Aprueban diputados reformas sobre penas por secuestro y atención a víctimas

 En sesión, y por unanimidad, establecen diputados penas de 50 a 75 años por rapto, así como el brindar atención y asesoría física y emocional a las víctimas de ese delito

 Hugo Pacheco León Chilpancingo  

En la sesión de ayer, los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones en materia de seguridad pública con las cuales esperan atender problemas en materia de ejecución de penas, prestar atención y apoyo a víctimas y ofendidos del delito y agravar penalizaciones por secuestro.

La fundamentación de los dictámenes fue leída por los diputados de las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el perredista René Lobato Ramírez, leyó la fundamentación del dictamen de la Ley del Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de Guerrero.

Expuso que la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, ha la fecha ha tenido dos reformas y adiciones, una del 26 de febrero y el 29 de agosto, ambas de 1991, por lo que ante la observancia de aspectos técnicos obsoletos resulta necesario legislar al respecto.

Indicó que por ello dotan con nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como administrar los penales y acordar las solicitudes de libertad anticipada y traslado de reos; dar seguimiento y asistencia a sentenciados liberados, preliberados o que deban ejecutar algún sustitutivo penal; diseñar un sistema de selección, reclutamiento profesionalización, capacitación y evaluación de los empleados que laboren en las cárceles.

René Lobato dijo que la Ley del Sistema de Ejecución de Penas Privativas y Medidas de Seguridad no se contrapone a ningún ordenamiento legal, ni violenta las garantías de los ciudadanos, y sí establece y específica las bases para ejecutar las penas y orienta sobre la prevención de la delincuencia a través del tratamiento penitenciario.

Sobre atención a víctimas u ofendidos por un delito

El diputado del PRD, Rodolfo Tapia Bravo, leyó sobre la Ley Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero.

La ley –expuso– tiene como objetivo establecer las medidas de atención y apoyo a la víctima, así como garantizar sus derechos, por lo que será una herramienta de gran utilidad para los ciudadanos, sobre todo para las víctimas o vulneradas por el delito.

Agregó que la Ley también establece la creación de los Centros de apoyo interdisciplinario a las víctimas, porque son agredidas física y emocionalmente y deben ser atendidos adecuadamente por unidades especializadas.

Rodolfo Tapia señaló que con la ley se instituye                         el programa de atención y apoyo a la víctima o al ofendido del delito, a cargo de la PGJE, para una procuración de justicia integral y enfocada al establecimiento de mecanismos de atención a las víctimas y atribuciones que tiene encomendadas.

Dijo que se crean las Unidades de Atención Inmediata a Víctimas y Ofendidos del Delito y el Consejo Estatal para la Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido, como órgano de apoyo y encargado de dar seguimiento al programa de atención a víctimas, concluyó.

De 50 a 75 años de cárcel a secuestradores

Posteriormente, el diputado del PRI, Joel Eugenio Flores, se refirió al dictamen de reformas al Código Penal del Estado de Guerrero.

Indicó que en las reformas al Código Penal se tomaron en cuenta parámetros de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia de la Federación y de los Estados, para reformar el artículo 129, estableciendo el delito de secuestro y fijando una pena de 40 a 60 años de prisión y de mil 600 a dos mil 60 días de multa.

El diputado priísta informó que de la propuesta inicial del gobierno del estado de aumentar a 100 años la penalidad por secuestro, los diputados de Justicia y Seguridad Pública la establecieron de 50 a 75 años, con base en el criterio de que los Códigos Penales mexicanos modernos han abandonado las penas excesivas.

Divide su voto a diputados del PRD

Antes de aprobarse este dictamen, los diputados del PRD se dividieron, porque a pesar de que el diputado Rodolfo Tapia dijo que razonaría el voto a nombre de su fracción, Rómulo Reza Hurtado, René Lobato Ramírez y José Jacobo Valle subieron a tribuna para apoyar el fallo.

Mientras que la presidenta de la Mesa Directiva y candidata a gobernadora, la panista Porfiria Sandoval Arroyo, permitió la participación de los diputados, a pesar de que está prohibido.

Pidió la palabra Rodolfo Tapia, quien dijo que su partido se muestra sensible a la demanda social de combatir con severidad el secuestro, pero que las reformas que agravan las sanciones no son “mágicas”.

Indicó que mientras no se expidan políticas públicas sobre seguridad social, las medias emprendidas sólo serán paliativos.

Enseguida Rómulo Reza Hurtado indicó que se suma a la postura de su partido de apoyar las reformas y adiciones presentadas para acabar con fabricación de delitos y construcción de chivos expiatorios del delito.

Señaló que hay inconformidad en los ciudadanos y un alto número de personas secuestradas, algunos con un año o seis meses, y que la PGJE no investiga.

También René Lobato Ramírez dijo que la aprobación de los dictámenes es importante porque se responde a un reclamo ciudadano, y que el aumentar penas al secuestro no acabará con el delito.

Cuando parecía que se votaría el tema, el perredista José Jacobo Valle se sumó al apoyo y recordó que deben buscarse nuevas formas de combatir el secuestro y que del fondo 4 del Ramo 33, sobre el Fortalecimiento a los Municipios, los ayuntamientos reciben recursos para combatir la inseguridad pública.

Por su parte, de los diputados priístas fue Joaquín Mier Peralta aseguró que la pobreza, la desigualdad en la distribución de la riqueza, el analfabetismo, las familias disfuncionales, el consumo de alcohol y el uso de armas son factores que fomentan la inseguridad pública.

Deslindó al gobierno de estado de la única responsabilidad en combate a la inseguridad, “sino que también es parte de la sociedad civil y para ello se deben emitir leyes que coadyuven en su combate y el gobernador René Juárez se ocupó de enviar las iniciativas”.

Dijo que el PRI votaría a favor, “así se acabarán las marchas en contra”.

Finalmente el dictamen se aprobó por unanimidad, aunque antes la panista Porfiria Sandoval pidió a los diputados que externaran si se reservaban votos en particular en el dictamen. Nadie pido la reserva de artículos y se aprobó la reforma al Código Penal del Estado.

Otros asuntos de trámite legislativo

En la sesión de ayer se dio a conocer el oficio por el cual el rector de la UAG, Nelson Valle López, envía su informe financiero y presupuestal correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto de 2004.

Además se dio una segunda lectura al dictamen que aprueba la cuenta pública del gobierno de René Juárez Cisneros, correspondiente al cuatrimestre enero-abril del 2004.

Igualmente se dio una segunda lectura al dictamen de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero.