Propone la Judicatura inhabilitar por 30 días al juez penal de Tlapa

*El magistrado Miguel Barreto solicitó imponer una sanción más severa a Margarito Ávila Serrano, el letrado que liberó a un presunto secuestrador y suma ya 11 quejas

 Teresa de la Cruz Chilpancingo  

En sesión ordinaria, el pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó revisar la resolución que propone inhabilitar por un mes al juez penal de Tlapa, Margarito Ávila Serrano, quien por presuntas irregularidades suma ya 11 quejas en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el dictamen que envió al Tribunal Superior de Justicia el Consejo de la Judicatura, el juez Avila Serrano, junto con su secretario general de Acuerdos, José Manuel Rodríguez Montiel, fueron acusados por dilatación del juicio de interno Armando Chew Cervantes, quien está preso en el penal de Acapulco por robo, extorsión y abuso de autoridad.

El interno interpuso su denuncia en el Consejo de la Judicatura Federal en enero de 2004, cuando Margarito Avila Serrano era juez penal del distrito de Tabares, en Acapulco.

En su dictamen, el Consejo de la Judicatura propone a los magistrados del TSJ que Ávila Serrano sea inhabilitado por 30 días, sin goce de sueldo.

El juez penal de Tlapa también es investigado por el Consejo de la Judicatura debido a que la Primera Sala Penal del TSJ revocó una sentencia absolutoria que dictó en diciembre de 2003 a Mariano Rodríguez Jiménez, presunto secuestrador del empresario tlapaneco Domingo Torres Galarza.

Por el mismo caso, el Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero del Ramo Penal  de Tlapa interpuso un recurso de apelación en julio de 2004 contra la sentencia absolutoria del ex aspirante a alcalde de Olinlá, Virginio Lucero Ibarra, quien fue liberado en a finales de ese mes.

Durante la discusión por el caso del juez de Tlapa, el magistrado Miguel Barreto Sedeño propuso que el TSJ “modifique” la resolución, “e imponer una sanción más severa al juez Margarito Avila, quien ya tiene en su expediente 10 quejas y con ésta que ventilamos –la del reo de Acapulco– son 11”,

Por su parte, el magistrado Servando Alanís Santos planteó que al juez de Tlapa no se le emitiera ninguna sanción, con el argumento de que la resolución del Consejo de la Judicatura estaba mal planteada en términos jurídicos.

Refirió que los magistrados no deben “hacer el trabajo al Consejo de la Judicatura, que son doctores en derecho, y mi voto va a ser contra la aprobación de la resolución”.

Los magistrados Vicente Rodríguez y José Luis Bello Muñoz coincidieron con Alanís Santos, con el argumento de que el dictamen del Consejo de la Judicatura se basa en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y no en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Debido a ello, y por mayoría, los magistrados acordaron que la resolución se revise y vuelva a ser analizada en la próxima sesión del TSJ, en donde se determinará si se rechaza, modifica o aprueba.