Insistir ante instancias ambientales hasta que atiendan denuncias, recomienda un especialista

Participa el director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM, Aquilino Vázquez Gálvez, en un foro en Chilpancingo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM, Aquilino Vázquez Gálvez, recomendó recurrir a todas las instancias posibles frente a problemas ambientales porque “tanto va el cántaro al agua” que los tendrán que atender, en la primera conferencia del foro Por debajo de los 2 grados centígrados que organizó la Procuraduría de Protección Ecológica en el auditorio de la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Asimismo, propuso construir espacios de discusión en la academia para encontrar las mejores alternativas de solución, aunque aceptó que la academia aún no ha generado suficiente doctrina sobre el derecho ambiental, en la conferencia Retos y Perspectivas del Derecho Ambiental en México.
En el espacio de preguntas y respuesta, los asistentes cuestionaron la operación de las instancias que se encargan de investigar e impartir justicia en delitos ambientales, porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) los manda con la Procuraduría Genera de la República, y tras dos años de la denuncia no pasa nada “el infractor se ríe de nosotros”.
Uno de los asistentes subrayó que todo el estado es deforestado, que hay minas a cielo abierto en hábitat de guacamayas en el alto Balsas, y no saben ante quién pedir información para hacer una denuncia efectiva, porque desapareció una mesa de delitos ambientales. También pidieron asesoría para impugnar tres concesiones mineras en el municipio de Iliatenco, donde ya se están realizando los trabajos de exploración.
El académico originario de Chilapa, consideró que en primer lugar los ciudadanos tienen que informarse y expresar lo que sienten y lo que está pasando en sus territorios, “los sentimientos, no necesitan un manual, sólo se necesita plasmarlo, e insistan a las autoridades, tanto va el cántaro al agua, que les va a tener que hacer caso”.
Para denunciar la fragilidad de los ecosistemas y los riesgos por la minería a cielo abierto o la deforestación, aclaró que no hay un manual de procedimientos que diga qué hacer, pero los casos se tienen que llevar a todas las instancias de gobierno que consideren pertinentes, “estoy seguro que te van a escuchar porque tiene la obligación de hacerlo, es una garantía constitucional”.
Sin embargo, señaló que si no obtienen la información que necesitan, pueden recurrir a otros instrumentos legales de acceso a la información, y llevar los conflictos a los espacios de la academia, idóneos para construir alternativas y proponer soluciones a lagunas de carácter administrativo.
Por ejemplo, indicó que en el seminario de la UNAM, se abren líneas de investigación, y retroalimentación desde la academia.
También se le preguntó sobre las consecuencias de la reforma energética que prioriza la exploración y extracción de petróleo, luego la minería y el turismo, antes que la conservación del medio ambiente.
Consideró necesario aguardar el momento de su implementación, porque es una legislación de reciente creación, le concedió el beneficio de la duda, incluso con la nueva agencia que va a supervisar la parte ambiental.
“En la práctica cuando empiecen a moverse hilos de la reforma, vamos a ver de qué estamos hechos (los ciudadanos), si estas inversiones verdaderamente van a detonar a México, si no, para eso estamos, para hacer valer nuestros derechos”.