Amparan a autoridades tradicionales de Xochistlahuaca contra órdenes de aprehensión

Los integrantes del gobierno indígena de ese municipio consideran que es un reconocimiento parcial de las violaciones cometidas por el gobierno del estado contra sus derechos, y piden la cancelación definitiva de las órdenes de arresto  

La juez sexto de distrito en Guerrero, Martha Leticia Muro Arellano, otorgó amparo y protección de la justicia a Gregorio Reyna Valtierra y Rodrigo Morales Valtierra, integrantes del comisariado ejidal de Xochistlahuaca, que habían sido acusados de privación de la libertad de un ciudadano que fue detenido con base en los usos y costumbres indígenas.

En un boletín de prensa que firman las Autoridades Tradicionales de Xochistlahuaca y autoridades agrarias del ejido de ese municipio de la Costa Chica, se informó que en julio se libraron órdenes de aprehensión en contra de integrantes del comisariado ejidal, el consejo de vigilancia del ejido y las autoridades tradicionales del municipio de Xochistlahuaca (Suljaa’) por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad personal de Narciso García Valtierra.

El presidente del comisariado ejidal, Genaro Cruz Apóstol, fue encarcelado por ese delito.

Las autoridades tradicionales exigen al gobierno de Guerrero respeto a sus derechos y pidieron que sean canceladas las órdenes de aprehensión porque no es así como se construye un México plural e incluyente.

En el boletín explican que la juez federal otorgó el amparo al considerar que la orden de captura librada por el juez de primera instancia del distrito judicial de Abasolo con residencia en Ometepec, Aurelio Gutiérrez Cruz, carece de una correcta motivación como lo exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al cuerpo del delito por el que se les acusa.

Las autoridades traducionales y ejidales consideraron que el amparo otorgado el primero de octubre es un reconocimiento parcial e insuficiente a la violación de sus derechos.

Exponen que las autoridades tradicionales y agrarias han manifestado y denunciado públicamente que detrás de la demanda en su contra existen fuertes intereses políticos, que el problema de fondo era golpear, desgastar y castigar a las autoridades del pueblo por el sólo hecho de hacer valer sus derechos discutidos y acordados en los Acuerdos de San Andrés, los consagrados en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución mexicana.

En el boletín, las autoridades de Xochistlahuaca consideran el amparo otorgado como un reconocimiento que hace el propio gobierno, aunque de manera parcial e insuficiente, de las violaciones a los derechos contra los indígenas, y agregan que seguirán denunciando estos hechos.

Exponen: “Para nosotros siempre ha estado claro que las órdenes de aprehensión y la forma como se llevó a cabo la aprehensión del presidente del comisariado ejidal, ha sido violando con la ley y la pistola en la mano, nuestros derechos humanos y colectivos que tenemos como pueblo indígena nanncue ñomndaa”, (amuzgo).

Denuncian que el gobierno no escucha sus reclamos de justicia, sino al contrario, “sigue en su política de mandar cuerpos policíacos represivos en nuestra contra, como lo constata la instalación de un cuartel de la policía judicial estatal en la Ccabecera de nuestro municipio”, Xochistlahuaca.

Denuncian que esos policías hostigan sexualmente a las escolares de la secundaria y del bachillerato, además de detener y extorsionar a los que consideran sospechosos, en complicidad con las autoridades constitucionales del municipio.

Señalan que “una vez más nos dirigimos al gobierno estatal y a las instancias correspondientes, aunque ya de sobra conocemos la respuesta, para exigir el respeto a nuestros derechos, de manera concreta pensamos que si se aplica la justicia, las órdenes de aprehensión deben cancelarse definitivamente porque no es así como se construye un México plural e incluyente”.