Pierde credibilidad el examen de oposición

Moisés Alcaraz Jiménez

El examen de oposición que ahora la Secretaría de Educación del estado aplica a los egresados de las normales públicas es el mejor procedimiento para hacer justicia a los estudiantes más destacados y para favorecer una educación de mejor calidad. No hay otra forma más imparcial y equitativa que ésta. La condición es que todo ese proceso sea limpio y transparente.

A través de este procedimiento debería ser la excelencia académica la única vía para acceder al magisterio, dejando atrás todo tipo de irregularidades y corruptelas que lesionan la educación y dañan la imagen del sector.

Con ello se contribuiría también a poner fin a los conflictos que año con año se generan por este motivo y la asignación de plazas sería más justa.

Sin embargo, hace falta poner en una esfera de cristal esa nueva práctica que hasta ahora no ha estado exenta de dudas y ha despertado sospechas precisamente porque no se ha clarificado como se requiere; al contrario, la sociedad interesada en este caso empieza a percibir que este procedimiento prontamente entra a una fase de degradación, lo cual daría al traste con un proyecto que apenas inicia y que había generado buenas expectativas.

Se habló de una comisión evaluadora integrada por el Congreso del Estado y la Dirección General de Normatividad de la SEP, entre otras áreas locales y federales; no obstante, el trabajo de esta comisión no se ha visto o al menos no se ha hecho del conocimiento público.

Por ello el problema de los normalistas demandantes de plazas no sólo se encuentra con pocas posibilidades de solución, sino que se agrava al paso de los días, sin que las autoridades del ramo atinen a tomar medidas verdaderamente eficaces que encaucen el conflicto por la vía institucional y de la legalidad.

El examen de oposición aplicado y la segunda parte próxima a realizarse, cada día caen en un peligroso descrédito y tal pareciera que los egresados ganan la batalla y ante la opinión pública logran descalificar ese examen al que empiezan a posicionar como turbulento y corrupto.

Las respuestas de la SEG a las duras críticas de los normalistas, en el sentido de que se trata de un proceso fraudulento, han sido muy tibias, de escasa efectividad y poco convincentes, a pesar de que se creó la comisión antes mencionada que debería ser el principal argumento para mostrar la limpieza del examen de oposición.

Las autoridades educativas no han actuado con el acierto que deberían tener, sus respuestas a favor de la limpieza del examen y sus bondades comienzan a perder fuerza entre la población. A ese paso la SEG podría terminar por retroceder y nuevamente perdería la oportunidad de sanear una parte del sector educativo tradicionalmente sucio. No debería haber marcha atrás en tan complejo asunto, porque se volvería a las viejas prácticas que no deben tolerarse más.

Para evitar el retroceso y ganar la credibilidad que esta nueva práctica necesita, este procedimiento debe estar abierto al escrutinio público y sujeto a cualquier tipo de evaluación.

La imparcialidad, la objetividad y la transparencia con que se efectúe es la mejor garantía de que se estaría en el camino correcto para lograr una asignación de estos espacios de trabajo lo más apegado a la legalidad, a la equidad y como un acto de justicia a quienes más se han esforzado en su preparación como docentes.

Las autoridades del ramo deben conducirse con limpieza y alejarse de todo tipo de turbiedades que pongan en riesgo la confiabilidad de este nuevo procedimiento. De eso depende el grado de aceptación que éste pueda tener y el orden que se pueda introducir en un sector donde los conflictos permanentes agravan aun más los bajos niveles de enseñanza y aprovechamiento que ahora tenemos.