A 512 años de la conquista, prevalece el hostigamiento contra indígenas: ONG

 En un documento, denuncian organismos de derechos humanos e indígenas casos de represión en Costa Chica y La Montaña. las autoridades no han investigado ningún delito, a pesar de que se han interpuesto las denuncias, aseguran

 Zacarías Cervantes Chilpancingo  

A 512 años del Descubrimiento de América y de la resistencia de los pueblos indios prevalece aún la represión, la persecución, el hostigamiento, la marginación y el olvido de las autoridades federales y estatales, de acuerdo con un análisis dado a conocer ayer por organismos de derechos humanos y organizaciones indígenas.

En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, (Tlachinollan), autoridades tradicionales del municipio de Xochistlahuaca y la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos de Ayutla denunciaron algunos casos de represión y hostigamiento contra los indígenas, sobre todo en la Costa Chica y La Montaña.

En nombre de las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca –que buscan la autonomía de su municipio–, Héctor Honofre Solano denunció que la represión contra los amuzgos se da de diferentes formas, entre ellas las órdenes de aprehensión contra 12 de sus autoridades tradicionales, una de ellas que se cumplió en la persona del comisario Genaro Cruz Apóstol.

Recordó el desalojo de indígenas del Palacio Municipal en enero de 2001, cuando hubo una veintena de lesionados, uno de ellos de gravedad, sin que por ello se aplicara la ley a los responsables a pesar de que se presentaron las denuncias correspondientes.

De estos hechos responsabilizaron a la entonces alcaldesa Aceadeth Rocha Ramírez y a su hermano José Luis, quienes –dijo Honofre Solano– gozan de impunidad.

Agregó que a raíz de ese conflicto la ahora diputada local y su hermano dividieron al magisterio y casi en todas las comunidades existen dos escuelas, una en donde estudian los maestros disidentes y en la otra los maestros recomendados por los Rocha Ramírez.

Pero lo que calificó como más grave es que en ese municipio los indígenas “no tenemos derecho ni siquiera a ser mexicanos”, ello porque denunció que a quienes disienten de la ex alcaldesa y de su familia no les permiten que se registren en la Oficialía del Registro Civil, es así como a cuatro años del conflicto aproximadamente 500 niños no se han registrado.

Por su parte, el dirigente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos de Ayutla, Arturo Campos, denunció que en el municipio de Ayutla se vive una situación de represión igual.

Denunció que a partir de la masacre en la comunidad de El Charco, hecha por militares, por lo menos 10 dirigentes indígenas han sido asesinados por paramilitares en diferentes comunidades; informó que el más reciente ocurrió el 20 de septiembre en la comunidad de La Angustura, en donde fue asesinado el dirigente Tomás Sócimo Santos.

Denunció que presuntos paramilitares persiguen a los dirigentes indígenas, a quienes amenazan y hostigan permanentemente sólo por denunciar las condiciones en que viven.

Señaló que los delitos que cometen los militares contra los indígenas no son castigados, a pesar de las víctimas presentan las denuncias.

Recordó el caso de las mujeres indígenas que fueron violadas por militares en comunidades de ese municipio.

Mientras tanto, en un documento entregado a los medios por la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y las organizaciones indígenas de Xochistlahuaca y Ayutla se denuncia, además, que en las comunidades indígenas “existen historias cruentas de cacicazgos que han venido a desmantelar la vida de las comunidades y a destruir sus instancias y órganos de decisión tradicionales, que para las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia no son delitos que les interese perseguir, ni son actos que pongan en riesgo el control político del municipio”.

En el documento se informa que de todos estos casos los organismos han elaborado un informe que será entregado en breve al relator espacial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.