Netzahualcóyotl Bustamante Santín*

Cifras de la dependencia presupuestal

El 1 de enero de 1980 entró en vigor la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que consagra en un solo ordenamiento las facultades tributarias entre la federación y todas las entidades federativas. Se aspiraba a regular las siempre tensas –incluso con más énfasis en estos días– relaciones bilaterales en materia impositiva y fortalecer las finanzas públicas locales.

Se lograba que cada uno de los estados renunciara al cobro de impuestos propios.

En el cuerpo de la ley se establece el denominado Fondo General de Participaciones (FGP). Este fondo se integra ahora con el 15 por ciento de todos los impuestos federales; ya consolidado se distribuye a todas las entidades anualmente desde 1980 bajo una triada de criterios: población, recaudación de impuestos federales en los estados y nivel de pobreza.

Hasta 1997 el FGP representó buena parte de los ingresos para los estados. En 1998 se adicionó el capítulo V a la LCF al decretarse la creación de un ramo general, dentro del presupuesto federal denominado Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios, mejor conocido como Ramo 33, que a su vez lo integran siete fondos relacionados con educación, salud, seguridad pública, entre otros.

Los ramos 28 (FGP) y 33, conforman la estructura presupuestaria de transferencias federales por la que los estados reciben más del 60 por ciento de su ingresos en promedio.

En materia de coordinación fiscal, Guerrero es de los pocos estados que arroja resultados ambivalentes en los últimos 25 años.

En 1980, del total de sus ingresos, 19.1 por ciento correspondieron al concepto de impuestos, contra el 7.1 de Hidalgo y el 3.3 de su vecino Oaxaca. El otro grueso de los ingresos del estado lo representaron justamente las debutantes participaciones federales con un 62.6 por ciento.

Dos decenios posteriores, en el año 2000, las transferencias o gasto federal descentralizado correspondiente a esta entidad alcanzaron el 70.1 por ciento (Ramo 33) más 25.7 (FGP) que sumaron el inaudito 95.8 por ciento de los ingresos totales de Guerrero. Se condiciona la entrega del Ramo 33 a un uso y aplicación específicas.

Estos reveladores y contundentes datos arrojan luz respecto del descomunal incremento de la dependencia presupuestal del estado en tan sólo veinte años.

Expertos en temas vinculados con el federalismo fiscal acusan una poderosa concentración de recursos tributarios por parte de la federación que asfixia el ejercicio cotidiano de la administración pública en los estados y municipios de México.

Igualmente, se ha sostenido que el control del presupuesto público permite el consecuente control político de una determinada jurisdicción territorial.

Quienes apelan a una descentralización de los recursos que controla –y con los cuales en no pocas ocasiones especula– la federación, plantean una media docena de alternativas para resarcir o redistribuir responsabilidades, facultades y potestades en materia impositiva a las estidades.

En estados como Guerrero empero, la federación está a punto de no poder destinar más recursos: según el proyecto de presupuesto de egresos 2003, el gobierno local únicamente contribuiría con un 3.3 por ciento de sus ingresos para cubrir el gasto público que se está ejerciendo este año y en ellos están incluidos una línea de crédito de 500 millones de pesos autorizada por el legislativo local (ver cuadro).

El gobierno central está a punto de mantener económicamente de manera cuasi total a este empobrecido territorio. Si bien es cierto que lo hace más dependiente, también lo es que ello desalienta la búsqueda de ingresos propios.

Varias son las razones que acusan un inmoderado paternalismo presupuestal del estado: no existe un esfuerzo recaudatorio ni un plan integral para fomentar, alentar e impulsar una cultura del pago de impuestos por parte de los contribuyentes; aunado a ello se presenta una justificada y razonable actitud por parte de la sociedad que no está dispuesta a seguir aportando al sostenimiento del ejercicio gubernamental. Las razones son ampliamente conocidas.

“‘Estamos pobres’ es la queja más socorrida por el gobernador a la hora de negociar la entrega de más recursos para Guerrero. Esa es su bandera, su discurso. Le sirve al gobierno en turno. No busca inversiones, sentados llegan las dádivas”, escribí en este diario hace algunos meses (El Sur 4/11/03).

Preocupa no sólo la dependencia presupuestal, que de suyo es inadmisible y riesgosa sino los nulos, escasos e inexistentes mecanismos de fiscalización del gasto y revisión de las cuentas públicas que transparenten la gestión pública.

Cual modelo canadiense del accountability, el gobierno local puede presumir pletóricamente que la Cuenta Pública estatal es pulcra y que ni haría falta presentarla y fiscalizarla: a juicio del auditor general del estado ésta nunca presenta observaciones, criterio que comparten los opositores diputados locales.

Un profundo e impostergable proceso de reingeniería gubernamental integral en materia fiscal con definición clara de políticas públicas junto al redimensionamiento del aparato de recaudación impositiva así como la actualización de padrones de contribuyentes y catastrales; cumplimiento de metas viables; actividad permanente del Comité de planeación estatal e integración de criterios entre la autoridad estatal y municipales, se traducen en tareas primarias de mejora institucional que permitan sentar las bases para iniciar la paulatina conversión de la desmedida e inaudita circunstancia actual fiscal de la entidad.

* El autor es licenciado en Economía por la UNAM y tiene maestría en Administración Pública.