Piden los diputados Jacobo y Reza cambio en las políticas de seguridad

 Debaten en el Congreso con motivo de los asesinatos en Tierra Colorada. El priísta Antonio Paz Ildefonso y el perredista René Lobato recriminan que se politice el crimen

 Hugo Pacheco León Chilpancingo  

A tres días de que en Tierra Colorada municipio de Juan R. Escudero tres hombres armados asesinaron a un ganadero, un trabajador y dos niños que laboraban en su rancho, ayer en el Congreso del Estado el diputado del PRD originario de ese lugar, José Jacobo Valle, exigió al gobierno del estado que investigue el crimen y castigue a los responsables, además exhortó al secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, y al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez a dejar de “regañar” a la gente que protesta contra la inseguridad y “mejor se pongan a trabajar” para combatir la criminalidad.

El tema llevado a tribuna como comentario por el perredista Jacobo Valle fue respaldado por Rómulo Reza Hurtado, quien exhortó al gobernador a que haga “una cuidadosa revisión del sistema de seguridad pública”.

En defensa de los funcionarios de gobierno intervinieron los diputados del PRI, Antonio Paz Ildefonso, y el perredista, René Lobato Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quienes recriminaron a los dos diputados del PRD por “politizar” el crimen.

José Jacobo Valle dijo en la tribuna del Congreso local que el crimen del conocido ganadero Víctor Pastrana Santaella y sus trabajadores, los niños Eliut Cruz Calixto y Félix Alberto Atrisco, ambos de 13 años de edad, y Saúl Pantaleón Morales, “duele y lastima” e “irritan los cobardes asesinatos”.

Culpó al sistema de seguridad pública en especial al Consejo Estatal de Seguridad que preside el gobernador René Juárez Cisneros y propuso reorientar y corregir las políticas en la materia “y dejarse de declaraciones y meras palabras”.

Exigió a las autoridades que se investigue y esclarezca el crimen.

Reza Hurtado criticó, sin dar nombres, que los agentes judiciales que dan servicio de seguridad a los funcionarios y diputados, se concentren en las comandancias judiciales.

Por el PRI, Antonio Paz Ildefonso lamentó el crimen en Tierra Colorada, pero justificó que el hecho no es “privativo” del estado de Guerrero y ocurre en todo el país.

Luego pidió a quienes reclaman seguridad pública “reflexionar de forma adecuada, no politizar (los crímenes que) por graves son lamenmtables”.

Luego matizó con un llamado a los gobiernos estatal y municipal a “involucrarse en la solución del cáncer social, unirnos como lo hizo la sociedad en la ciudad de México y en Acapulco en las marchas contra la inseguridad pública”.

Coincidió con Rómulo Reza en su llamado a “no permitir que agentes judiciales realicen tareas de protección a funcionarios de gobierno y diputados”, y tampoco dio nombres.

Enseguida el diputado del PRD, René Lobato Ramírez criticó que en la “cadena de delitos en Guerrero, se sorprenda de pronto con detenidos” y pidió reconocer de manera “autocrítica que en Guerreo en materia de seguridad pública estamos mal”.

Lamentó a modo de justificación que el gobierno federal no mida en Guerrero el problema de la inseguridad y no asigne los recursos suficientes para combatir el crimen, aunque resaltó que “el gobernador René Juárez Cisneros ha destinado 7 mil millones de pesos en la inversión en seguridad pública”.

Señaló que no comparte la idea del gobernador René Juárez Cisneros de que en Guerrero la violencia no está a la escala de estados del norte como Sinaloa y convocó a los diputados “a asumir la corresponsabilidad para resolver el problema que no es privativo del estado de Guerrero”.

Exhortó a la PGR y al Ejército mexicano a que “activen su responsabilidad y contundentemente frenar a la delincuencia”, pero recordó que esa tarea “implica a todos, no utilizar la denuncia en tribuna sino que deben coordinarse los tres niveles de gobierno, no sólo los ayuntamientos, por eso no comparto la declaración del subprocurador Antonio Nogueda Carvajal que la seguridad pública en Acapulco corresponde al ayuntamiento, porque es responsabilidad del gobierno del estado”.

Fustigó a sus compañeros perredistas: “debemos unirnos todos para condenar el asesinato del ganadero, los dos niños y el trabajador, pero estoy contra el mercadeo político, porque éste no es un asunto político”.

Regresó a tribuna el diputado Rómulo Reza para responderle a su compañero Lobato que la denuncia contra el crimen “no es politizar ni un mercadeo político, porque la política está en todos lados y en todos los temas, se puede hablar de política en materia seguridad pública, lo incorrecto es que las autoridades judiciales tomen decisiones políticas para asignar agentes judiciales para dar protección y seguridad a funcionarios y diputados”.