Urge Fromow a que haya penalidades más altas para los delincuentes electorales

Entrevista con la fiscal especial de la PGR

Es necesaria también una ley con “textos más claros”, pues el castigo fue pensado por los legisladores más como “una sanción pública social” que para meter a la cárcel a los infractores, afirma

Ricardo Castillo Díaz

La fiscal especial para la Atención a Delitos Electorales de la PGR, María de los Ángeles Fromow Rangel aboga por una legislación con penalidades más altas para los infractores y, sobre todo, por “textos más claros”, pues el castigo para los delincuentes electorales fue pensado por el legislativo más como “una sanción pública social”, que para meter a la cárcel a quienes de esa manera atentan contra los procesos democráticos.

Entrevistada por El Sur, Fromow Rangel reporta que sólo entre un 12 y 15 por ciento de las denuncias que se presentan son procesadas, y obtienen una sentencia condenatoria. Sin embargo, la funcionaria federal lo atribuye a que “muchas veces las cosas que el ciudadano denuncia no están previstas como delito electoral”.

La otra, añade “es que los delitos electorales no son delitos graves y existe la posibilidad de pagar una fianza, salir en libertad, y seguir el proceso en libertad”.

Sobre el próximo proceso local electoral para elegir gobernador, la funcionaria federal considera que “Guerrero es uno de los estados que está avanzando en temas de procuración de justicia electoral en una medida importante”, y ponderó al respecto la creación de la fiscalía para delitos electorales. Confía en que esta instancia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) podrá actuar “con presupuesto propio, con personalidad propia para determinados actos y fundamentalmente con la libertad total”.

Destaca que en el estado se han ido “afinando” los mecanismos “de control y de apoyo para que los procesos electorales sean cada vez más transparentes”.

Mayores penas a delitos electorales

La fiscal Fromow Rangel fue entrevistada el pasado viernes 15 en un receso del Segundo Curso Iberoamericano de Justicia Electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Estado. La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) celebra de entrada que “a raíz del programa de prevención del delito electoral” se observe un incrementado en el número de denuncias, “pero no consideramos que esto obedezca a una mayor incidencia delictiva sino a un mayor conocimiento de esta instancia encargada de perseguir e investigar los delitos electorales”.

Afirma que para la fiscalía “ha sido fundamental ir a lo largo de todo el territorio nacional, comunidad por comunidad, difundiendo qué es un delito electoral, cómo debe denunciarse, ante quién y finalmente dar una conciencia a los ciudadanos a través de la educación de cómo debe defenderse el voto. Esto nos va a permitir a nosotros garantizar a lo largo del próximo proceso electoral del 2006 toda una infraestructura para que el ciudadano se sienta seguro de que hay una instancia que cuida las elecciones”.

Explica que estas acciones se llevan a cabo “en conjunto con las autoridades estatales, con los órganos electorales estatales, con el IFE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y finalmente con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas nacionales, que están preocupadas por ir creando esta conciencia en el ciudadano para defender el derecho del voto. Creemos que la mejor defensa es la educación cívica respecto de los valores democráticos y que el ciudadano sienta que existen los mecanismos suficientes para que los procesos democráticos estén totalmente apegados a la ley. Sabemos que uno de los temas que debemos cuidar más es la compra y la coacción del voto, pero la mejor forma de combatirlas es dándole al ciudadano los elementos suficientes para que sepa cómo denunciar estos hechos y le tenga confianza al Ministerio Público de que se va actuar conforme a derecho, sin ninguna represalia”.

–Sin embargo, a pesar de que va creciendo esta conciencia ciudadana, ésta misma no ha logrado inhibir a los partidos políticos, algunos partidos, algunos líderes. ¿Cómo ve este comportamiento? Porque los ciudadanos pueden tener esta conciencia, pero los partidos la reincidencia.

–Yo creo que esto es parte de un proceso que tenemos que ir creando. Hemos invitado a los partidos políticos a que a través de sus dirigentes, de sus militantes, que tomen conciencia de las sanciones a las que se pueden hacer acreedores con la compra y coacción del voto, si alteran documentos electorales, si manipulan la información electoral. Es un trabajo que no se termina en un día, esto hay que hacerlo constantemente, y sobre todo tener la voluntad de los partidos políticos para esto suceda.

Fromow Rangel observa que además se necesitan “mejores leyes en materia de delitos electorales para ser más eficientes en las sanciones que imponemos. Por esa razón estamos impulsando en el Congreso de la Unión, concretamente en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma, que deviene de toda la experiencia que tiene la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, de diez años de procurar justicia, donde hemos visto lo que sucede en la práctica, cómo existe la necesidad de tener un marco jurídico que sea más contundente, más claro y transparente”.

“Lo que sucede es que muchas veces las cosas que el ciudadano denuncia no están previstas como delito electoral. Entonces, al momento de no ver reflejada su denuncia en una acción contundente de la autoridad, en ese momento puede existir un sabor de impunidad del ciudadano”, señala

La fiscal agrega: “La otra es que los delitos electorales no son delitos graves y existe la posibilidad de pagar una fianza, salir en libertad, y seguir el proceso en libertad. Esa sensación también de que ‘puse la denuncia, aporté pruebas, se investigó, llegó al juzgado y en menos de 72 horas el acusado salió libre’. Es también hacer conciencia de que son procesos con ciertas garantías para aquellas personas que son presuntas responsables y que pueden hacer uso de esos derechos”.

–¿Esto consideran las reformas que están proponiendo, nuevas sanciones?

–Lo que estamos estableciendo son penalidades más altas.

–¿Y tipificar como grave este delito?

–En algunos casos no grave, sino que las penalidades puedan ser por lo menos iguales a las que existen en otro tipo de delitos, y esto significa que en muchos casos por la media aritmética pudiera resultar que no obtengan la libertad provisional, de acuerdo con las leyes penales. Nuestra intención es, fundamentalmente, tener textos más claros, más eficientes, para combatir cualquier acción que daña nuestra democracia y sobre todo recoger aquello que para la ciudadanía ha sido lo que ha dañado al proceso democrático. No podemos olvidar que el delito electoral ha sido visto más bien como una sanción pública social hacia aquellas personas que cometieron un delito, que la cuestión de ser privado de la libertad. Aquí lo que pasa es que el legislador en su momento consideró establecerlo de esta manera para lograr más un impacto social. Los propios jueces lo han considerado así, y las sanciones de privación de la libertad las han transformado en trabajo a favor de la comunidad.

–Pero ese es el problema ¿No será al revés? De que los delitos electorales siguen porque no se ha llegado a fondo, a los delincuentes electorales no se les mete a la cárcel.

–Nosotros calculamos que alrededor de un 12 a 15 por ciento de las denuncias que se presentan son procesadas y obtienen una sentencia condenatoria. Lo cierto es que, como lo mencionaba hace un momento, el texto legal en este momento no nos sirve del todo para responder a las demandas ciudadanas como se nos plantean. Además en muchas ocasiones nos encontramos en la imposibilidad de obtener pruebas que sean contundentes dentro de los hechos, y por esa razón también le pedimos apoyo a los ciudadanos, y estamos capacitándolos, para que en caso de que ellos estén en frente de un delito electoral puedan tener las previsiones necesarias para guardar esas pruebas y proporcionárselas al MP. Creo que aquí va a ser fundamental tener un binomio muy afinado entre lo que es el ciudadano y la autoridad de procuración de justicia, la Fepade, para que podamos ser, en conjunto, realmente eficientes para sancionar a aquellas personas que están vulnerando nuestra democracia.

Guerrero, uno de los estados en que se está avanzando

–¿Cómo ve la elección de Guerrero? ¿Aquí se esperarán muchos delitos electorales?

–No podemos prever eso pero lo cierto es que se ha ido incrementando la conciencia de los ciudadanos. Las denuncias han ido en incremento en casi todas las elecciones locales que hemos tenido este año, pero para nosotros lo fundamental ha sido tener todo lo necesario para responder a las denuncias.

–Un estado pobre es más vulnerable a los delitos electorales.

–De acuerdo con nuestros datos hay dos aspectos que inciden más en la compra y coacción del voto: los niveles de educación y económicos, son factores que definitivamente consideramos necesarios hacer campaña permanente, con los beneficiarios de programas sociales, con las comunidades indígenas, con las comunidades alejadas, donde hay escasos recursos económicos y es ahí donde hemos querido estar presentes. Pero yo creo hoy Guerrero es uno de los estados que está avanzando en temas de procuración de justicia electoral en una medida importante, porque es el primer estado que está ofreciendo precisamente una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, nombrada por el Congreso, pero también con presupuesto propio, con personalidad propia para determinados actos y fundamentalmente con la libertad total.

–Pero cuestionada esta fiscalía, creada por el mismo gobierno estatal que es el que podría ser acusado en la elección, cuestionada también en su momento en el Congreso, su creación y el nombramiento de la fiscal, acusada de venir con consigna partidista.

–Bueno, yo creo que fue discutida como en todo debate legislativo, pero lo cierto es que hoy existe y que además nosotros le hemos ofrecido todo el apoyo necesario. No podemos olvidar que en el año 2003 en el proceso federal el Congreso del Estado firmó un convenio con la Fepade para poder apoyarnos en que los recursos estatales no fueran desviados para fines electorales. Entonces creo que hemos ido afinando con el estado de Guerrero los mecanismos de control y de apoyo para que los procesos electorales sean cada vez más transparentes.