de delitos.

No se puede tolerar que en las corporaciones policiacas continúe gente con severos problemas sicológicos, como tal parece sufren los agentes que en plena vía pública amenazaron con sus armas de cargo a varios ciudadanos y al reportero Jorge Nava; y mucho menos se puede tolerar que se utilicen los cargos policiacos y las instituciones de seguridad pública del país para amedrentar el ejercicio periodístico, además de poner en riesgo la vida e integridad de ciudadanos pacíficos. Este proceder irregular de los agentes de la AFI no se corrige con sólo una disculpa pública, requiere una severa investigación y el cese de los agentes que infringieron la ley.

Y no menos graves son las amenazas anónimas de muerte que ha recibido por teléfono el corresponsal de El Sur en Tierra Caliente, Gregorio Urieta.

La intimidación por medio de amenazas verbales, escritas y anónimas, las agresiones físicas o el daño a bienes de su propiedad, son generalmente las formas en que se ha intentado afectar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas o miembros de los medios de comunicación, y que se evidencian con mayor frecuencia contra quienes critican y denuncian sistemáticamente actos de corrupción y de vinculación con el narcotráfico.

Por este tipo de ultrajes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aprobó una recomendación contra los agravios a periodistas en el país, mismos que han sido perpetrados por autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero destacadamente por la PGR, las procuradurías locales, 17 gobernadores y encargados de Seguridad Pública.

Los agravios contra periodistas en México van desde la creciente pretensión de que declaren para revelar sus fuentes de información, hasta amenazas, intimidación, afectación a bienes, lesiones y homicidio.

El intento de obligar a los periodistas y comunicadores a revelar ante el Ministerio Público –que en el caso de Jorge Nava fue ante simples policías– la identidad de sus fuentes de información, violenta sus derechos humanos y, de forma particular, su derecho a la reserva del secreto profesional; éstas son acciones que deben sancionarse y rechazarse.

Toca pues a la PGR y a la Procuraduría General de Justicia del Estado la obligación de investigar, aclarar y sancionar estas conductas delictivas, además de proteger la integridad física de los agraviados y sus familiares.

No debemos permitir que uno más de estos abusos quede impune. Reitero mi solidaridad y apoyo a El Sur y a los compañeros Jorge Nava y Gregorio Urieta.

 Atentamente
Rosario Herrera Ascencio
Diputada federal