Contrató Terán constructoras inhabilitadas por Contraloría por 20 años, denuncian

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La administración del ex director del Instituto Estatal de Cancerología “Arturo Beltrán Ortega” (Iecan), Marco Antonio Terán Porcayo, contrató empresas constructoras que están inhabilitadas por la Contraloría hasta por un periodo de 20 años y dejó un adeudo de 20 millones de pesos en el área de construcción, por lo cual la Junta de Gobierno tuvo que aprobar la petición de 13 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado (Sefina) para el pago de gastos operativos.
El acta de acuerdos de la reunión del viernes pasado, firmada por los integrantes de la junta, da cuenta de que el residente de obra Juan Antonio Palma Barrios acusa a “la administración anterior” de haber contratado “empresas constructoras inhabilitadas por un periodo de 20 años”.
En ese sentido, el acuerdo número cinco detalla que “se autoriza con urgencia solicitar la asignación de un fiscal especial, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para el caso de daño patrimonial institucional, demostrado con hechos y números al Instituto, patrimonio del estado de Guerrero”.
La Secretaría de Salud estatal (Ssa), el Iecan y la Secretaría de Desarrollo Social local (Sedesol) tendrán que gestionar otro préstamo de 24 millones de pesos para pagar demandas de empresas constructoras, pues el Iecan está demandado por 20 millones de pesos por las empresas contratadas.
El acta de acuerdos está signada por el presidente de la junta y secretario de salud, Lázaro Mazón Alonso; el director del Iecan, Víctor Hugo Garzón Barrientos; el secretario técnico de la junta de gobierno, Fernando Mora Pacheco, en representación del secretario de Finanzas del estado, Jorge Salgado Leyva; la secretaria de administración y finanzas, Emma Torres; Patricia Moreno de Arredondo en representación de Laura del Rocío Herrera de Aguirre; María Teresa Rodríguez Hurtado en representación de la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio; y Salvio Herrera Lozano en representación de Carlos Sánchez Barrios, del Copladeg.
Además están las firmas de la encargada de la dirección de salud municipal de Acapulco, Jessica Escalante Puig, en representación de la alcaldesa Verónica Escobar Romo, y de Trinidad Zamacona López en representación del contralor Julio César Hernández Martínez en su calidad de invitado especial.
El pasado lunes 22 se publicó en estas páginas que dicha junta acordó iniciar acción legal en contra de Terán Porcayo por un presunto desvío de 200 millones de pesos; lo anterior sustentado en una fuente que pidió el anonimato pero entregó al reportero una copia del orden del día aprobado, y después se le relató lo que sucedió en cada punto.
Ayer se tuvo acceso al acta de acuerdos y ésta menciona un daño al organismo por 20 millones de pesos, por las demandas de las empresas constructoras.
En el acta se relata que el director Víctor Hugo Garzón denunció “la sustracción de documentación oficial de este instituto”.
A continuación dice que “participó el dr. Lázaro Mazón Alonso, mencionando que debe actuarse conforme a la ley. Por parte de la contraloría hace su intervención el Lic. Trinidad Zamacona López, quien manifestó que debe actuarse en consecuencia de manera penal haciendo uso de los videos y las pruebas para proceder inmediatamente con nombres y apellidos en contra de los responsables”.
Zamacona, representante del contralor, también propuso que “se lleve a cabo una reunión con la nueva procuradora (Martha Elba Garzón Bernal) a efecto de que se analice y en su caso se asigne a este caso, personal especializado”.
“Acto seguido Víctor Hugo Garzón Barrientos hizo la propuesta de que al proceder con las demandas jurídicas, sea aprobada en este acto los honorarios de los asesores jurídicos, explicando que los abogados anteriores incumplieron observando una conducta poco profesional, detallando que debido a esto causaron un daño patrimonial considerable a este instituto”, se lee en el documento.
Para ejercer dicha acción legal, se acordó por unanimidad la “ratificación de la contratación de los abogados del despacho jurídico Olea y Olea Asociados”, que representa Xavier Olea Peláez, “para que continúen con la defensa legal del Instituto Estatal de Cancerología”.
También se acordó, a propuesta del director, cancelar los pagarés de pacientes que no han podido solventar su deuda, lo cual fue aprobado por unanimidad. Estos pagarés sumaban 489 mil 244.57 pesos.
En cuanto a la construcción del nuevo edificio, el residente Juan Antonio Palma Barrios informó a la junta que “existen serios problemas y anomalías con empresas constructoras por inexistencia de documentación oficial, en su caso son sólo fotocopias, estimaciones falsas, asignación de obra sin licitación, esto es asignación directa, demolición de muros, pisos, no existen contratos ni proyectos técnicos, etc.”.
“Terminando con su exposición el residente de obra con el tema de adeudo que enfrenta el Instituto respecto de la sentencia en contra emitida por un juez por el monto aproximado de 20 millones de pesos”, dice el documento.
“Después de hacer un análisis minucioso de este tema”, se llegó al acuerdo de que este instituto, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social “gestionarán 24 millones de pesos que serán utilizados para el pago de las diferentes demandas”.
El documento también da cuenta de la compra irregular “y fraccionada” y la “inexistencia de soportes de compra” de medicamentos controlados, por lo que acusa de violación al reglamento de compra de medicinas, papelería y reactivos, cuando todavía está el proceso de actualización del inventario físico.
Para sortear esta irregularidad el consejo votó de manera unánime por  que “se otorguen seis meses para que las adquisiciones sigan bajo el mismo formato que hasta ahora a partir de la fecha, dando tiempo para que en ese término se pueda licitar públicamente”.