Exigen ONG del estado y el país la renuncia del alcalde de Iguala por el ataque a normalistas

*Representan “a una banda de la delincuencia organizada”, acusa la OPIM

(Redacción con información de Reforma)

Organizaciones sociales condenaron los ataques de la noche del viernes en Iguala, donde fueron asesinados tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, un jugador menor de edad del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo y dos civiles más por policías municipales y un comando de sicarios.
Exigen al gobierno del estado la investigación y justicia en diferentes comunicados y la renuncia del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien señalaron como responsable de los hechos y lo ligan con la delincuencia organizada.
Por separado, organizaciones de la sociedad civil iniciaron una Acción Urgente para solicitar una investigación sobre los hechos violentos del viernes en Iguala. La acción está apoyada por organizaciones integradas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y advierte de las violaciones graves a los derechos humanos en contra de normalistas de Ayotzinapa, víctimas de asesinato y desaparición forzada a manos de la Policía Municipal. Aún hay 57 desaparecidos.
En su comunicado, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presidida por el obispo José Raúl Vera López condena los hechos, expone que los asesinatos del viernes “se dan dentro del marco de criminalización a las actividades de los activistas sociales y la propia Normal de Ayotzinapa impulsada en el estado y donde Iguala no es la excepción”.
Exige la presentación con vida de los estudiantes de desaparecidos, además de una investigación para que el hecho no quede impune y prevalezca la justicia.
Expone que si el ataque a los normalistas fue perpetrado por policías municipales, éstos tuvieron que “haber recibido órdenes superiores para actuar de esa manera”.
“Para el gobierno del estado de Guerrero debe ser una prioridad la seguridad de la población y el cumplimiento de los derechos humanos”, agrega.
Recuerda que el 30 de mayo del 2013 personas desconocidas desaparecieron a ocho integrantes de Unidad Popular, tres de ellos aparecieron ejecutados y con huellas de tortura, entre ellos el dirigente de esa organización, Arturo Hernández Cardona.
“Subrayamos que uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa señaló al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez de ser el asesino material de Arturo Hernández Cardona. Hasta hoy, su asesinato sigue en la impunidad”, menciona.
El comunicado está firmado por el obispo José Raúl Vera López, María Magdalena López, Ernesto Rodríguez, Ericka Zamora y Efrén Cortés.
“Las ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes, la situación de los heridos y de los desaparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad. Los hechos evidencian, de parte de la Policía Municipal, un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes”, expone.
Las organizaciones solicitan al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al procurador Jesús Murillo Karam y al gobernador Ángel Aguirre, entre otras autoridades, la presentación con vida de los 57 normalistas desaparecidos.
Asimismo, exige procesar y sancionar a los policías municipales responsables y a las autoridades responsables de consentir la violación a los derechos humanos.
Por su parte, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) manifestó su “más enérgico rechazo” a los ataques de sicarios y policías del viernes que calificó de “barbarie de delincuentes que portan uniformes de policías municipales”.
En el comunicado firmado por el secretario de dicha organización, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, demanda al gobierno del estado que actúe, “ya no puede seguir cerrando los ojos ni encubrir a un presidente municipal coludido con los narcotraficantes que operan en esa Ciudad”, porque acusa que el alcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda representan “a una banda de la delincuencia organizada”.
Enfatizan en el texto que para la OPIM “es claro” que el alcalde de Iguala ejecutó al dirigente de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y que sabía de los ataques a los normalistas en “tiempo real, pero ahora resulta que su comandante le dio información a cuentagotas; esto es una estrategia para responsabilizar totalmente a estos policías y tratar de salir librado”.
Señala que la descomposición de los mandos policiacos y del Ejército es evidente, sólo así se explica la existencia palpable y cotidiana de la delincuencia organizada en los mismos espacios y de manera simultanea.
La OPIM calificó de “suma gravedad” para la gobernabilidad del Estado que el PRD siga sosteniendo al alcalde de Iguala “con el único afán de aparentar que dicho partido político es una opción para las aspiraciones populares, sus cálculos se reducen a las próximas elecciones del 2015 y los acuerdos cupulares entre las tribus, donde no escapa el gobernador, es mantener a este presidente para llegar fortalecidos a las elecciones”.

Marchan productores de la Costa Grande en Coyuca de Benítez

Integrantes la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) marcharon en Coyuca de Benítez en apoyo a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y exigieron que se esclarezca el asesinato de los tres normalistas, un niño jugador de fútbol, una mujer y un chofer del autobús del equipo de Los Avispones de Chilpancingo.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres con niños, marcharon de la entrada al centro de Coyuca de Benítez por la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. En pancartas exigieron la renuncia del alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, a quien señalaron como responsable de lo ocurrido en esa ciudad.
En las consignas exigieron la presentación con vida de los 57 normalistas desaparecidos. (Karla Galarce).