Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Pudrición en Guerrero

Las personas buenas que quedan en el mundo, aquellas que merecen una segunda oportunidad sobre la tierra, definitivamente no están en la policía municipal de Iguala. La maldad intrínseca, pura y manifiesta con que policías de esa ciudad abatieron a balazos a tres estudiantes normalistas la noche del viernes junto a otras tres personas, refleja la profundidad que ha alcanzado en el estado de Guerrero la pudrición que carcome por dentro el orden institucional y la vida pública.
Porque no fue un salvajismo fortuito, inesperado o accidental el que cobró tantas vidas inocentes, sino un acto de barbarie deliberado, ordenado y ejecutado a conciencia por individuos y policías sin alma. Pero como sucede en las grandes matanzas históricas, cuarenta y ocho horas después de la refriega aún se ignora quién dio la orden a los policías de atacar a los estudiantes. En cambio, el gobierno del estado ha puesto en marcha una estrategia no para discernir la verdad, sino para confundir a la opinión pública, enredar, y en último término para ocultar la realidad de los acontecimientos. Es por eso que hasta el número de muertos es incierto.
La matanza de la noche empezó a prepararse en Chilpancingo la mañana del viernes, cuando los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa intentaron apoderarse de un autobús de la línea Estrella de Oro, y policías estatales lo impidieron. A raíz de ello, la policía del estado dio a conocer que los estudiantes de Ayotzinapa tenían ya en su poder 11 autobuses para trasladarse el 2 de octubre a la ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco. Es decir, la mañana del viernes el gobierno del estado tenía conocimiento de los planes de los estudiantes para apropiarse de algunos autobuses –lo que puede considerarse un acto imprudente, pero de ninguna manera criminal–, y sin duda supo también que se habían trasladado a Iguala. Pero no hay registro de que las autoridades hayan siquiera intentado frenar a los jóvenes por la vía pacífica.
De acuerdo con la explicación que ofreció el sábado el procurador Iñaky Blanco Cabrera, a las 9 y media de la noche los estudiantes tomaron tres autobuses en Iguala, lo que desató la intervención de la policía municipal y la persecución de los jóvenes. Los normalistas “fueron alcanzados por efectivos de dicha corporación, quienes accionaron sus armas contra los citados autobuses, uno de los cuales llegó hasta las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia –a la salida de la ciudad– donde fue abandonado por los estudiantes, el cual fue hallado con los cristales rotos y en su interior 11 prendas de vestir manchados con sangre”, dijo el procurador.
Es imposible que una operación policiaca de esas proporciones haya sido emprendida por la exclusiva iniciativa de los policías municipales, sin que mediara una orden de sus superiores, y es obvio que tal orden llegó al ámbito municipal desde el gobierno del estado, dadas las acciones realizadas por la policía estatal en la mañana para impedir a los jóvenes que se hicieran de un autobús de la Estrella de Oro. El hecho de que la policía de Iguala se encuentre oficialmente dentro del esquema de Mando Único, por el cual el gobierno del estado asume el control de las corporaciones municipales, obliga a preguntar quién en Chilpancingo dio las órdenes a la policía de Iguala y en qué consistieron esas órdenes, y quién las recibió e impartió en Iguala. Alguien finalmente ordenó disparar contra los estudiantes. ¿Quién fue?
Quien quiera que haya dado esa orden provocó la muerte de seis personas. Habría bastado la primera andanada de balas contra los autobuses, durante la cual ocurrió la primera muerte, para despertar la indignación nacional por esos hechos. Pero el cuadro adquirió características demenciales al ocurrir poco más tarde el segundo ataque contra los normalistas, perpetrado por sujetos no identificados que dispararon contra los estudiantes –y contra periodistas que realizaban su trabajo–, cuando éstos daban cuenta del primer ataque. En ese segundo episodio murieron dos estudiantes más.
Deberá ser materia de la investigación establecer la identidad de esos atacantes, pero nadie se tragará el cuento de que fueron miembros de la delincuencia organizada: fueron los mismos poli-cías. Y fueron los mismos policías también los que atacaron el autobús en el que viajaban los integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, tercer episodio en el que resplandeció la crueldad de aquella jornada, pues el camión estaba ocupado por adolescentes. Fueron sacrificados ahí el jovencito David Josué García Evangelista, que a sus quince años apenas despuntaba a la vida, y el conductor del vehículo, y si no hubo más muertos fue porque la fortuna trabó la puerta que los bandidos no pudieron abrir. Y qué duda cabe que asimismo fueron los mismos policías de Iguala los que acribillaron a la mujer que viajaba en un taxi y perdió la vida sin saber cómo ni por qué.
Es posible que los policías agresores hayan creído que su primera infamia quedaría encubierta con el derramamiento de más sangre, generando hechos que luego podrían ser atribuidos al crimen organizado. De ahí que se esparcieran por Iguala como escuadrones de la muerte. Y desatado el terror, es lógico que confundieran el autobús de los niños con otro tomado por los normalistas, o que simularan esa confusión con el interés de oscurecer los hechos.
Pero lejos de oscurecer los acontecimientos, los policías de Iguala demostraron otra vez que esa ciudad vive bajo un auténtico régimen de terror bajo la gestión del siniestro alcalde José Luis Abarca Velázquez. El presidente municipal tendrá la excusa del Mando Único para intentar sacudirse su responsabilidad en las matanzas del viernes, como anticipó su protector el diputado federal del PRD Sebastián de la Rosa Peláez. Pero los hechos lo incriminan ahora tanto como lo incriminan en el asesinato de Arturo Hernández Cardona y de sus dos compañeros de la organización Unidad Popular, que no ha sido resuelto ni castigado pese a la existencia de un testimonio de primera mano de uno de los testigos y sobrevivientes de aquel escalofriante crimen, que señala al alcalde como el hombre que disparó contra el luchador social.
Como sucedió en el atentado contra Hernández Cardona, en los ataques contra los normalistas fueron empleadas tácticas que perfilan acciones de escuadrones de la muerte amparados en un control perfecto de la ciudad, lo que no podría suceder si no hubiera complicidad de la policía, o si no fuera la propia policía la que entrada la noche sólo cambia de uniforme. ¿Será investigado ahora sí el alcalde del PRD? ¿O será nuevamente protegido por el gobierno de Ángel Aguirre y por el PRD como lo fue en el caso de Hernández Cardona, pese a la gravedad de las imputaciones en su contra?
La detención de 22 de esos policías criminales, practicada el sábado, es apenas la menor de las acciones a las que está obligado el gobierno del estado. Pero lo que la sociedad querrá saber es cómo es posible que una atrocidad semejante haya ocurrido en Guerrero, después del asesinato de que fueron víctima hace tres años dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, acribillados por policías que no han sido identificados ni castigados. La repetición de estos hechos no puede ser justificada ni explicada como consecuencia de hados malignos que se posan sobre el estado. No. Es culpa del gobierno. Es el gobierno el que a través de sus campañas de difamación ha estigmatizado a los normalistas como simples vándalos. El que los persigue y los hostiga. La fatídica noche del viernes es consecuencia de esa política criminal.

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