Critica la perredista Villaseñor los gastos de publicidad de René Juárez

En la tribuna, plantea que el Legislativo pida poner fin a ese dispendio. El Congreso del Estado no está para lanzar presunciones delicadas que afectan imagen de una institución, responde el priísta Raúl Salgado

La publicidad en medios de comunicación del gobierno del estado por el Quinto Informe de Gobierno Caminando con paso firme “es un engaño para la gente”, afirmó ayer en la tribuna del Congreso del Estado la diputada del PRD Yolanda Villaseñor Landa, y propuso que el Poder Legislativo exija al gobernador René Juárez Cisneros “que ponga fin a sus excesos publicitarios y a sus gastos de publicidad”.

Villaseñor ironizó que el gobernador  haya puesto fin “a la tradicional forma de presentar el informe de gobierno, con el argumento de que era un acto de racionalidad para evitarle gastos mayores al erario público, haciendo la simple entrega al Poder Legislativo”.

“En cambio, año tras año la suspensión del informe se ha ido convirtiendo en una costosa campaña publicitaria, que a la postre ha venido resultando mucho más cara al erario público”, criticó.

En Acapulco también tienen programas de publicidad: Joel Eugenio

Para responderle subió a la tribuna el diputado del PRI Joel Eugenio Flores, quien le reviró a Villaseñor que la campaña de difusión y logros la realiza cualquier administración, federal, estatal o municipal, para difundir “presencia y trabajo”.

“A poco el programa Tus impuestos trabajando por Acapulco y  Para seguir avanzando ¿tiene un propósito diferente?”, cuestionó el diputado priísta.

Agregó que la publicidad en radio, televisión y en medios impresos del gobierno de Acapulco tiene el mismo fin y objetivo: informar a la población.

Enfatizó que “a lo mejor para Yolanda Villaseñor probablemente la inquietud es el proceso electoral de gobernador, pero la ley es clara en la Constitución local y en el Código Electoral que establecen que 30 días antes de la elección, las autoridades suspenderán las campañas publicitarias en medios impresos, digitales, radio y televisión, cuando no sea necesario y de utilidad pública inmediata”.

Y culmino Joel Eugenio con un sarcasmo: “El deseo de la diputada Yolanda Villaseñor que en la elección de gobernador en febrero gane su partido es legítimo pero hay ciudadanos que no tienen partido y es precisamente esa ciudadanía quien será la que decida a qué gobierno quiere y quien sea su próximo gobernador y con ello decida todo, todo por el bien de Guerrero”.

Yolanda Villaseñor regresó a la tribuna para alusiones, para decir que le asiste el                                   derecho a la denuncia e insistió en el derecho a informarse de la ciudadanía, pero que en el caso del Poder Legislativo no se hace.

El gobernador debe rendir informe ante el pleno, no publicitarlo

Villaseñor consideró que el Ejecutivo estatal está utilizando millones de pesos para promocionar obras del 2003 y ya es el 2004 y propuso que “ese dinero debió darse al Congreso del Estado para fundar un canal de televisión para dar a conocer los decretos y leyes que se aprueban.

Enfatizó que el gobernador “se ha presentado como un demócrata de avanzada, responsable, que impulsa la pluralidad y la respeta, además que impulsa la democracia, luego entonces debiera ser congruente y presentarse a esta tribuna a rendir su informe, y no madrugar a entregarlo a la Comisión de Gobierno y publicitar sus obras ignorando a los diputados”.

Del PRI, Raúl Salgado Leyva subió a tribuna para reclamar que “tal parece que se disfruta cuando la política encierra acusaciones serias y tal parece que el sentido de compromiso legislativo se soslaya con mucha irresponsabilidad”.

Añadió que “se habla aquí de irresponsabilidad e irracionalidad del gasto del gobierno del estado, pero se requiere dignificar la política y utilizar la tribuna con sentido de responsabilidad para no lanzar acusaciones que caen en desprestigio y falta de ética de quienes conformamos este Poder Legislativo”.

Aconsejó a Yolanda Villaseñor: “Si hay irracionalidad del gasto, que se recurra a órganos legislativos (Auditoría General del Estado), y si es exagerado el gasto, que el órgano técnico dé un informe y aprovecharlo cada diputado y tener una información clara y objetiva en gasto de comunicación social y si hay dudas y responsabilidad de comprobación, entonces se usa la tribuna para acusar, mientras eso no ocurra son suposiciones y el Congreso del Estado no está para lanzar presunciones delicadas que afectan imagen de institución”.

Raúl Salgado reprochó a la perredista: “Tampoco es válido que públicamente le digamos a la sociedad que aquí está un Congreso que no se conduce con verdad, oculta información, que no rinde cuentas, somos un equipo de legisladores que tenemos un fin común y un propósito que identifica, pero no debemos permitir que la sociedad tenga una imagen negativa de los diputados. Estamos para hacer política y la deterioramos, es una situación antiética y de escasos principios”.

Se aprueba la integración de Comisión Especial para vigilar recursos públicos en proceso electoral

En otros asuntos del orden del día, el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo, presentó en tribuna el punto de acuerdo para integrar la Comisión Especial para vigilar el uso de los recursos públicos en el proceso electoral para gobernador en febrero del 2005 y se aprobó por unanimidad y posteriormente le tomaron protesta a sus miembros.

El también coordinador de los diputados priístas, Juan José Castro, propuso como presidente de la Comisión Especial al diputado independiente Cuauhtémoc García Amor; como secretarios a Constantino García Cisneros del PRI, Ramiro Alonso de Jesús del PRD y David Tapia Bravo del PAN; como vocales, Felix Bautista Matías de Convergencia, Fredy García Guevara del PT y Marco Antonio de la Mora del PVEM.

También se aprobaron las cuentas públicas de los ayuntamientos de Iguala, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Heliodoro Castillo, Metlatónoc, Mochitlán, Teloloapan.

Y se dio primera lectura al dictamen de reformas a proyectos de Ley de Sistemas de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al dictamen de la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, de reformas al Código Penal del Estado de Guerrero, todos esos decretos en razón de aumentar de 50 a 75 años la penalización del secuestro y sanciones a las personas que negocien liberación de secuestrados con el pago de rescate.