Tomás Tenorio Galindo

La reforma inevitable

Una vez más, la conveniencia de dotar al país de una regulación moderna de los medios electrónicos gana espacio en el debate. Había sido un tema de interés público desde hace por lo menos 25 años, pero la reflexión y la crítica nunca se había extendido tanto, ni había sido tan profunda y esclarecedora, como en esta ocasión. Tampoco había cobrado forma, como ahora, un proyecto que atrajera las simpatías y el apoyo de numerosos actores de la vida pública.

Es impredecible el curso que adopte finalmente este debate, y es aventurado aún dar por supuesto que el Congreso aprobará las reformas para actualizar las leyes que regulan el negocio y los contenidos de los medios electrónicos. Pero quizá sea posible afirmar que hoy existe un consenso en torno a la materia del que se había carecido en todas las anteriores aproximaciones al problema.

Si al cabo de muchos años México ha conseguido establecer un sistema electoral que funciona, y si el voto pudo romper la prolongada hegemonía de un partido en el poder, era natural e inevitable que tarde o temprano llegase el momento de observar con ojos críticos la forma en que trabajan la televisión y la radio al amparo de leyes que datan de hace 40 años. Cuando llega, la modernidad llega para todos.

Aunque la radio no escapa al modelo objeto de crítica, es la televisión la que suscita los mayores reclamos. De acuerdo con el testimonio de un profesional que sabe lo que dice, siete de cada diez televidentes ven los canales de Televisa y dos los de TV Azteca. Televisa acapara el 60 por ciento de la publicidad, y TV Azteca el 20 (Abraham Zabludovsky, revista Milenio, 11 de octubre de 2004).

“Concentrador y discrecional”, llama Zabludovsky a ese modelo. En efecto, México es el único país del mundo actual que consiente que una sola empresa televisiva concentre esos porcentajes de audiencia y de publicidad. La distorsión que ello genera es de gran magnitud, y si acaso en la calle no se aprecia es porque el público está acostumbrado a ese modelo.

Debido a esa discrecionalidad y concentración, los televidentes mexicanos han visto limitado siempre su derecho a la diversidad y, con ello, a la calidad. En los hechos, sólo ha conocido un menú de entretenimiento y de información, el menú que se les ha servido una y otra vez.

La ausencia de una reglamentación adecuada a la evolución del país ha favorecido la normalización de la anormalidad. Al contrario de lo que sucede en otras naciones, México ha mantenido sin tocar leyes que habrían requerido modificaciones desde hace por lo menos 30 años, cuando la televisión se masificó de manera formidable.

En nombre de ningún principio resulta razonable y sana la posesión de un poder como el de los medios televisivos en tan poquísimas manos. La prolongación de ese fenómeno se explicaría solamente en un entorno no democrático, pero México es una nación con un sistema democrático que es motivo de elogios en el extranjero. No se justificaría, pues, que siguiera conservando un marco legal obsoleto para sus medios de comunicación electrónicos.

Otro experto analista de medios, Raúl Trejo Delarbre, ha evidenciado la obsolescencia en la que se encuentra nuestro país en la materia. Mediante una útil comparación, Trejo Delarbre demuestra cuán atrasados nos encontramos respecto a naciones como Alemania, donde una televisora no puede alcanzar más de 30 por ciento de la audiencia; Australia, donde ninguna televisora puede concentrar más de 75 por ciento de teleaudiencia; o Estados Unidos, donde ninguna cadena puede tener más de 35 por ciento del público. (Crónica, 10 de octubre de 2004).

Los candados impuestos por la ley en esos y otros muchos países, para impedir que se produzca un fenómeno de concentración excesiva en medios electrónicos como el que existe en nuestro país, ha determinado conductas de competencia equitativa y ha propiciado la diversidad y calidad en los contenidos.

En México, la televisión y la radio nacieron de la mano de los regímenes controlados por el PRI. Durante prácticamente toda la estancia del PRI en el poder, la radio y la televisión fueron brazos operativos del presidente en turno y del partido en el poder. Esa alianza duró hasta que el PRI se vio derrotado en las elecciones del año 2000.

Pero si en el pasado la inercia mantuvo las cosas intocadas, en el contexto de la alternancia política no existe argumento alguno en defensa de un modelo televisivo como el que tenemos. El acotamiento y regulación de nuestros medios electrónicos es vital para el fortalecimiento de la vida pública del país. No es posible que en una nación donde ya no hay monopolios del poder ni partidos únicos, exista en cambio un poder fáctico depositado en las transmisiones de televisión. La televisión no puede ya constituir un estamento aparte.

Sin embargo, tiene razón la industria televisiva y radiofónica en desear formar parte de los trabajos de una reforma. Si queremos medios electrónicos modernos desde todo punto de vista, esa modernidad se alcanzará solamente si en ese esfuerzo también participa la propia industria.

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