Proponen hoteleros ir hasta lo último contra administradores de la OCVA

 Debe sentarse precedente de probidad en el manejo de recursos públicos, señalan Leandro Oropeza, Sergio Salmerón y Héctor Pastor coinciden en que se respete los derechos de los señalados

 Xavier Rosado  

Empresarios y representantes de asociaciones turísticas del puerto coincidieron en que el proceso de revisión y auditoría a los administradores del Room Tax y de la OCVA, debe continuar hasta sus últimas consecuencias, con el fin de marcar un precedente en el que se exija probidad a los encargados del manejo de recursos públicos.

Además indicaron que los implicados, entre los que se encuentran Rafael García Pimentel, Carlos Velásquez Cerda, Elizabeth Estévez, Alejandro González Molina, Joaquín Castillo, Mary Bertha Medina, Pedro Álvarez Sutter y Alexis Iglesias Aragón, deben también ejercer su derecho de desahogo de pruebas.

El presidente de la Asociación Microhotelera de Acapulco, Leandro Oropeza Hernández, indicó que si los implicados resultan culpables “deben ir a la cárcel” con el fin de “ponerlos como ejemplo ante todos aquellos que han robado anteriormente de forma impune”.

Por su parte, el gerente del hotel Playa Suites, Sergio Salmerón Manzanares, manifestó que se debe llegar hasta el final del proceso, fincar responsabilidades y aplicar sanciones estrictas para que así la sociedad vuelva a confiar en los encargados de manejar recursos públicos.

El presidente del Colegio de Licenciados en Turismo, Héctor Pastor Durán, opinó que aunque el proceso de auditoría y descargo de pruebas sea largo y sinuoso, se debe concretar “porque realmente los acapulqueños ya estamos cansados de tantas mentiras y corrupción”.

Leandro Oropeza consideró que el escrutinio que ejecuta el Congreso estatal “es sano porque son recursos que deben tener una aplicación honesta y verdadera y sus administradores tienen que entregar cuentas claras”.

Sin embargo, sugirió que las personas señaladas deben tener la oportunidad de presentar las pruebas de descargo para su defensa.

Expresó que le parece extraño que se auditen ejercicios de 2002 y 2003 porque las auditorías de parte del gobierno estatal deberían hacerse al final de cada año.

Coincidió con las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Mary Bertha Medina, en que las revisiones podría ser una “cacería de brujas”, en el sentido de que los diputados de la Comisión de Vigilancia “utilizan los asuntos como el de la OCVA” para llamar la atención con un fin proselitista.

“Algunos diputados se prestan a hacer declaraciones demasiado temerarias que a veces no tienen fundamento legal y lesionan el prestigio de aquellos que en buena ley están haciendo su trabajo”, concluyó.

Por su parte, Pastor Durán señaló que como colegio apoyan al Congreso para que aplique la ley y se sancione a los implicados conforme al delito que hayan cometido.

“Porque son recursos públicos y los administradores no tenían ningún derecho de hacer uso de esos recursos, que deben ser aplicados a la promoción turística”, explicó.

Dijo en que a los responsables se les debe dar la oportunidad de desahogar las pruebas en su contra, sino “que se aplique la ley conforme a derecho sin importar quién sea la persona”.

“Si existe este proceso significa que no son honestos, pero la misma auditoría les dará la oportunidad de probar lo contrario”, finalizó.

Sergio Salmerón señaló que se debe llegar hasta el final del proceso para que la sociedad sepa quiénes son los verdaderos culpables del fraude.

“Creo que estos casos deben tratarse ante un juez competente, con la debida presentación de pruebas para no dejar en duda la honorabilidad de personas que a lo mejor no tuvieron nada qué ver con los hechos”, expresó.

Acerca de que se ponga en tela de juicio la honestidad de personas encargadas de administrar recursos públicos, añadió que se debe ser más cuidadoso al momento de seleccionarlos, ya que “cuando uno maneja fondos de terceros entre ellos la honestidad y la probidad deben prevalecer ante todo”.