Una sanción mayor para López Rosas e incluir a Ramón Almonte, demanda el Centro Tlachinollan

El dictamen que discute la Comisión Instructora por el caso Ayotzinapa es limitado, parcial e incompleto, dice Vidulfo Rosales

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, expresó que el análisis del proyecto de dictamen que presentó la Comisión Instructora del Congreso del estado por los hechos en que fueron asesinados dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, es limitado, parcial e incompleto.
En consulta telefónica expresó que la inhabilitación del ex procurador y ahora secretario del Trabajo, Alberto López Rosas, debe ser prolongada y debe tener sanciones adicionales y no de sólo un año como lo propone la Comisión Instructora del Congreso, que el miércoles dio a conocer el contenido del proyecto del dictamen.
Dijo también que es infundado que los diputados exoneren al ex secretario de Seguridad del estado, Ramón Almonte Borja, porque los elementos a su cargo estuvieron armados en la protesta de los normalistas, y que los efectivos utilizaron armas letales en una manifestación pacífica, “más allá que hayan ido de manera auxiliar, también incurrieron en el uso de la fuerza, acudieron armados a una manifestación”.
Afirmó que hay suficientes elementos para aplicar sanciones al ex secretario de Seguridad Pública, pero que hay intereses atrás que no permiten profundizar en las investigaciones.
Expresó que el dictamen está precedido de pactos políticos y cupulares  de los partidos políticos y no es un dictamen que profundice en un análisis exhaustivo de los hechos del 12 de diciembre del 2011, donde policías asesinaron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Dijo que la propuesta de dictamen es limitada, parcial e incompleta, y no va en el interés de que se haga justicia, se esclarezcan los hechos y se sancione administrativamente a los responsables que participaron.
Exhortó a la Comisión a reconsiderar el dictamen y que paguen las deudas pendientes que tienen con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Subrayó que la Comisión Instructora del Congreso sólo está cumpliendo una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero “el Congreso del estado no efectuó una investigación propia, ha asumido una actitud pasiva, complaciente, de solapamiento a los funcionarios que se ven involucrados”.
El abogado dijo que no coincide con los señalamientos del diputado priista Omar Jalil Flores Majul, de que hubo omisiones en las recomendaciones por parte de la CNDH, y afirmó que el organismo hizo un análisis de las responsabilidades en que incurrieron los policías federales y emitió una recomendación al comisionado de seguridad pública para que se instruyan los procedimientos para fincar responsabilidades.
Subrayó que la federación incumplió la recomendación de la CNDH al no iniciar ningún procedimiento contra los policías federales, “obviamente la CNDH tendría que estar llevando un juicio político a estas alturas contra las autoridades federales que no acataron las recomendaciones y ahí si hay una omisión del organismo”, reconoció.