Inhabilitar a López Rosas, propone la Comisión Instructora del Congreso

* Cuatro de los cinco diputados integrantes apoyan una sanción de hasta por un año para el entonces procurador y actual secretario del Trabajo al que señalan de omisiones en los hechos en los que dos normalistas fueron asesinados por disparos de policías

* En el proceso de juicio político que siguen exculpan de responsabilidad al que era secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Cuatro de cinco diputados que integran la Comisión Instructora del Congreso del estado, reunidos ayer en sesión de trabajo a puerta cerrada, coincidieron en que el entonces procurador general de Justicia y actual secretario del Trabajo, Alberto López Rosas, incurrió en omisiones y por ello debe ser sancionado administrativamente e inhabilitado hasta por un año, por los hechos en que fueron asesinados dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011.
Estos diputados se volverán a reunir la próxima semana para continuar sus trabajos de análisis del proyecto de dictamen por el proceso de valoración previa que se le sigue al también aspirante a la gubernatura por el PRD, para iniciarle el juicio político solicitado por la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En cambio, en esta primera reunión de análisis, no encontraron elementos para sancionar al ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, con el argumento generalizado de que ese 12 de diciembre sólo prestó el auxilio al mando único enviado por el gobierno federal, que recién había entrado en operación el 7 de octubre del 2011 en el estado.
Los diputados de la Comisión Instructora también avanzaron en la coincidencia de que la CNDH no realizó una investigación a fondo para responsabilizar a la Policía Federal Preventiva (PFP), que reprimió a los normalistas de Ayotzinapa, cuyos integrantes incluso portaban armas y dispararon en contra de los estudiantes.
Igualmente se realizarán observaciones en contra de la PFP, porque no actuaron contra agentes, mandos medios y superiores, que intervinieron en el desalojo violento.
Lo anterior es un resumen apretado que en entrevista dio a los medios de comunicación la mañana de este miércoles el presidente de la Comisión Instructora, el diputado del PRI Omar Jalil Flores Majul, al salir de la reunión de trabajo realizado a puerta cerrada en la Sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local.
El diputado priista explicó que fue un solo proyecto de dictamen el que se elaboró y no tres como se había filtrado a la prensa la semana pasada, y que ahora presentó a los diputados Luisa Ayala Mondragón del PRD, Arturo Alvarez Angli del PVEM y Emilio Ortega Antonio del MC, pues el diputado Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, no asistió.
Sobre la reunión de los diputados de la Comisión Instructora dijo: “El tema no fue de acuerdos, es para hacernos allegar de los hechos históricos, hay posturas en puntualizar que hubo omisiones que redundaron en perjuicio del interés público y sobre eso trabajamos, y pretendemos tener un dictamen más apegado a la verdad histórica de los lamentables acontecimientos”.
A pregunta expresa, puntualizó que “fueron omisiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado” (PGJE), que en ese entonces encabezaba Alberto López Rosas.
“También hay omisiones para hacer las recomendaciones de parte de la CNDH, y hubo omisiones de la PFP, que cabe destacarlo de manera puntual, la CNDH no le emitió recomendaciones, ni sancionó a policías federales, ni autoridades ni mandos, aún y que se había firmado el mando único el 7 de octubre de 2011”, añadió Flores Majul.
Acotó que “lamentablemente no llegamos a las condiciones de poder sacar un dictamen consistente en 330 hojas, estamos en el análisis, porque se afinan criterios y se deben respetar los puntos de vista de los diputados de la comisión”.
Indicó que en general “hay una posición general de los diputados de que se le aplique la sanción, únicamente para Alberto López Rosas, una sanción administrativa, que se le inhabilite”.
Flores Majul explicó que hay coincidencia en los diputados para sancionar a López Rosas, pero que la discusión se centrará en el tiempo de la sanción y las formas. Como en el caso del diputado del MC, Emilio Ortega, quien su postura es “inhabilitar” más de un año a López Rosas.
Luego explicó que en el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, quien busca la candidatura a alcalde de Acapulco por el PRD, hay coincidencia en que no hubo omisiones de su parte, porque sólo prestó el auxilio que le solicitó el mando único enviado por el gobierno federal a Guerrero, que recién había llegado el 7 de octubre de 2011 y ninguno de los policías de la corporación llegó armado.
Al final de la entrevista, Flores Majul explicó que los diputados acordaron reunirse la próxima semana para dar tiempo a analizar las conclusiones que presentó en su proyecto de dictamen y cabría la posibilidad de definir las resoluciones.
El procedimiento a seguir, una vez que se defina el dictamen, es presentarlo al pleno del Congreso, donde se someterá a discusión y aprobación según sea el caso, y una vez que la votación se realice, es decir que se apruebe, el pleno se convertirá en jurado de sentencia para iniciarle el juicio político a Alberto López Rosas y ahí votar si se le sanciona o  no.
Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2011 los normalistas de Ayotzinapa -como lo venían haciendo cada año para entregar su pliego petitorio con las demandas de su escuela- se manifestaron en esta ciudad y bloquearon la Autopista del Sol y fueron desalojados violentamente por policías federales, ministeriales del estado y policías del estado.
Durante el desalojo murieron por disparos de las policías, los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Un empleado de una estación de gasolina sufrió serias quemaduras al intentar apagar un incendio causado a dos bombas dispensadoras por manifestantes desconocidos, y murió días después.
[Organizaciones no gubernamentales y los estudiantes de Ayotzinapa solicitaron un juicio político contra el gobernador Angel Aguirre Rivero, acusándolo como responsable de la muerte de los estudiantes.
La Cámara de Diputados federal instaló una comisión especial para la revisión del caso, y exoneró al gobernador de toda responsabilidad, mientras que la CNDH inició una investigación y responsabilizó del asesinato a los policías ministeriales de Guerrero, sin encontrar responsabilidad en la Policía Federal a pesar de las evidencias de que sus agentes dispararon en contra de los normalistas.
Posteriormente, la CNDH dio a conocer que el gobierno de Guerrero no había seguido las recomendaciones hechas después del asesinato de los estudiantes, pero recomendó al Congreso del estado iniciar un procedimiento de juicio político en contra del ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Ramón Almonte Borja, que es el motivo de los trabajos de la Comisión Instructora, como lo informó el diputado Omar Jalil Flores Majul.