María Luisa Garfias Marín

Ciudadanía de papel

Este domingo 17 de octubre se cumplieron 51 años del sufragio femenino, un magno acontecimiento atrás del cual se encuentra la fuerza de miles de entusiastas mujeres, que contagiadas por el movimiento internacional sufragista fueron persistentes en la demanda de reconocimiento a sus derechos políticos. El trabajo constante por conseguir el derecho a votar logró que la mayoría de quienes integraban la 42 legislatura del Congreso de la Unión aprobaran la iniciativa de reforma al artículo 34 y 115, enviada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 18 de diciembre de 1952, refrendando posteriormente este derecho las legislaturas locales. El martes 6 de octubre de 1953 se dio lectura a la declaración de reforma a dichos artículos, que aparecieton en la edición del Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de ese mismo año. Con ello el Estado mexicano reconoció en su Constitución política los derechos de las mujeres como ciudadanas. Sin embargo, nunca ha garantizado las condiciones para ejercerlos, y seguimos siendo sólo ciudadanas en el papel.

En estos largos años, los gobernantes que han dirigido al país, a pesar de haberse comprometido con las mujeres para impulsar políticas de equidad que modifiquen la situación de desigualdad social, económica y política que vivimos en relación con los hombres, los avances han sido mínimos. En la política, los pequeños logros obtenidos, gracias a la movilización, se dieron con la reforma de 1996 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que estableció en su artículo 175, facción 3 la recomendación a los partidos políticos para que promovieran, en los términos que determinaran sus documentos internos, la participación política de las mujeres mediante su postulación a cargos de elección, lo que obligó a los partidos a incluir acciones afirmativas o de discriminación positiva –sistema de cuotas– en sus Estatutos. Lo anterior se reprodujo en los Códigos Estatales, como el de Guerrero. Sin embargo esta reforma no fue suficiente. La ley electoral no obligaba al partido político a registrar un porcentaje de candidaturas mujeres, y los organismos políticos registraban el porcentaje que ellos decidían violando la mayoría de las veces sus propios estatutos, los cuales señalaban porcentajes específicos para las mujeres. En el Código de Guerrero se recomendaba a los partidos el fijar en sus normas internas que ninguno de los dos géneros podía rebasar el 70 por ciento en las candidaturas. Visto lo anterior, las mujeres volvimos a accionar y a utilizar todos los foros municipales, estatales o federales para continuar nuestra exigencia de mayor porcentaje en los espacios de poder político, y por lo tanto de un ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Porque no es posible que siendo nosotras el 52 por cierto de los habitantes de la república, y con un incremento en nuestra participación en la economía del país y del estado se nos trata como menores de edad: hablan por nosotras, toman decisiones por nosotras y pretenden representarnos a nosotras. La paridad es inexistente en todos los órganos de representación política, llámese partido político, poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, direcciones sindicales, etc. Los porcentajes de mujeres en estos espacios no rebasan ni el 15 por ciento. Seguimos pues ocupando el papel de minoría a pesar de ser una gran mayoría.

El gobierno mexicano como representante del Estado, permeado por la cultura patriarcal, se niega a construir las bases que garanticen el disfrute pleno de nuestros derechos políticos. Atrás de esta conducta está indiscutiblemente el miedo de perder el poder que por años han disfrutado, de perder autoridad y control en la vida de las otras, de quienes no son iguales a ellos, y sobre todo, de perder el control político de este país.

El temor a perderlo todo, ha llevado a los otros a colocar obstáculos en la marcha para ejercer plenamente nuestra ciudadanía, evitando a toda costa la llegada de las mujeres a los espacios de decisión política. Es por ello que pretenden mantenernos enclaustradas en el espacio privado –la casa, los hijos y las labores domésticas– o bien en aquellos considerados como la continuación de acciones propias de nuestro sexo, como las actividades  de asistencia social. Y esto último se ha convertido en muchos casos como una regla o norma, sobre todo en aquellas mujeres cuyas parejas detentan poder político, evitando con ello el disfrute pleno de sus derechos. La castración política es el castigo para ellas. Por eso la sentencia a la aspiración de Marta Sahagún, Maricarmen Ramírez y otras parejas de gobernantes ha sido calificarlas de ambiciosas, pues ellas, según los políticos, deben seguir las reglas no escritas y conformarse con el papel de benefactoras sociales.

El caso político de las mujeres parejas de gobernantes que han anunciado su pretensión de suceder a sus esposos en el poder que ostentan, o compartirlo con ellos, no es nuevo como lo señala con datos el periódico La Jornada en su edición del lunes 18 de este mes, y casos semejantes se han presentado a nivel municipal. Lo grave aquí no es el ejercicio de sus derechos políticos, la constitución las ampara para ello. Son ciudadanas mexicanas al igual que todas las mujeres. Lo prohibido es el hecho de que para hacer política utilicen los recursos públicos que administran sus cónyuges, es decir hacer política desde el amparo que el poder político del esposo les proporciona. Esta conducta es la que debe prohibirse. Y para ello, estas mujeres deberán independizarse de los beneficios que les otorga ser la pareja del presidente o del gobernador. Es decir, deberán ellas construir sus propias carreras políticas y demostrar la capacidad que las mujeres por sí solas tenemos.

La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el 2002, propuesto por las diputadas y senadoras de la actual legislatura del H. Congreso de la Unión al mismo artículo 175 en su fracción 3, ahora no sólo recomienda a los partidos promover la participación de las mujeres; también los obligan a garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres en la vida política del país, a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, con las sanciones a quienes no cumplan con ello, trayendo como resultado en el proceso electoral del 2003, un mayor número de mujeres ocupando una curul en dicho órgano de poder federal, pero no se logró rebasar el porcentaje del 21 por ciento. En nuestro estado la reforma realizada en febrero de este año no se pone a prueba todavía, esperemos la contienda del próximo año, ahí veremos si existe la voluntad y la disposición de las organizaciones políticas para hacer de Guerrero un verdadero estado democrático.